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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Recordemos que el litigio estratégico no se limita a la obtención de una sentencia favorable; su objetivo es la transformación social e institucional. En Quintana Roo, donde la industria turística a menudo intenta invisibilizar la violencia para proteger la imagen del destino, la comunicación se vuelve una herramienta de resistencia legal.

Solo con una defensa legal idónea, movilizaciones ciudadanas y difusión en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales se ha logrado la visibilización de casos de feminicidios como los de la salvadoreña, Victoria Salazar, la argentina Agostina Jalabert o la mexicana Reina Corazón, de lo contrario, además, de la impunidad, pesara sobre ellos, el abandono de los expedientes y el olvido.

Por ello, el litigio estratégico en casos de feminicidio requiere una planificación comunicacional integral que combine acciones legales, políticas, de visibilización para generar impacto institucional, social e individual, como está investigado y argumentado por personas especialistas en el tema y de las cuales hemos ido adquiriendo experiencias para que desde Quintana Roo, a través del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de Mayas sin Fronteras A.C. visibilicemos casos que le arrancamos al silencio institucional.

En el contexto de Quintana Roo, donde se han identificado deficiencias en la tipificación, investigación y registro de feminicidios, las estrategias de comunicación deben enfocarse en:
Visibilización de casos y brechas institucionales: Utilizar medios de comunicación y redes sociales para destacar casos emblemáticos de feminicidio, especialmente en zonas como Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal, donde los índices de violencia son altos. Esto incluye la difusión de informes como el Informe sombra Tipificación y protocolo de feminicidio (UNAM), que evidencia la falta de protocolos específicos y el subregistro de delitos, como sucedió con el caso de Agostima Jalabert, el cual la Fiscalía lo clasificó como suicidio a pesar de contar con la evidencias forenses dictaminadas por su propio personal de que se trató de un feminicidio.

Aprovechamiento de plataformas oficiales y ciudadanas: Promover el uso de la Plataforma AVGM del Gobierno del Estado de Quintana Roo y el sitio seevig.qroo.gob.mx para difundir mensajes de cero tolerancia, rutas de atención y protocolos de apoyo, asegurando que la información sea accesible, intercultural y disponible en espacios estratégicos. Esto a pesar de las trabas institucionales y metodológicas para hacer uso de estas herramientas.

Coordinación con organizaciones de la sociedad civil: Alianzas con actores clave que permiten amplificar el mensaje y garantizar que las voces de las víctimas y sus familias sean escuchadas.

Difusión de resultados y avances: Implementar una estrategia de comunicación que documente y comparta los avances en la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluyendo el cumplimiento de medidas de reparación simbólica y la implementación de protocolos de investigación.

Fortalecimiento de la narrativa legal y de derechos humanos: Comunicar de forma clara y accesible los marcos jurídicos vigentes, como el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y la necesidad de homologar la tipificación del feminicidio con el Código Penal Federal, con énfasis en los elementos de género y la obligación de investigar con perspectiva de género.

Estas estrategias, elaboradas y puestas a la prácticas por un sinfín de organizaciones civiles, abogadas y activistas, no solo buscan transformar el marco legal y judicial, sino también cambiar la cultura social y política en torno a la violencia de género, garantizando que el litigio estratégico no solo busque justicia individual, sino también cambios estructurales.

Luego de una revisión de buenas prácticas en materia de herramientas de comunicación para el litigio estratégico en materia de feminicidio, tanto a nivel nacional como regional, podemos resumir que el litigio estratégico busca tres niveles de impacto:

Individual: Justicia y reparación para la víctima y su familia.

Social: Cambiar la percepción pública sobre el feminicidio, eliminando la victimización secundaria.

Institucional: Forzar reformas en protocolos de investigación y sanción a funcionarios negligentes.

Para que la difusión sea efectiva como parte integral del litigio, debe ser ética, técnica y política. No se trata de “dar la nota”, sino de construir una narrativa que evidencie las fallas del Estado.

Litigio Estratégico Mediático: Uso intencional de la opinión pública para presionar a la Fiscalía. El silencio suele beneficiar al agresor y a las autoridades omisas.
Boletines de Prensa con Argumentación Jurídica: Documentos que no solo narran el hecho, sino que señalan qué estándares internacionales (como la sentencia de Mariana Lima Buendía) está incumpliendo la fiscalía local.

Contenidos Digitales y Contra-narrativas: Campañas en redes sociales que humanizan a la víctima (usando fotos de su vida cotidiana) para contrarrestar las filtraciones oficiales que buscan estigmatizarla (ej. “estaba de fiesta” o “consumía sustancias”).

Uso de Datos del OCNF: Presentar el caso no como un evento aislado, sino como parte de un patrón sistémico documentado por observatorios ciudadanos.

Casos Emblemáticos en Quintana Roo (2020-2026)

En el último sexenio, diversos casos han marcado un antes y un después en la exigencia de justicia en el estado:

Bianca Alejandrina (“Alexis”) (2020, Cancún): Su asesinato detonó una indignación social sin precedentes. La represión policial durante las marchas de justicia para Alexis evidenció la violencia institucional.

Victoria Salazar (2021, Tulum): Mujer refugiada asesinada por policías municipales. Este caso internacionalizó la crisis de derechos humanos en el estado, evidenciando el racismo, la xenofobia y el uso desproporcionado de la fuerza.

Agostina Jalabert (2023, Playa del Carmen): Inicialmente clasificado como suicidio, la presión de la familia y el acompañamiento del OCNF y otros organismos logró que se reclasificara como feminicidio y que la Interpol emitiera ficha roja para el presunto agresor en 2026.

Liliana Carrillo González (2020-2022): Un caso de éxito de litigio estratégico donde, tras años de lucha y una exhumación, se logró una sentencia de 70 años, rompiendo la narrativa inicial de suicidio impuesta por las autoridades.

La Alianza: Sociedad Civil, Medios y Observatorios

La colaboración entre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mayas sin Fronteras A.C. y medios locales es el pilar de la visibilización.

Monitoreo Ciudadano: El OCNF brinda el rigor técnico y legal que los medios necesitan para cuestionar las versiones oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mayas sin Fronteras A.C.: Aporta una visión interseccional, asegurando que los casos de mujeres indígenas y de zonas rurales no queden en el olvido frente a los casos de las zonas urbanas.
Responsabilidad Mediática: Los medios aliados, como Cambio 22, han comenzado a adoptar buenas prácticas para evitar el morbo, centrando la noticia en la falla del sistema de justicia y no en los detalles del crimen.

En Quintana Roo, la justicia para las mujeres depende de la capacidad de los abogados y activistas para sacar los casos de las fiscalías y llevarlos a la plaza pública. La comunicación estratégica es la herramienta capaz de romper el pacto de impunidad que protege el estatus quo del estado.

*Texto leído por la autora el día 30 de enero de 2026 en la Ciudad de México, durante los trabajos de la Asamblea del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

 

 

 

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