🔊 Escuchar la nota

• La compradora afirma que transfirió la mayor parte del costo de la vivienda a cuentas personales ligadas a Ángel Santos Moisés y que nunca recibió evidencia de avance de obra

 

• El caso se suma a la carpeta ya abierta por la FGE por presunto fraude inmobiliario; víctimas hablan de entre 50 y 60 compradores sin casa, sin escrituras y con daños emocionales severos

 

• “Mi Casa Era Un Terreno Baldío”: Nueva Afectada Exhibe Depósitos Por más de 1.8 Millones de Pesos en “Las Acacias” Y Relata el Quiebre de su Familia

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

Mérida, Yucatán a 17 de Febrero.- El presunto fraude inmobiliario en el desarrollo “Las Acacias”, en la comisaría de Chi Chí Suárez, sumó un nuevo testimonio que pone rostro y cifras a lo que los afectados describen como un patrón, pagos anticipados, promesas de entrega y, al final, terrenos sin construcción.

En una entrevista difundida la tarde de este martes, una madre de familia narró que su proyecto de migrar a Mérida por seguridad terminó en una pérdida económica cercana a 1.8 millones de pesos, ruptura familiar y afectaciones psicológicas que, asegura, aún no logra procesar.

Este relato ocurre días después de que el Diario CAMBIO 22 documentara una primera denuncia por el mismo desarrollo, una compradora que pagó 539 mil pesos (25% del valor del inmueble) y que, pese a contratos y prórrogas notariales, también encontró el predio sin obra; en ese caso, la Fiscalía de Yucatán confirmó la apertura de la carpeta FGE/ORIENTE/UNADT-187/2025 (con NUAT 1798-2025-QE/DIS1), iniciada formalmente el 22 de enero de 2026, y se mencionó la existencia de testimonios de hasta 60 personas afectadas .

“Invertí para salir de la violencia… y caí en una pesadilla”

La nueva afectada relata que tomó la decisión de comprar en Mérida tras vivir en un estado que describe como inseguro y con violencia cotidiana. Su intención era adquirir una vivienda “lista para habitar” en un desarrollo que se le presentó como opción “segura” y “semiequipada”.

Según su testimonio, llegó al proyecto por recomendación y a través de una inmobiliaria identificada como mexstage-bienesraices, mediante el acompañamiento de un asesor al que señaló por nombre. En su narración aparece un elemento que, para las víctimas, resultó clave, el trato directo con el supuesto desarrollador Ángel Santos Moisés, quien dice ofrecía certeza, plazos rápidos y un discurso diseñado para despejar dudas.

En su testimonio, la afectada también señaló que durante el proceso le mencionaron que un supuesto primo del desarrollador trabajaba en una notaría lo que, asegura, generó mayor sensación de confianza además de identificar directamente a los brokers y vendedores involucrados en la operación, entre ellos el asesor Ricardo Espinoza, la representante Albania Curi, así como la participación de Fernanda Cáceres esposa de Ángel Santos, quien presuntamente firmaba documentos relacionados con el proyecto, e incluso el padre de Ángel, el sr. Padrón; asimismo, indicó que otra mujer afectada con quien posteriormente logró contacto vivió una situación similar tras entregar recursos para una vivienda que tampoco fue construida, lo que refuerza la versión de que no se trataría de un caso aislado, sino de un entramado bien tejido en el que distintas personas habrían intervenido en la promoción, intermediación y formalización de las operaciones hoy denunciadas.

• Los montos: 1.8 millones abonados y pagos fuera de un esquema empresarial

La afectada sostiene que la casa tenía un costo total cercano a 1.9 millones de pesos y que ella y su familia abonaron aproximadamente 1.8 millones.

En el relato, la operación financiera incluye dos elementos que, por sí mismos, elevan el nivel de riesgo:

1. Transferencias a una cuenta en México a nombre personal de Ángel Santos Moisés (menciona Banorte).

2. Depósitos adicionales a una cuenta en Texas, Estados Unidos, también vinculada según la víctima al mismo destinatario.

La entrevistada afirma que el primer gran pago se hizo antes de formalidades notariales y que el contrato fue firmado después, en oficinas del propio desarrollo.

En su caso, la modalidad era preventa, con el argumento de que un mayor porcentaje pagado “aceleraría” la construcción y priorizaría su vivienda.

Otro dato 👉 La línea de tiempo del colapso: Realizó un contrato en Agosto de 2023 y la entrega fue pactada para junio de 2024

De acuerdo con su versión:

• Agosto de 2023: realizó transferencias y firmó contrato.

• Fecha compromiso de entrega: 30 de junio de 2024 (la víctima lo reiteró en varias ocasiones ya que nunca lo recibió).

• Durante meses, asegura que no recibió evidencias de obra (fotos, videos o avances verificables), pese a solicitarlo al asesor.

• Julio de 2024: viajó a Mérida para encontrarse con su familia y “recibir” la casa.

• Al acudir al punto del predio asignado, encontró un terreno baldío, sin construcción.

• Involucran a la notaria 70 de la ciudad de Mérida

El momento del hallazgo, describe, fue físico y emocionalmente devastador, taquicardia, temblor, crisis de ansiedad y la sensación de “revivir” una y otra vez el impacto.

La mujer no solo habló del dinero, puso sobre la mesa el costo humano, dijo que “renunció a su trabajo” al asumir que en semanas tendría vivienda, que hubo conflictos con su pareja, y que su relación con su hijo se fracturó cuando él se negó a seguir transfiriendo recursos y la responsabilizó por haber presionado.

También expuso un gasto que suele quedar fuera de los cálculos del fraude: vuelos, hotel, alimentos y la logística de una mudanza que nunca ocurrió.

En sus palabras, la pérdida se extendió a la salud mental y a la estabilidad del núcleo familiar.

La entrevistada explicó que, cuando llegó al terreno y confirmó que no había construcción, buscó una salida inmediata y fue entonces cuando según su versión Ángel Santos Moisés intentó contener el reclamo con dos propuestas, ofrecerle una vivienda “más cara”, valuada en alrededor de 3 millones de pesos, o bien pedirle que esperara cuatro meses con el argumento de que en ese lapso sí podrían levantarle la casa originalmente pactada.

Ella dijo que, ante la desesperación, llegó a considerar la espera, pero la expectativa se desplomó cuando en el sitio se topó con un supuesto ingeniero y un arquitecto que, tras revisar el escenario, le advirtieron que no había condiciones reales para que la obra se ejecutara y que no veían señales de que esa casa se fuera a construir, observación que afirma fue desestimada pese a que el propio Ángel Santos aseguró que “ya se habían comunicado con ella” alguno de esos profesionistas para supuestamente darle la razón a la afectada, sin que eso se reflejara en avances concretos.

Lo que revela este segundo testimonio: un patrón que coincide con la primera denuncia

El caso narrado en la entrevista coincide con hallazgos ya documentados por el Diario CAMBIO 22 en la primera nota:

• Compradores que reportan pagos sin obra y predios sin construcción .

• Señalamientos directos contra Ángel Santos Moisés como receptor de dinero .

• La existencia de una carpeta ya abierta por la Fiscalía, que confirma que el tema llegó a investigación formal .

En el primer expediente periodístico, además, se documentó que la denunciante realizó pagos incluso en efectivo y por transferencias a una cuenta personal, y que, pese a firmar un adéndum con prórroga ante notaría, el terreno seguía sin construcción hacia diciembre de 2025 .

Mientras la nueva entrevistada habló de “más de 50” personas que se han unido para compartir historias similares, el reporte previo de CAMBIO 22 citó a un abogado que dijo haber reunido testimonios de unas 60 personas con contratos en Las Acacias .

En ambos escenarios, el dato central es el mismo, un grupo amplio de compradores afirma haber pagado sin recibir vivienda ni escrituras.

La entrevistada finalmente destacó que, tras confrontar al desarrollador por la inexistencia de la vivienda, se llegó a un supuesto acuerdo verbal para la devolución del dinero, mediante el cual él se comprometió a reintegrar los casi 1.8 millones de pesos en parcialidades; según su versión, comenzó a recibir algunos depósitos menores como “abonos” de devolución, lo que en un inicio le dio esperanza de recuperar su patrimonio, sin embargo, los pagos fueron irregulares y no cubrieron ni una fracción significativa del monto total entregado, prolongando así la incertidumbre financiera y emocional que enfrenta su familia.

En los últimos años, Mérida y distintas zonas conurbadas han registrado un incremento sostenido en denuncias por presuntos fraudes inmobiliarios, especialmente bajo esquemas de preventa donde los compradores entregan anticipos elevados sin recibir construcción, escrituras o garantías formales.

El crecimiento acelerado del mercado, impulsado por la alta demanda y la migración interna, ha generado oportunidades legítimas, pero también espacios donde operan desarrollos sin suficiente respaldo técnico, financiero o legal, dejando a decenas de familias con pérdidas patrimoniales millonarias y secuelas emocionales profundas, por lo que el fenómeno ya no puede verse como un caso aislado, sino como una problemática severa que exige mayor supervisión, verificación notarial y cultura de prevención para proteger el ahorro de quienes buscan en Yucatán o en cualquier destino, un nuevo comienzo.

El testimonio fue difundido a través del espacio digital de Mariana Pérez Manjarrez, representante de compradores inmobiliarios en Yucatán, quien compartió la entrevista en su red social Instagram, donde se presenta como asesora dedicada a cuidar los intereses de los compradores al buscar propiedad, durante el proceso de compra y en la etapa posterior para velar por sus garantías.

Desde esa plataforma abrió el diálogo para que personas afectadas por presuntos fraudes inmobiliarios en Mérida puedan alzar la voz y visibilizar no solo el daño económico, sino también las consecuencias legales y emocionales que enfrentan.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mariana Pérez Manjarrez (@mariana_perez_manjarrez)

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

GCH