Discurso y Violencia de la 4T en Yucatán

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/ CAMBIO22

Hasta hace algunos meses el estado de Yucatán era considerado la entidad federativa menos violenta del país, lo que motivó que miles de familia migraran hacia allá para gozar de la seguridad que ofrecían ciudades cómo Mérida, lo que motivó un boom inmobiliario tanto en la capital del estado como en municipios cercanos, sin embargo, con la llegada de un gobierno de la 4T la realidad yucateca cambio de la noche a la mañana, porque esa tranquilidad dejó de existir ante el fracaso gubernamental que prefirió el discurso y negocios plagados de opacidad que poner en marcha políticas públicas encaminadas a garantizar una efectiva seguridad pública a la sociedad.

Las cifras institucionales que dan cuenta de una seguridad relativa en Yucatán y que ubicó al estado como el más seguro del país se pueden ver en las estadísticas históricas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales han cambiado radicalmente al igual que la percepción de la ciudadanía, la cual está enfrentando inseguridad en todos los municipios, la paz que se vivió en otros tiempos ya es parte del pasado, porque ahora la 4T llegó con violencia generalizada, homicidios dolosos, grupos armados desplazándose por carreteras y caminos de la entidad.

En medio de estas circunstancias, el pasado 22 de enero se dio a conocer el informe sombra sobre la política de seguridad, prevención del delito y atención a las violencias en Yucatán, bajo el título: Entre el discurso y la realidad. Investigación relacionada al primer informe de gobierno 2025 Directriz 6.
Se trata de un análisis independiente sobre política pública y derechos humanos, realizado por un conglomerado de organizaciones civiles del estado y del país, con el objetivo de contrastar el discurso oficial con la evidencia estadística disponible, los datos públicos nacionales y los testimonios documentados de actores institucionales y de la sociedad civil. “Este documento no busca sustituir al informe gubernamental, sino complementarlo y cuestionarlo, señalando inconsistencias, omisiones y riesgos en materia de política pública de seguridad, prevención del delito y violencia de género”, se lee en el documento.

Entre las conclusiones de este análisis se menciona el apartado del informe gubernamental relativo a la Justicia, Seguridad Ciudadana y Cultura de la Paz evidencia una fractura estructural entre el discurso oficial, los indicadores presentados como resultados y la realidad que muestran las fuentes oficiales.
Lejos de reflejar una política pública efectiva, la información contenida en el informe de gobierno reproduce una lógica de simulación institucional, donde el volumen de acciones, servicios y personas “beneficiadas” sustituye indebidamente la medición de resultados reales en materia de Violencia de Género en el estado, de prevención del delito y de seguridad pública.

Se detalla, que en primer lugar, la política de prevención del delito carece de un criterio técnico básico de evaluación: la reducción de la incidencia delictiva. A pesar de reportarse más de 5,300 acciones preventivas, los datos del SESNSP confirman un incremento del 29% en la incidencia delictiva estatal, alcanzando 5,357 delitos en 2025. Este aumento, sumado a la duplicidad en el registro de actividades y al uso reiterado de las mismas poblaciones para inflar cifras de impacto, demuestra que las acciones reportadas no inciden en las causas del delito ni generan efectos medibles, reduciendo la prevención a un catálogo de actividades recreativas y culturales sin orientación en materia de prevención real de los delitos y la delincuencia.

En segundo término, la narrativa de fortalecimiento institucional y percepción de seguridad se sostiene en una extrapolación indebida de datos municipales al ámbito estatal. El uso de resultados de la ENSU, que únicamente mide la percepción de inseguridad en la ciudad de Mérida, para afirmar que Yucatán ocupa los primeros lugares nacionales en seguridad, resulta metodológicamente incorrecto. Por el contrario, la ENVIPE muestra un descenso sostenido del estado, lo que confirma la pérdida de la ventaja histórica de seguridad que caracterizó a Yucatán durante años.

Además, el análisis de la atención a víctimas revela una de las inconsistencias más graves del modelo. Con un presupuesto de apenas $3,147,803 pesos asignado al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Estado reconoce formalmente a 444 víctimas, pero solo logra integrar 13 expedientes de reparación integral, incumpliendo de facto lo establecido en la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán.

Las organizaciones civiles que elaboraron este análisis, sostienen que la esta insuficiencia presupuestal no solo limita el acceso a la reparación del daño, sino que incentiva la no denuncia, al colocar a las víctimas en un proceso de revictimización, desgaste institucional y abandono material.

Por ejemplo, en materia de violencia contra las mujeres, la brecha entre la violencia real y la violencia reconocida institucionalmente resulta alarmante. Mientras la ENDIREH señala que el 71.4% de las mujeres en Yucatán ha vivido algún tipo de violencia, los registros penales reportan apenas 183 delitos contra la libertad y seguridad sexual y 10 feminicidios, pese a que proyecciones basadas en tasas nacionales sugieren que entre 65 y 75 mujeres pudieron haber fallecido por violencia en 2025.

Por ello, esta diferencia evidencia una cifra negra estructural, sostenida por la falta de observancia ciudadana, la revictimización institucional y la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Los componentes relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas muestran una incoherencia profunda entre los números reportados y la capacidad operativa real de la Comisión de Búsqueda del Estado, que carece de infraestructura mínima para entrevistas, análisis de contexto, trabajo de gabinete y resguardo de equipamiento especializado, operando todas sus áreas en un solo espacio físico, lo que compromete la calidad de la atención y la dignidad de las víctimas.

El sistema de indicadores utilizado por el gobierno impide cualquier evaluación objetiva del desempeño institucional. La coexistencia de 5,357 delitos, 46,288 carpetas de investigación y solo 140 asuntos atendidos mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos refleja no solo una incapacidad estructural del sistema de justicia, sino también la ausencia de indicadores que permitan valorar la eficacia, eficiencia y legalidad de la actuación institucional.

Ante estos escenarios de la realidad yucateca, el gasto público carece de justificación sustantiva, ya que no se vincula a resultados verificables ni a mejoras reales en seguridad, justicia o confianza ciudadana.
El análisis advierte que la Directriz 6 no constituye una política pública orientada a resultados, sino un ejercicio narrativo de rendición de cuentas incompleta, que prioriza la acumulación de acciones sobre el impacto real. De no corregirse este modelo, Yucatán enfrenta el riesgo de normalizar el incremento del delito, profundizar la impunidad y consolidar la desconfianza ciudadana, debilitando las bases institucionales de la paz, la justicia y la seguridad que históricamente distinguieron al estado.

Continuará…

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