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• Comerciantes denuncian al alcalde Nivardo Mena por impuestos excesivos y señalan al crimen organizado por cobrar “derecho de piso”

 

 

• Comunidad de Lázaro Cárdenas pide apoyo a la SSPC y al Gobierno federal para detener la escalada delictiva y proteger el turismo

 

• Comerciantes y cooperativas denuncian cobros bajo amenaza mientras la cifra negra de extorsión en Quintana Roo supera el 90%

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

En la isla de Holbox, enclave turístico de Quintana Roo perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, se mezclan dos flagelos, la extorsión oficial y el cobro de piso del crimen organizado. Comerciantes, artesanos, cooperativas turísticas y taxistas denuncian que el alcalde Nivardo Mena y su familia imponen impuestos “desproporcionados” mientras grupos criminales han hecho del “derecho de piso” un negocio diario.

Las quejas no solo circulan en las calles, si no también en redes y grupos de WhatsApp…

“No fue un cuento de hadas… están siendo afectados muchos con el cobro de derecho de piso; el crimen organizado se sigue apoderando de Holbox”, señalan los mensajes.

De acuerdo con testimonios, el gobierno municipal subió el impuesto predial sobre un 300%, y creó un pago de saneamiento por encima de la Unidad de Medida (UMA) sin entregar recibos y cobra hasta 500 000 pesos a los hoteles por permiso de construcción.

Además, los camiones que abastecen de víveres a la isla pagan cuotas extraordinarias para cruzar por el puerto.

Organizaciones locales calculan que estas contribuciones suman cerca de 400 millones de pesos al año que son manejados por el alcalde y su círculo cercano sin transparencia.

Holboxenses afirman que estas cargas tributarias llegan incluso a los pequeños vendedores de marquesitas o chicharrones y a las tienditas familiares.

Para ser más precisos, el municipio de Lázaro Cárdenas tiene un presupuesto aproximado de 468.8 MDP en total, pero Holbox se mantiene principalmente con los 48 a 55 MDP anuales que genera su propio impuesto de saneamiento, además de las participaciones federales.

Junto con los tributos municipales, la extorsión del crimen organizado se ha extendido, vecinos narran que hombres armados recorren la isla en motos o vehículos todoterreno Can Am, venden droga “como dulces en las esquinas” y amenazan a quien los confronte. En los últimos meses, según testimonios de afectados, estos grupos empezaron a desalojar a familias de sus hogares para quedarse con terrenos estratégicos y luego pasaron a exigir “derecho de piso” a restaurantes, bares, módulos de tours, taxistas, cooperativas de lancheros y artesanos. Los cobros incluyen amenazas contra las familias de los propietarios y ningún sector está exento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha reconocido públicamente que la extorsión es uno de los delitos que más afectan a la región norte de Quintana Roo.

Apenas el día de ayer, la FGE informó que, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), detuvo a cinco hombres en la zona continental de Isla Mujeres por presuntamente exigir “derecho de piso”.

Entre ellos se identificó a José Alfredo “N”, señalado como encargado de cobrar cuotas en la playa Costa Mujeres, apoyado por guardias y salvavidas de un hotel.

La detención se realizó tras la denuncia de la víctima, quien relató que en noviembre de 2025 José Alfredo se presentó en su establecimiento de servicios acuáticos para exigirle 350 dólares semanales a nombre de un grupo delictivo. Investigaciones de la FGE indican que la víctima llevaba pagando cuotas de extorsión desde agosto de 2023, pero dejó de hacerlo en abril de 2025 por detenciones previas; en noviembre fue “visitado” por el nuevo cobrador.

A los detenidos les aseguraron 450 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y bolsas con mariguana, la fiscalía puntualizó que los hombres y las evidencias quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Aunque el caso se refiere a la zona continental de Isla Mujeres, evidencia la forma en que las autoridades operan contra el “derecho de piso” y sirve de antecedente para Holbox.

La FGE ha exhortado a denunciar cualquier intento de extorsión; las investigaciones sugieren que muchos afectados prefieren guardar silencio por miedo a represalias.

Radiografía del “Impuesto Criminal”: El Desglose de la Extorsión en Holbox

Para dimensionar la magnitud del asedio que denuncian los comerciantes frente a la administración de Nivardo Mena, es necesario seguir la ruta del dinero.

El cálculo de la “nómina negra” que extrae el crimen organizado en Holbox este 2026 se basa en un cruce de datos entre el censo comercial de la isla y las cuotas tarifarias reportadas por las víctimas bajo anonimato. La investigación arroja que la isla genera una captación ilícita mensual de aproximadamente 16.5 millones de pesos ($970,000 USD), operando bajo una estructura de cobro jerarquizada que no deja fuera a ningún eslabón de la cadena turística.

La arquitectura de este despojo se divide en cuatro grandes rubros, los 110 centros de hospedaje (desde hoteles de gran turismo hasta hostales), que tributan forzadamente un promedio de 500 USD semanales; los 250 restaurantes y bares con una cuota de 350 USD; el sector de movilidad (que incluye a más de 400 unidades entre lancheros, cooperativas de tours y taxistas) con una tasa de 150 USD; y finalmente el comercio de subsistencia y ambulantaje (marquesiteros y artesanos), a quienes se les exige una “cuota de piso” de 50 USD. El resultado de esta aritmética delictiva es una inyección semanal de 242,500 dólares a las arcas del hampa, lo que anualmente representa una fuga de 198 millones de pesos de la economía local.

Este flujo de efectivo explica la sofisticación logística que los denunciantes señalan en manos de los grupos criminales, mientras el municipio aduce falta de recursos para servicios básicos, la delincuencia cuenta con liquidez inmediata para pagar por impunidad y mantener flotillas de vehículos Can-Am, motos y tecnología de vigilancia.

Lo más alarmante es que, al sumar estos 200 millones de pesos de extorsión criminal a los 400 millones que se denuncian como recaudación excesiva y opaca del ayuntamiento, la isla enfrenta una descapitalización total de 600 millones de pesos anuales, que por ningun lado se ve reflejada, más que para unos cuantos, incluyendo el crimen organizado.

Esta “doble tributación” ha convertido a Holbox en un experimento de supervivencia económica donde el empresario no solo debe costear un predial inflado en un 300%, sino también financiar bajo amenaza de muerte a la estructura que hoy tiene al paraíso en punto de quiebre provocando la venta o traspaso de negocios y muchos de sus hoteles.

Comunidades exigen apoyo federal

Las denuncias no se limitan a Holbox, Kantunilkín, Chiquilá, Solferino, San Ángel y el Kilómetro 80 poblaciones del mismo municipio de Lázaro Cárdenas se han sumado al reclamo. Aseguran que la extorsión y los cobros ilegales paralizan la economía regional y piden la intervención del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como de la gobernadora Mara Lezama y de la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitan que se ponga en marcha la Operación Enjambre, un despliegue interinstitucional orientado a desmantelar grupos criminales y a depurar cuerpos policiacos.

Los denunciantes advierten que, de no actuar, se corre el riesgo de “matar a la gallina de los huevos de oro”, porque Holbox, ícono del turismo internacional, se puede convertir en otra zona de riesgo como le ha pasado a otras entidades como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Bacalar entre otros. La isla ya enfrenta deficiencias en servicios de agua, luz y movilidad; el cobro de piso y la falta de seguridad podrían ahuyentar a visitantes y dejar sin sustento a cientos de familias que viven del turismo.

Aunque muchos usuarios de redes sociales etiquetan a las autoridades federales y estatales, los denunciantes insisten en que la responsabilidad primaria recae en el alcalde Nivardo Mena y en los cuerpos de seguridad municipales. Afirman que el “cobro de piso” prospera por omisión o complicidad de policías y funcionarios locales.

Por ello exigen que las investigaciones comiencen por la administración municipal y que la supervisión estatal y federal refuerce la vigilancia. También reclaman transparencia en la recaudación de los impuestos municipales y la revisión de tasas y cuotas que, aseguran, superan la ley.

El reclamo público ha insistido a que llegue a Palacio Nacional, las comunidades exigen una respuesta que combine acciones de inteligencia, presencia federal y auditoría financiera. Proponen la implementación de la Operación Enjambre en Lázaro Cárdenas y el establecimiento de un mando coordinado que desarticule a los grupos criminales, proteja a los denunciantes y revise las finanzas municipales.

Mientras tanto, los holboxeños seguirán levantando la voz, quieren que su isla vuelva a ser sinónimo de paz y belleza, y no de cobros ilegales y temor.

La supervivencia de su economía y el futuro de miles de familias dependen de que las autoridades tomen cartas en el asunto y devuelvan la seguridad a esta joya del Caribe mexicano.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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