La Presencia del Cartel de Caborca y sus Inegables Nexos con la Administración Joaquinista
1 Dic. 2022
Renán Castro Madera/CAMBIO 22
En febrero del 2018, agentes de la DEA asignados a la península de Yucatán, habían confirmado los nexos del asesor del entonces gobernador Carlos Joaquín González, Nahum Fuentes Rivera, con el crimen organizado.
Trabajos coordinados de investigación entre un grupo de inteligencia de la SEDENA y la agencia antidrogas estadounidense, recopilaron pruebas contundentes sobre los nexos de altos funcionarios de gobierno e importantes líderes sociales del Sur de Quintana Roo, con miembros destacados del Cártel de Caborca que dirige la familia Caro Quintero y principales operadores del trasiego de drogas sudamericanas a través de aeronaves que aterrizan en pistas clandestinas ubicadas en la parte Centro y Sur de la entidad.

Hoy, Nahum Fuentes Rivera, está desaparecido forzadamente desde el pasado sábado 26 de noviembre; lo levantaron por un comando armado en la comunidad cañera de Álvaro Obregón Nuevo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.
Junto con él ex Funcionario joaquinista desapareció el actual director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Erick Adolfo Durán Gonzalez.
Se especula que se pudiera tratar de un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado y que su ex aliada doña Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety” y/o “La 40” pudiera estar detrás de su secuestro.

Aunque otras versiones aseguran que su desaparición pudiera tratarse de la detención por parte de un cuerpo de seguridad en seguimiento a las investigaciones que llevan a cabo cuerpos de inteligencia tanto de Estados Unidos como de México para lograr la detención de José Gil Caro Quintero, “El Chino” líder del cártel de Caborca.
Las andanzas de Nahum Fuentes Rivera, fueron docomentadas desde el inicio del sexenio de Carlos Joaquín González, cuando de manera sorpresiva y sin pertenecer a ningún cuerpo policiaco, asistió en algún lugar de Virginia en los Estados Unidos a un curso que el FBI otorgó a funcionarios de la entonces entrante administración estatal.
Fotos publicadas en ese entonces dieron cuenta de su participación en tan importante curso y en la gráficas publicadas en redes sociales portaban una vestimenta de uniformes tácticos similares a los que se usan en prácticas de cuerpos de seguridad estadounidenses, pese a que desde en campaña proselitista, ya representaba los intereses del cártel de Caborca en el gobierno entrante.

Impunidad y simulación fue el sinónimo que caracterizó a la administración joaquinista, tras provocar la desaparición forzada de más tres mil personas en Quintana Roo y cerca de 10 mil homicidios dolosos durante la gestión administrativa de Carlos Joaquín González.
La predominante protección a los grandes grupos criminales significó millonarias ganancias a más de un funcionario estatal del sexenio pasado, aunque para ello el alto costo que padeció la sociedad quintanarroense promediando anualmente más de 19 mil delitos de alto impacto según resume el Secretariado Nacional de Seguridad.
Y Nahum Fuentes Rivera fue la muestra clara de los presuntos nexos de más de un funcionario joaquinista con el crimen organizado.

Al entrar la administración joaquinista en la recta final de su gestión, el poder y su cercanía con la 4T les propiciaban un poderoso blindaje de impunidad, pese a que la llegada de toneladas de droga a la zona Sur, incrementaba el derramamiento de sangre en las principales ciudades quintanarroenses.
El alto costo en vidas y económicamente jamás se había padecido en nuestra entidad, pese al proteccionismo y las palabras de amistad que le ha brindado el Presidente de la República para liberarlo de cualquier responsabilidad ante el desastre que heredó a la nueva administración.
Y la llegada de aviones cargados de drogas y el arribo de alijos al litoral quintanarroense, convirtieron a la entidad en una zona de guerra entre las grandes organizaciones criminales ante las facilidades que les brindaron desde la Policía Quintana Roo que dirigió Jesús Alberto Capella Ibarra.

Un aparato protector implementado por las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, propiciaron que el poderoso cartel de Caborca, mantuviera el control del arribo de aeronaves en dónde se incluían las pistas de los aeropuertos de Chetumal, Cozumel, y las pistas artesanales de Tulum, Majahual y Pulticub. Y en esas operaciones Fuentes Rivera fue pieza clave y estratégica para desarrollarlas.
Los negocios para un gran sector del aparato gubernamental tomaron brotes de escándalo y a la par la figura de Nahum Fuentes cobraba mayor relevancia pues se revelaban sus nexos con el crimen organizado al señalarlo de fungir como el operador principal para asignar terrenos en dónde se implementaban pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves con cargamentos de droga sudamérica.
Y todo ello con la venía del gobierno del estado en turno y contando con la protección de elementos adscritos a la Policía Quintana Roo y Policía Ministerial de Investigación.

Gracias a ese manto de protección oficial llegaron a bajar hasta una avioneta diaria en varios puntos de la Riviera del Río Hondo, principalmente en terrenos cañeros de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco.
El grado de impunidad llegó a su máxima expresión cuando sin recato alguno y en presencia de cuerpos de seguridad aterrizaron el cinco de julio del 2020, en el tramo carretero Polyuc-José María Morelos el jet Hawker 700, que venía cargado con más de una tonelada de droga.
Lo aterrizaron en esa importante vía que comunica los estados de Yucatán y Quintana Roo, tras el cierre y blindaje que llevaron a cabo por parte de la Sedena en los aeropuertos de Chetumal y Cozumel, mismo que los obligó a tomar esa drástica medida.

Cargaron con la droga que transportaban y el único cuerpo de seguridad que los enfrentó fueron soldados destacamentados en la 34 Zona Militar con base en la ciudad de Chetumal.
Sin embargo y pese al sellamiento militar en la zona centro y Sur de la entidad, el cártel de Caborca apoyado por autoridades de Quintana Roo y algunas beliceña trasladaron sus aterrizajes a la zona colindante de ese país vecino con la rivera del Río Hondo.

La administración joaquinista entraba a la recta final de su gestión, el poder y su cercanía con la 4T les propiciaban un poderoso blindaje de impunidad, pese a que la llegada de toneladas de droga a la zona Sur, incrementaba el derramamiento de sangre en las principales ciudades quintanarroenses.
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