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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO 22

Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) participaron en su asamblea que se desarrolló en la Ciudad de México del 29 al 31 de enero, con la finalidad de analizar los retos actuales en el acceso a la justicia y la protección integral de las familias víctimas de la violencia de género.

Durante este encuentro de personas defensoras de derechos humanos, provenientes de diversas partes del país, también se presentó la Guía de Buenas Prácticas en el Acompañamiento de casos de Violencia Feminicida, que tiene el objetivo de ser una herramienta pedagógica de apoyo para defensoras de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de violencia feminicida.

Este documento permite la comprensión, adaptación y réplica de buenas prácticas de apoyo efectivo basadas en rutas y estrategias exitosas en el acceso a la justicia, desarrolladas por el OCNF en contextos marcados por la impunidad patriarcal.

Durante esta reunión, también se argumentó que en México, la justicia para las víctimas de feminicidio no está garantizada por el sistema de justicia. “En la mayoría de los casos, es el resultado de la organización de las familias y del trabajo técnico de las defensoras de derechos humanos, que han tenido que enfrentar un Poder Judicial y fiscalías omisas, investigaciones fallidas y prácticas sistemáticas de revictimización”, se lee en un comunicado de la organización.

Con 18 años de acompañamiento a víctimas de violencia feminicida, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó el 29 de enero la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida, “un documento que no surge porque el sistema funcione, sino porque falla, y que documenta las rutas que han permitido acceder a la justicia cuando el Estado no investiga con debida diligencia y perspectiva de género”.

Durante una conferencia de prensa, representantes del OCNF señalaron que en México se registran más de 10 asesinatos de mujeres, niñas y adolescentes cada día. Además, uno de cada cinco feminicidios ocurridos en la última década fue clasificado por las autoridades bajo una categoría distinta, o incluso como una muerte accidental. Esta mala clasificación impide el acceso a la verdad, dilata los procesos y profundiza la impunidad.

Además, el OCNF alertó sobre patrones de impunidad que se repiten en distintas entidades del país, entre ellos la pérdida o no levantamiento de pruebas, la ausencia de peritajes con perspectiva de género, la criminalización de las víctimas y la exclusión de agresores cercanos como principales sospechosos. Estas prácticas, señaló el OCNF, no son hechos aislados, sino fallas estructurales del sistema de justicia.

En estas circunstancias, las defensoras de derechos humanos han tenido que asumir tareas que corresponden al Estado: elaborar planes de investigación, proponer peritajes independientes, documentar omisiones y vigilar el actuar de fiscalías y tribunales, para evitar que los casos se archiven.

Se dijo que esta Guía sistematiza la experiencia acumulada en casos acompañados por el OCNF en diversas entidades del país, incluyendo procesos emblemáticos que han permitido sentencias por feminicidio y el reconocimiento de las razones de género. Estos casos demuestran que la justicia es posible, pero solo cuando las familias cuentan con acompañamiento técnico independiente y persistente.

De acuerdo a la experiencia de quienes conforman el OCNF esta guía surge ante los obstáculos y las graves deficiencias en el sistema de procuración y administración de justicia. Además, a pesar de lograr el reconocimiento de la violencia contra las mujeres y el delito de feminicidio, persiste un patrón de impunidad que se manifiesta en tres niveles críticos:

La conducta de los agresores es protegida por un sistema que históricamente ha normalizado la violencia contra las mujeres.

Persiste la falta de debida diligencia, reflejada en investigaciones lentas y sin rigor técnico, que permiten la pérdida de pruebas fundamentales y la fuga de los responsables.

La revictimización que enfrentan las familias y las sobrevivientes de feminicidio, a quienes se responsabiliza del crimen.

También se dijo que existan rutas para llegar a la justicia no es un logro del sistema, es una alerta. “La justicia no puede seguir dependiendo de que las familias se organicen y aprendan derecho penal para que sus casos avancen”.

Asimismo, se advirtió que la Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de casos de violencia feminicida es una herramienta política y técnica orientada al empoderamiento de las víctimas y de las defensoras de derechos humanos, con el objetivo de exigir que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

Este encuentro también contó con la participación de la Comisionada de Atención a Víctimas, Norma Ledezma, quien presentó una ponencia, además, de integrarse a las mesas de trabajo.

A lo largo del encuentro se discutieron temas como:

Enfoque Psicosocial y Pericial: Se subrayó la importancia de la herramienta, como eje emocional del proceso, así como el uso de periciales y técnico-científicas de vanguardia para el esclarecimiento de los hechos.

Estrategia Jurídica y Comunicación: Se discutieron tácticas de litigio estratégico y uso de herramientas de comunicación para visibilizar las causas y presionar por el cumplimiento de la ley.

Buenas Prácticas: Se intercambiaron experiencias sobre modelos de éxito en el acompañamiento directo a familiares de víctimas de feminicidio.

También se discutió la situación actual de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional y se evaluó el impacto de las políticas públicas en la seguridad de las mujeres.

“La justicia para las mujeres no puede esperar. Nuestra participación en estos espacios busca que, las herramientas de atención y las buenas prácticas nacionales e internacionales, se conviertan en la norma, no en la excepción. El acompañamiento a las víctimas debe ser integral, significa un compromiso humano que requiere conocimiento, técnica, sensibilidad y una búsqueda incansable de la verdad y la Justicia”, dijo la comisionada Ledezma durante una de sus intervenciones.

Apuntes

(Durante este encuentro el OCNF) ha centrado su agenda en la urgencia de transitar de la denuncia a la implementación de mecanismos de justicia efectiva.

Entre los asuntos abordados y que forman parte de la agenda se encuentran: Protección a Infancias en Orfandad por Feminicidio

Uno de los puntos más críticos tratados es la situación de las niñas, niños y adolescentes cuyos padres o cuidadores han sido víctimas de feminicidio. El OCNF ha señalado que: Urge un Registro Nacional: No existe una cifra oficial y unificada que permita dar seguimiento a estas infancias.

Cumplimiento de Sentencias: Se exige al Estado mexicano acatar las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), derivadas de casos emblemáticos como el de García Andrade, para garantizar la reparación integral del daño a los menores.

2. Lanzamiento de la Guía contra la Impunidad

El Observatorio presentó una Guía para combatir la impunidad en feminicidios, diseñada para:

Estándares de investigación: Establecer rutas claras para que las fiscalías no omitan la perspectiva de género desde el primer momento.

No revictimización: Brindar herramientas a las familias para que su proceso de búsqueda de justicia no sea un obstáculo adicional.

Identificación de agresores: Presionar para que la Secretaría de las Mujeres y la FGR compartan bases de datos de agresores y feminicidas prófugos.

3. Vigilancia del Presupuesto 2026 (PPEF)

En el marco de la asamblea, se discutió la distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con énfasis en:

Centros LIBRE: Monitorear que los recursos lleguen realmente a las comunidades con mayor marginación y altos índices de violencia.

Fortalecimiento de la Alerta de Violencia de Género: Evaluar si las medidas de emergencia implementadas en la CDMX y otros estados están teniendo un impacto real en la disminución de muertes violentas.

4. Justicia Interseccional y Violencia Mediática

Se abordó la necesidad de reformas legislativas que ya están en el Congreso de la CDMX, como la regulación de la violencia mediática, para evitar la cosificación de las víctimas en los medios de comunicación y redes sociales, un factor que el OCNF identifica como perpetuador de la impunidad.

 

 

 

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