Suprema Corte Perfila Retirar Protección a Xcaret en Litigio por Uso Comercial de Cultura Maya

• Proyecto Propone Revocar Suspensión Que Permitía A La Empresa Mantener Operaciones Cuestionadas Mientras Avanza El Juicio

• Caso Escala A Debate Constitucional Sobre Derechos De Pueblos Originarios Y Explotación Turística De Identidad Maya

Gabriel Hernández / CAMBIO 22

El litigio que enfrenta a Grupo Xcaret con el debate de fondo sobre el uso comercial de símbolos, expresiones y referencias culturales mayas volvió a colocarse en el centro de la discusión nacional, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuviera en análisis un recurso clave que podría modificar el blindaje legal con el que la empresa ha operado mientras se resuelve el conflicto de fondo.

De acuerdo con el listado oficial del máximo tribunal, el asunto quedó nuevamente programado para sesión pública del 18 de marzo de 2026, después de que su discusión prevista para el 12 de marzo fuera pospuesta.

Lo relevante del caso no es menor. El proyecto público elaborado en la revisión en incidente de suspensión 4/2025, a cargo de la ministra María Estela Ríos González, plantea declarar fundado el recurso, revocar la resolución interlocutoria del 27 de febrero de 2025 y negar la suspensión definitiva que había favorecido a la parte quejosa. En términos prácticos, el documento apunta a retirarle a Xcaret la protección cautelar que le permitía mantener, entre otras cosas, la operación de sus páginas y la continuidad de actos cuestionados mientras avanzaba el juicio.

El expediente tiene origen en una queja presentada desde junio de 2022 por personas que se ostentaron como integrantes del pueblo maya ante Indautor, inconformes por el uso de elementos culturales en espacios turísticos, publicidad y plataformas vinculadas al corporativo.

Más tarde, la propia Corte decidió atraer el caso, en una señal de que el asunto rebasa un diferendo entre particulares y toca una discusión mayor: los límites legales entre promoción turística, explotación comercial y protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios.

En medio de esa presión judicial, Grupo Xcaret fijó postura y reiteró que esperará la resolución definitiva, asegurando que actuará “en el marco de la legalidad” y que, en su caso, hará los ajustes necesarios para mantener sus operaciones alineadas con los criterios legales que finalmente se determinen. La empresa también sostuvo que ha buscado ser propositiva dentro del marco normativo vigente y que mantiene una relación de respeto, diálogo y colaboración con el Gran Consejo Maya, con el que, según expuso, alcanzó en su momento un acuerdo conciliador.

Con ese posicionamiento, el grupo turístico intenta enviar un mensaje de contención: no confrontar abiertamente a la Corte, sostener que ha privilegiado el entendimiento con comunidades mayas y proyectar que cualquier cambio operativo se asumiría sin romper públicamente con el proceso legal. Sin embargo, el fondo del caso sigue siendo incómodo para una de las marcas turísticas más poderosas del Caribe mexicano, la discusión ya no gira solo en torno a imagen corporativa, sino al derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el uso, representación y aprovechamiento económico de sus símbolos culturales.

Más allá del discurso institucional de Xcaret sobre preservación y colaboración cultural, el expediente exhibe una tensión cada vez más visible en Quintana Roo y en el país, durante años, la cultura maya ha sido utilizada como activo narrativo, visual y comercial para vender experiencias turísticas de alto valor, mientras las comunidades originarias siguen reclamando no solo respeto simbólico, sino reconocimiento jurídico y participación real en decisiones que involucran su patrimonio.

Al cierre, lo oficialmente visible en documentos de la Corte es que el proyecto propone quitar la suspensión que beneficiaba a Xcaret y que el tema fue reprogramado para su discusión en el Pleno, lo que falta por definirse es si ese criterio se confirma en votación y qué alcance concreto tendrá para las operaciones y la publicidad del grupo turístico.

En cualquier escenario, el uso empresarial de la identidad maya dejó de ser solo un recurso de mercado y pasó a convertirse en un asunto de escrutinio constitucional.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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