Comunidades Mayas Piden a Mara Lezama No Intervenir en Litigio Contra Grupo Xcaret

Redacción / CAMBIO 22

Representantes de comunidades Maya Cruzo’ob solicitaron públicamente a la gobernadora de Mara Lezama Espinosa abstenerse de intervenir en el litigio que mantienen contra Grupo Xcaret, actualmente en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionado con el presunto uso indebido de patrimonio cultural indígena con fines comerciales.

El pronunciamiento se realizó en la comunidad de Tixcacal Guardia, donde representantes tradicionales señalaron que la controversia jurídica se encuentra en una fase de incertidumbre luego de que el expediente fuera enviado a lista en la SCJN, situación que implica que el asunto permanece sin fecha definida para su resolución.

El origen del conflicto se remonta a sanciones emitidas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), derivadas de una denuncia por la utilización de elementos rituales, símbolos e iconografía de la cultura maya en espectáculos y productos turísticos sin autorización de las comunidades. Dichas sanciones fueron posteriormente impugnadas por la empresa mediante recursos legales que mantienen el caso en disputa.

De acuerdo con los representantes comunitarios, el retraso en la resolución judicial podría favorecer intereses empresariales en detrimento de los pueblos originarios, quienes —afirmaron— históricamente han enfrentado desventajas en la defensa de su patrimonio cultural. En ese contexto, también manifestaron preocupación por una supuesta cercanía política entre autoridades estatales y el grupo turístico.

Por su parte, Grupo Xcaret ha sostenido públicamente en distintas ocasiones que sus espectáculos y actividades buscan promover y difundir la riqueza cultural de México, incluyendo tradiciones mayas, mediante proyectos turísticos que —según la empresa— se desarrollan con respeto a las comunidades y con la participación de portadores de cultura en distintos programas culturales.

El caso ha adquirido relevancia por el impacto económico y cultural que implica para el estado de Quintana Roo, donde el turismo representa uno de los principales motores económicos. Mientras las comunidades mayas anuncian que buscarán establecer diálogo directo con ministros de la SCJN para defender sus derechos culturales, el proceso judicial continúa sin una fecha definida para su resolución.

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