Escándalo de Fraude en Aeropuerto de Chiapas Exhibe de Nuevo al Grupo Tabasco de la Familia López Hernández
4 Mar. 2026
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El capitán José Luis Lima Padilla, director de Volar Chiapas, denunció formalmente a Antonio Noguera Zurita, director del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, por presunto abuso de autoridad, discriminación y la proposición de un fraude federal consistente en simular vuelos comerciales con aeronaves privadas para transportar funcionarios; estas acusaciones exponen nuevamente el entramado de poder del “Grupo Tabasco”, una red de influencia consolidada durante el sexenio de Rutilio Escandón bajo el amparo de la familia López Hernández que ha sido señalada por opacidad en contratos, obras de mala calidad y maltrato laboral
Redacción/ CAMBIO22
El Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (AIAAC), puerta de entrada estratégica al estado de Chiapas, se encuentra hoy en medio de una tormenta legal y política. La denuncia interpuesta por el capitán José Luis Lima Padilla, director de Volar Chiapas, ha destapado no solo presuntos delitos de orden federal, sino el modus operandi de una administración que, bajo el mando de Antonio Noguera Zurita, ha sido señalada por años como el centro de operaciones del llamado “Grupo Tabasco”.
LAS ACUSACIONES RECIENTES: PROPOSICIÓN DE FRAUDE FEDERAL Y ABUSO DE PODER
La denuncia presentada por el capitán Lima Padilla es contundente y pone en riesgo la concesión federal del aeropuerto. El testimonio describe un ambiente de extorsión institucional y simulación de actos jurídicos que atentan contra la seguridad aérea.

EL CÍRCULO DE PODER DE ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ
Durante el sexenio pasado, la influencia de la hoy fallecida Rosalinda López Hernández (esposa de Escandón y hermana de Adán Augusto López) fue el motor que empoderó al “Grupo Tabasco”. Noguera Zurita formó parte de un triunvirato de funcionarios que controlaron las áreas más lucrativas del estado:
Pepe Cruz: Exsecretario de Salud (actual Senador).
Ángel Torres Culebro: Exsecretario de Infraestructura (actual Alcalde de Tuxtla).
Antonio Noguera Zurita: Director del Aeropuerto.
Este grupo fue señalado por figuras políticas y diversos analistas por concentrar contratos de obra pública, inflar costos de servicios y establecer una red de favores políticos que dejó a Chiapas en una crisis de seguridad, mientras ellos consolidaban su red de poder.

GESTIÓN PLAGADA DE IRREGULARIDADES Y “ELEFANTES BLANCOS”
Los antecedentes operativos de Noguera al frente de la Sociedad Operadora del Aeropuerto son desalentadores. Su administración se ha caracterizado por el servilismo político y la ineficiencia técnica.
LA TERMINAL DE CARGA: UN PROYECTO FANTASMA
Uno de los mayores cuestionamientos es la Terminal de Carga, inaugurada con grandes promesas de exportación para productores chiapanecos. Sin embargo, registros operativos indican que la terminal funciona a una capacidad mínima o nula para el sector productivo local, funcionando más como una fachada de inversión que como una infraestructura funcional.
OBRAS DE MALA CALIDAD Y SOBRECOSTOS
Las ampliaciones recientes del aeropuerto, supervisadas por su aliado Ángel Torres Culebro, han presentado fallas estructurales y filtraciones masivas de agua con las primeras lluvias, lo que sugiere el uso de materiales de baja calidad y posibles desvíos de recursos en la ejecución de los contratos.
🚨🔴Denuncian al Dir. del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Antonio Noguera,por presuntamente proponer un fraude federal al Dir. de #VolarChiapas,José Luis Lima,así como por presunto abuso de autoridad,discriminación y cobros ilegalespic.twitter.com/YAoO5k2F2l
— LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) March 4, 2026
MALTRATO LABORAL Y PATANERÍA
Periodistas locales han documentado el carácter autoritario de Noguera. Se reportan despidos injustificados de personal con décadas de experiencia para colocar a recomendados. En casos extremos, se documentó que obligaba al personal de seguridad a realizar tareas de limpieza manual en calles externas sólo para satisfacer exigencias de imagen ante visitas oficiales de la alta cúpula del poder estatal.

EL ESCENARIO: ATRIBUCIONES DE LA FGR PARA INVESTIGAR
A diferencia de sus aliados Pepe Cruz y Ángel Torres, Antonio Noguera Zurita no cuenta con fuero constitucional. Esto lo convierte en el eslabón más procesable de la red que operó bajo la protección de la familia López Hernández. Al tratarse de un Aeropuerto Internacional bajo concesión federal, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene plenas facultades para intervenir bajo los siguientes supuestos:
Delitos contra la Prestación de Servicios Aeroportuarios: La FGR puede investigar la simulación de operaciones aéreas, ya que cualquier alteración en el uso de matrículas privadas para fines comerciales o gubernamentales bajo engaño constituye una violación a la Ley de Aviación Civil, que es de competencia federal.
Abuso de Autoridad y Cohecho: Al tratarse de una sociedad operadora que maneja recursos y concesiones federales, la proposición de un esquema de simulación de vuelos para funcionarios públicos encuadra en conductas que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR debe perseguir de oficio.
Violaciones a la Seguridad Nacional: El ingreso de personas armadas a zonas restringidas de un aeropuerto sin los debidos protocolos federales pone en riesgo la seguridad de la aviación civil. La FGR, en coordinación con la AFAC, tiene la atribución de inspeccionar y sancionar penalmente a los administradores que omitan o vulneren estos controles.
Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades: La investigación podría extenderse a los contratos de obra pública y adquisiciones del aeropuerto, buscando detectar si el “Grupo Tabasco” utilizó la terminal para el desvío de recursos mediante empresas fantasma o sobrecostos.
La denuncia del Capitán Lima Padilla ha escalado a un nivel donde el blindaje político del pasado ya no es suficiente. En el contexto de la “Nueva ERA” política de Chiapas, Noguera Zurita se presenta como un funcionario que choca con los principios de transparencia. Su caída representaría no solo justicia para los empresarios agraviados, sino el desmantelamiento final de los remanentes de un grupo que utilizó la infraestructura estratégica del estado para fines ajenos al interés público.
Fuente: EME-EQUIS
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