Presentó Morena Iniciativa de Ley de Austeridad que No Toca los Sueldos de los Altos Funcionarios

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 12 de diciembre.- La bancada de Morena en la XVII Legislatura de Quintana Roo presentó una iniciativa de Ley de Austeridad para el Estado, en el que de manera inconstitucional pretende que los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos se sometan a los lineamientos que dicte la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Poder Ejecutivo y, además, no toca en ningún momento las remuneraciones de los altos funcionarios públicos.

La iniciativa presentada de esta manera “mocha” y legalmente endeble se encuentra ya en el análisis de las comisiones del Congreso del Estado, puesto que se supone que se pretende aprobar al mismo tiempo que el Paquete Fiscal para el ejercicio fiscal 2023, a más tardar esta semana.

En su propuesta, los diputados morenistas coordinados por Humberto Aldana Navarro establecen que serán sujetos obligados a cumplirla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios, los organismos autónomos y todos los entes de la administración pública de Quintana Roo que reciban o administren recursos públicos.

Sin embargo, sólo los municipios podrán dictar de manera independiente sus lineamientos de austeridad en el gasto, porque a los poderes Judicial y Legislativo y a los organismos autónomos los obliga a someterse a los lineamientos que emita la Sefiplan, en violación a la autonomía constitucional de ellos, ya que sólo la secretaría y las dependencias equivalentes de los ayuntamientos quedan facultados para emitir las reglas en la materia.

Contradictoriamente a esta medida anticonstitucional, así como a su propósito y al sentido de otras leyes semejantes en las entidades federativas y en la Federación, la propuesta de Morena no regula ni pone límites a las remuneraciones de los funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial ni los órganos autónomos.

La omisión de la regulación de remuneraciones de los funcionarios públicos es completa, a pesar de que existe un principio de tope ya establecido en la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 165 fracción II establece que: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente”. Sin embargo, la disposición se ha tomado como dispuesta sólo para las entidades públicas del Poder Ejecutivo, y por tal motivo con total descaro los magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial se duplicaron en el 2020, en plena pandemia del Covid-19, a sueldos que van de 211 mil a 265 mil pesos mensuales, y que no sólo son superiores a la remuneración del titular del Ejecutivo del estado, sino también están por encima de la percepción del Presidente de la República.

Tanto sienten en los órganos públicos que no tienen límites para sus remuneraciones, que los magistrados del flamante Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) presentaron al Congreso del Estado donde piden subirse el sueldo en el 2023 de 114 mil y 153 mil pesos, que ganan actualmente, a los 213 mil y 265 mil pesos que ganan los magistrados numerario y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Y pese a que el discurso político de Morena es el de que no haya “gobierno rico con pueblo pobre” ni sueldos onerosos en la alta burocracia, los diputados locales guindas decidieron ignorar por completo esta regulación en su iniciativa.

La propuesta de Ley de Austeridad de Morena se dedica a intentar “rascar” recursos del gasto operativo de las entidades públicas, como: restricción al mínimo la contratación de bienes muebles e inmuebles en arrendamiento; reducir el mínimo la papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo, telefonía, combustible y utensilios en general; y la prohibición de comprar uniformes al personal administrativo.

Le pone también un límite al costo de los vehículos que se pueden adquirir, pero con un tope de 9 mil UMA, lo que equivale actualmente a 865 mil 980 pesos.

También prohíbe a los funcionarios públicos utilizar aeronaves oficiales o de alquiler para su traslado, pues por ley deberán utilizar aeronaves comerciales, además de que no podrán viajar en primera clase, sino en la más económica.

Pero para la persona titular del Ejecutivo si se permite que cuente con “un inventario básico de aeronaves oficiales para la realización de sus actividades esenciales”.

También prohíbe la asignación de chofer para los funcionarios de los niveles de subsecretario o directores de área; y tampoco se permitirá la contratación de servicios médicos privados ni de gastos médicos mayores para mandos medios y superiores, sino que tendrán que acudir el mismo servicio médico general de los demás servidores públicos.

Estas son a grandes rasgos las medidas que contiene la Ley de Austeridad, que de ser aprobada como se presentó será una norma muy escueta, de apenas 44 artículos, que no establecerá reglas ni topes para las remuneraciones de los altos funcionarios en Quintana Roo.

franciscohcambio22@gmail.com

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