Denuncian Contradicciones Judiciales en Amparos Contra Proyecto Perfect Day en Mahahual

• Denunciaron que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, rechazó admitir los amparos promovidos por ocho ciudadanos de Mahahual

Redacción / CAMBIO 22

CHETUMAL, 10 de febrero. – Integrantes del colectivo Salvemos Mahahual y de la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) denunciaron que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Chetumal, rechazó admitir los amparos promovidos por ocho ciudadanos de Mahahual contra el proyecto turístico Perfect Day, incurriendo —aseguran— en contradicciones al aplicar criterios jurídicos distintos sobre un mismo acto de autoridad.

De acuerdo con los representantes de DMAS, en el primer amparo la jueza consideró que la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) era un acto administrativo, lo que implica, según la Ley de Amparo, un plazo de 15 días para impugnarlo, contados a partir del momento en que las personas afectadas tienen conocimiento del acto. Bajo ese criterio, el momento en que la comunidad conoció los efectos reales del cambio al PDU era un elemento clave.

Sin embargo, señalaron que en el segundo y tercer amparo la juzgadora cambió su propio criterio y trató la misma modificación al PDU como si se tratara de una ley, aplicando ahora un plazo de 30 días contados desde su publicación oficial, fijando como punto de partida el 5 de diciembre. Según los denunciantes, este cambio ignoró cuándo la comunidad tuvo conocimiento real del contenido y las consecuencias del documento, a pesar de que ese factor fue determinante en la resolución previa.

Los colectivos afirmaron que esta actuación representa una contradicción jurídica grave, ya que un mismo acto no puede cambiar de naturaleza legal según el caso, pues ello afecta la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. En este contexto, contrastaron esta situación con las declaraciones del representante del proyecto, Ari Adler, quien públicamente aseguró tener confianza en que el sistema legal permitirá avanzar para abrir el parque en 2027. Desde Salvemos Mahahual reiteraron que no se oponen al desarrollo, pero exigen que se respete la ley, el medio ambiente y los derechos de la comunidad, sin interpretaciones acomodadas al poder económico o político.

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