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• La desaparición de Melisa Aurora Encinas en Bacalar revela la omisión institucional y la vulnerabilidad rural en Quintana Roo

 

• Quintana Roo suma 376 personas no localizadas en 2025 y lidera los casos de trata de Personas; Bacalar registra 12 desapariciones y se ofrece recompensa por esas 12 víctimas

 

Renán Castro Hernández / CAMBIO 22

BACALAR, Q. Roo a 28 de Enero.- El 4 de octubre de 2024, tres hombres armados irrumpieron en la comunidad rural de Melchor Ocampo, municipio de Bacalar ubicados en la zona Sur de Quintana Roo, y se llevaron por la fuerza a Melisa Aurora Encinas Gallardo, de 31 años, madre soltera y promotora incansable de su comunidad. La joven, que se mudó de Cancún a ese rincón de la península para proteger a sus tres hijos de la violencia urbana, trabajaba en la producción de carbón, instalaba redes de internet en la zona y había participado como voluntaria en campañas políticas.

Ella dice que apoyó a Mara Lezama para que llegara a la Gubernatura de Quintana Roo.

La tarde de los hechos se encontraba en casa de Elena, suegra de su pareja a quien únicamente identifican como “Tito”, cuando varios sujetos encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en dicha propiedad para interrogar a los presentes.

Su primera pregunta fue para preguntar por una mujer a quien identifican como “Chabela”, revisaron los teléfonos de las presentes y, al identificar en el celular de Melisa el contacto de Tito, recibieron la orden por radio de «llevarla para hacerle unas preguntas».

Desde entonces nadie volvió a verla, la familia no recibió solicitudes de rescate ni otras exigencias; simplemente no se supo más de ella; y de la familia de su pareja la madre de Melisa solo ha recibido advdrtencias de que la carretera estaba vigilada y que denunciar podría costarle la vida.

La Odisea de Una Madre

Verónica Gallardo, madre de Melisa, recuerda haber recibido la llamada de la suegra de su hija la noche del secuestro: «No digas nada, no avises a la policía», le advirtieron.

Entre el miedo y la urgencia, Verónica abandonó su turno de trabajo y viajó de inmediato a Chetumal para rescatar a sus nietos, quienes habían presenciado el levantón, a uno de ellos, todavía adolescente, el shock le provocó crisis epilépticas. Verónica pasó noches sin dormir y, pese a las amenazas, presentó la denuncia el 8 de octubre de 2024, cuatro días después de que secuestraran a su hija.

Las autoridades le exigieron fotografías, documentos y tiempo; se declaró incompetencia en Cancún y tuvo que seguir la carpeta en Chetumal.

Un año después, relata, solo se han realizado dos búsquedas en campo ambas de tipo forense, sin que se investiguen posibles redes de trata ni se rastreen bares o centros nocturnos donde podrían estar explotando a las víctimas. Tito, el compañero sentimental de Melisa, no presentó denuncia; ha declarado únicamente cuando las autoridades lo citan por la fuerza.

Verónica insiste en que debe investigarse a todos los presentes aquel día y cuestiona la indiferencia de los funcionarios que la han revictimizado insinuando que su hija “algo debía”.

Melisa se trasladó a Melchor Ocampo buscando tranquilidad para sus hijos y oportunidades de trabajo, lejos de rendirse ante la precariedad, aprendió a cortar árboles para la fabricación de carbón, actividad base de la economía local, y gestionó contratos con una empresa para instalar internet en pueblos marginados.

Entre cables, ventas y reparaciones, combinó su oficio con los cuidados del hogar y las campañas políticas en las que tocaba puerta por puerta bajo el sol para apoyar proyectos en su comunidad.

Su madre la describe como una mujer “terca”, disciplinada y con principios, “A ella le dices que no y lo hace con más ganas”. Por eso, insiste Verónica, resulta inconcebible la falta de búsqueda en vida y la pasividad institucional; Melisa no tenía enemigos y su único objetivo era sacar adelante a sus hijos.

Desapariciones y trata en Quintana Roo.

El caso de Melisa no es aislado, Quintana Roo cerró 2025 con 376 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cancún encabeza la lista con 164 casos, seguido de Playa del Carmen (95), Othón P. Blanco (49) y Bacalar, que suma 12 personas no localizadas, lo que evidencia la vulnerabilidad de sus comunidades rurales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció que Bacalar y Felipe Carrillo Puerto padecen condiciones de acceso y búsqueda precarias. A este panorama se suma la crisis de trata de personas, delito en el que la entidad ocupó el primer lugar nacional en 2025, de acuerdo con cifras oficiales, el estado abrió 140 carpetas de investigación por trata entre enero y octubre, equivalentes al 26 % del total nacional.

La FGE reportó la detención de 43 presuntos tratantes y el rescate de 480 víctimas durante ese año, mientras otro balance estatal contabiliza 126 denuncias, más de 250 carpetas de investigación, cerca de 90 detenidos y 650 víctimas rescatadas, de las cuales 88 eran menores. Las autoridades han advertido que Quintana Roo es un punto estratégico para las redes de explotación debido al dinamismo turístico y la presencia de economías informales.

En noviembre de 2025, la Fiscalía estatal lanzó un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de doce personas desaparecidas, ofreciendo 100 000 pesos por información que conduzca a cada una de ellas. Entre los casos incluidos en esa lista se encuentra el de Melissa Aurora Encinas Gallardo, desaparecida en octubre de 2024. no obstante, Verónica señala que esos anuncios no se traducen en operativos efectivos y que muchas denuncias se quedan en el papel.

Ante la ausencia de respuestas, se unió al colectivo Verdad, Memoria y Justicia, integrado por madres, padres y familiares que buscan a sus seres queridos sin descanso. Allí encontró acompañamiento jurídico, psicológico y logístico, y conoció a otras madres como Romana Rivera y Fabiola, cuyas hijas también desaparecieron en circunstancias similares.

Las integrantes del colectivo denuncian que las autoridades priorizan las búsquedas forenses con la presunción de muerte sobre las acciones para localizar con vida; exigen que se revisen centros nocturnos, spas clandestinos y rutas de tránsito donde las víctimas podrían estar siendo explotadas.

Además, recuerdan que Quintana Roo es un corredor de migrantes y un destino turístico con fuerte presencia de grupos delictivos; ello facilita el traslado de personas con fines de explotación sexual, laboral u organs, por lo que cada hora es crucial.

Un llamado a la acción y a la empatía

Para Verónica, el sufrimiento no es solo la ausencia de su hija, sino el abandono institucional: ha dejado su trabajo formal para dedicarse a las búsquedas, a las citas con la Fiscalía y al cuidado de sus nietos. Su historia refleja la carga económica, psicológica y social que enfrentan las familias de personas desaparecidas; una carga que, en muchos casos, las arrastra a la informalidad y al aislamiento.

“Nosotros, las madres buscadoras, somos marginadas y juzgadas”, dice. Cada 8 de octubre, Verónica recuerda el día en que interpuso la denuncia; cada 4 de octubre se repite el tormento de aquella llamada.

“No solo se llevaron a mi hija lamenta, se llevaron nuestra tranquilidad y nuestra fe en la justicia”.

La mujer pide a quien tenga información que la aporte a las autoridades y exhorta a la sociedad a no normalizar estas tragedias, la desaparición de Melisa no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis que exige que el gobierno federal y estatal fortalezcan la búsqueda en vida, protejan a los familiares y atiendan las causas de la violencia.

Un año después, Melisa sigue desaparecida. Sus hijos crecen entre recuerdos y ausencias; su madre sigue recorriendo despachos y selvas, colgando mantas y volantes.

En la península de Yucatán, donde pueblos como Bacalar celebran su nombramiento como Pueblo Mágico desde 2007, el contraste entre paraíso turístico y infierno de desapariciones es inevitable.

La historia de Melisa denuncia esa dualidad, una región que atrae inversiones y turistas, pero que al mismo tiempo es corredor de trata y desapariciones.

Lo que está en juego no es solo el paradero de Melisa, sino la credibilidad del Estado frente a una violencia que ya rebasó a las familias y se volvió estructura, comunidades rurales vigiladas por el miedo, carreteras donde “no puedes entrar” si no eres del pueblo, testigos que callan, líneas de investigación que no se agotan y autoridades que, por omisión o incapacidad, terminan empujando a las víctimas a buscar con sus propias manos.

En Quintana Roo donde desaparecen personas en un contexto reconocido de trata y criminalidad cada expediente que se congela, cada búsqueda en vida que no se activa, cada funcionario que revictimiza, alimenta el mensaje más peligroso, que llevarse a una mujer puede salir gratis… Y mientras eso siga ocurriendo, la impunidad no será un accidente del sistema; será su consecuencia política más visible y su derrota social más dolorosa.

 

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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