Redacción/CAMBIO 22

La oposición advierte que la reforma electoral busca blindar la concentración de poder tras la reforma judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El Partido Acción Nacional (PAN) llevó el debate político a su punto más áspero al acusar abiertamente a Morena y a gobiernos afines de operar bajo una lógica de “narcopolítica”, al tiempo que condicionó cualquier reforma electoral a reglas severas contra la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Durante su reunión plenaria, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que en México existe un “narco pacto” en el gobierno federal y en diversos estados, por lo que desafió al oficialismo a incluir en la reforma electoral la nulidad automática de elecciones y la extinción de partidos políticos cuando se compruebe financiamiento o injerencia del crimen organizado.

La acusación marca un viraje discursivo: el PAN no solo cuestiona el diseño institucional de la reforma, sino la legitimidad de origen de los procesos electorales recientes. En ese marco, el partido presentó su narrativa como una defensa directa de la ciudadanía frente a un poder político que —sostiene— busca preservarse mediante reglas hechas a la medida.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, acusó que Morena ya controla el Ejecutivo y el Legislativo, impulsó una reforma judicial con rasgos autoritarios y desmanteló órganos autónomos clave. A su juicio, la reforma electoral sería el último eslabón para cerrar el circuito de control político del país.

Anaya también denunció que la mayoría calificada del oficialismo no reflejó el voto ciudadano, sino que se construyó mediante presiones judiciales y uso político de fiscalías estatales, una afirmación que endurece el señalamiento de prácticas antidemocráticas en el Congreso.

El líder del PAN en Cámara de Diputados, el coordinador Elías Lixa Abimerhi subrayó que la oposición impulsará una agenda legislativa en siete ejes —democracia, seguridad, justicia, desarrollo económico y social, medio ambiente y política exterior— con el objetivo de frenar lo que definió como una deriva autoritaria del régimen.

Además del frente electoral, el PAN abrió otro flanco al cuestionar las conclusiones oficiales sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, donde murieron 14 personas. La bancada exigió una comisión internacional de expertos independientes y acusó al gobierno de ofrecer explicaciones “inverosímiles” para evadir responsabilidades.

Con este posicionamiento, Acción Nacional apuesta por una confrontación directa y sin matices: coloca a Morena bajo la etiqueta de “narcopolítica” y convierte la reforma electoral en un plebiscito político sobre crimen organizado, representación y control del poder. El choque legislativo, anticipa el PAN, será frontal y de alto costo político.

 

 

 

Fuente: Reforma

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AFC/RCM

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