El Fracaso de los Acuerdos de San Andrés, Fueron Provocados por la Traición del Estado Mexicano

Redacción / CAMBIO 22

Los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, “representan un parteaguas en la historia contemporánea de México: Un pacto incumplido que, sin embargo, sigue siendo referente de la lucha por la autonomía indígena”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Agregó que “el Estado mexicano traicionó lo firmado y, ante ello, los pueblos tomaron una decisión trascendental: Hacer realidad los contenidos de los acuerdos y ejercer la autonomía en la práctica, manteniendo viva la esperanza y los principios que los inspiraron”.

Lo anterior fue expuesto por Pedro Faro, integrante del Frayba, durante un foro titulado: Tres décadas de lucha por una paz forjada en la rebeldía. Recordó que este 2026 “se cumplen treinta años de procesos profundamente significativos en la historia reciente del país, surgidos desde Chiapas. Allí se han gestado alternativas de paz de gran envergadura que han impactado a los pueblos y a quienes, desde la dignidad, han trabajado por transformar las condiciones materiales de vida y abrir horizontes más humanos”.

Señaló que los tratados sobre derechos y cultura indígena “buscaban reconocer la autonomía, la libre determinación y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Su incumplimiento, sin embargo, marcó un quiebre entre el discurso oficial y las demandas históricas de los pueblos indígenas. Autonomía y libre determinación”.

Expresó que “Luis Hernández Navarro considera los acuerdos como un documento fundacional de la lucha indígena contemporánea, comparable al Programa del Partido Liberal Mexicano en la Revolución. Destaca que su proceso de elaboración fue abierto e incluyente, lo que les otorgó legitimidad social más allá de la mesa de negociación”.

Para Magdalena Gómez, dijo, “los Acuerdos de San Andrés reflejan la tensión entre la ‘razón de Estado’ y la ‘razón de los pueblos’”, mientras que para Gilberto López y Rivas, “antes del levantamiento zapatista, estas demandas no habían encontrado espacio en la negociación política. Los acuerdos abrieron, por tanto, un horizonte inédito para la lucha indígena”. Para el obispo Raúl Vera López, “el incumplimiento muestra que el Estado nunca buscó resolver el conflicto de raíz, sino administrar la guerra y contener al zapatismo”.

Pedro Faro afirmó que “estos procesos de lucha y resistencia son un río que no se detiene, desde diversas trincheras, su raíz no se arranca, son fogata que ilumina en la noche oscura. Treinta años de caminar muestran que la paz, para los pueblos originarios, no es ausencia de conflicto, sino ejercicio de autonomía, defensa del territorio y dignidad compartida”.

La directora del Frayba, Dora Lilia Robrero, manifestó a su vez que “hemos documentado más de 16 mil casos de desplazamiento forzado en Chiapas, acompañados de despojos territoriales, agresiones a defensores comunitarios y una creciente militarización que agrava la violencia estructural en los territorios”.

Añadió que “nos preocupa profundamente la intensificación de incursiones militares en zonas de autonomía zapatista, lo cual constituye una clara estrategia de contrainsurgencia. Esta ofensiva no es nueva, pero se ha recrudecido en los últimos meses, como lo evidencian los operativos en la jurisdicción del Caracol de Oventik, en el municipio oficial de Aldama, en el poblado de San Pedro Cotzilnam, así como en el Caracol de Dolores Hidalgo, en el municipio oficial de Ocosingo, específicamente en el poblado de Belén”.

Estas acciones, subrayó Dora Lilia, “no sólo vulneran la autodeterminación de los pueblos, sino que buscan fracturar procesos de organización comunitaria, sembrar miedo y debilitar la resistencia”, al tiempo de señalar que “desde Frayba asumimos como tarea urgente y ética la defensa de la memoria en un país donde las desapariciones se multiplican y el Estado responde con simulación. Enfrentamos el reto de sostener la memoria viva frente a un aparato institucional que evade su responsabilidad histórica, que no reconoce de manera contundente los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado ni los que continúan ocurriendo”.

También mencionó que “desde Frayba, reconocemos que la articulación con procesos como el EZLN, el Congreso Nacional Indígena, el Pueblo Creyente y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas no es solo una estrategia política, sino una apuesta ética por sostener la vida en medio del asedio”.

Jorge Santiago, quien también participó el foro realizado este sábado en el museo j’Tatic Samuel, leyó un texto del obispo Samuel Ruiz García, sin fecha, escrito en el contexto de los diálogos con relación a los acuerdos de San Andrés.

Añadió que “a partir de dichos diálogos se creció la conciencia de que hay un sujeto transformador frente a una situación más allá de condiciones locales”.

Fuente: La Jornada

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