Reforma Electoral y el Poder Presidencial

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Será este miércoles cuatro de marzo cuando la oficina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envíe al Congreso de la Unión la iniciativa a la legislación electoral, uno de sus compromisos de campaña durante 2024, pero también un asunto que definirá el poder real que tiene, no solo frente sus aliados, sino con diferentes grupos de poder formal y de facto en el país, así como frente a Estados Unidos.

Durante su conferencia mañanera del martes 3 de marzo, la titular del Poder Ejecutivo Federal, como Poncio Pilatos, se lavó las manos, al decir que ella cumplirá su compromiso de campaña al enviar la iniciativa de reforma electoral al Poder Legislativo y ya serán los partidos políticos quienes decidan si la aprueban o no.

Después, corresponderá a M8RENA, como partido político, decidir si continúa con la alianza electoral con los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo para las elecciones del 2027, un asunto en el que ella ya no se mete.

A pesar que las negociaciones con el PVEM y el PT se realizaron en la oficina presidencial no fue posible conjuntar intereses entre la presidencia y sus aliados, porque la primera busca que la 4T se perpetúe en el poder y los segundos no están dispuestos a perder representación en el Congreso de la Unión, porque al final de cuentas, su único capital real que tienen para seguir avalando las reformas antidemocraticas de MORENA son las curules y los escaños que alcanzan con las listas plurinominales y la sobrerepresentacion con que los órganos electorales afines a MORENA los beneficiaron para alcanzar la mayoría calificada.

Ante una anunciada derrota legislativa, la presidenta aun tiene otros métodos para intentar conseguir la mayoría calificada, como hacer una nueva ronda para conseguir votos a favor, por la buena o por la mala, como lo hizo la 4T para conseguir los votos para la reforma judicial.

Esos votos que el PT y el Verde no le quieren dar en bloque, como fracciones parlamentarias, los podría conseguir con cañonazos millonarios o con judicializar carpetas de investigación que muchas de las legisladoras y legisladores tienen en su haber.

Esta estrategia va dirigida a todos los partidos políticos, lo que le importa en estos momentos a la presidenta es eliminar la representación proporcional en el Poder Legislativo Federal y en los estatales, a pesar que esos espacios legislativos le dieron oxígeno político y recursos públicos al movimiento político electoral que llevó a la presidencia tanto a ella como a Andrés Manuel López Obrador.

Los métodos cohersitivos para conseguir la mayoría calificada también van dirigidos a morenistas que no están de acuerdo con eliminar las plurinominales, porque de ellas han vivido toda su vida, por lo que están dispuestos a negociar con el PT y Verde para sacar una reforma negociada, sin incluir la columna vertebral de la iniciativa presidencial.

A la presidenta de México no se le olvida que cuando propuso que para las elecciones del 2027 se eliminará el nepotismo y la reelección desde su mismo partido le pusieron el pie y la obligaron a que aceptara que esa reforma entre en vigor, pero hasta el 2030, cuando ella termine su gestión.

El diputado federal Ricardo Monrreal Ávila ha dicho que lo más conveniente para el país es aprobar una reforma electoral consensuada con el PT y el Verde, porque de esta manera no se afectaría el proyecto político de la 4T.

Con el pragmatismo que caracteriza a Monrreal ya advirtió que para aprobar la reforma electoral solo se tiene hasta el 31 de mayo, tres meses antes que empiece el proceso electoral de 2027, previsto para el primero de septiembre próximo, de acuerdo a lo que establece la Constitución.

Sin embargo, hay presiones desde Estados Unidos, que han advertido el riesgo que representa para las relaciones bilaterales que MORENA se convierte en partido de Estado como lo hizo el PRI durante 80 años, lo hace el gobierno cubano y Venezuela, hasta el momento.

Desde el gobierno de Estados Unidos le han advertido a la clase gobernante en México que si aprueban la reforma electoral a más de uno o una serán llamados para que responda ante la justicia de aquel país, donde tienen asuntos pendientes.

En medio de esta controversia sobre el poder real de la presidenta de México, se encuentra como rehén el futuro político de Quintana Roo, porque la secesión quedó supeditada a si el PVEM acepta la reforma a cambio de tres gubernaturas, las de Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo.

El resultado de este proceso previo a la reforma electoral le afectará drásticamente a Quintana Roo, porque si la presidenta no acepta las condiciones del PVEM, de no eliminar las plurinominales y disminuir el presupuesto para los partidos políticos, la alianza de la 4T se romperá y con ello MORENA ya no estaría obligada a darle esas tres gubernaturas, por lo que el Verde competiría por su cuenta y riesgo con estructuras electorales que construyó con el recurso del gobierno federal y el de los estatales morenistas, como el de Quintana Roo.

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