En Quintana Roo se Criminaliza a las Víctimas de Violencia Vicaria

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22

El caso de violencia vicaria en agravio de Grisell Balderas Jonguitud y sus hijos es conocido a nivel nacional e internacional debido a las anomalías en el debido proceso y a la cultura machista que prevalece en el Poder Judicial de Quintana Roo, uno de los estados de México que es presumido como la ventana al mundo en el sector turismo, sin embargo, los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes no forman parte de las prioridades de las instancias de procuración y administración de justicia.

Grisell Balderas Jonguitud será sometida a juicio penal en un juzgado de Playa del Carmen durante los días 23, 26 y 27 de enero, una situación considerada emblemática por el impacto de la violencia vicaria que ha tenido en sus hijos y por las implicaciones que revela sobre el acceso a la justicia para mujeres y niñas en México.

Este caso representa la criminalización de una madre protectora, a pesar que existen múltiples denuncias penales contra el agresor vicario, éstas no han derivado en sanciones firmes, mientras que el sistema judicial avanzó con una acusación penal por violencia familiar en contra de la víctima.

Diversas organizaciones como la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), Presuncion de la Inocencia y Derechos Humanos AC (PIDHAC), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC (FMDVDAC), Organización del Pueblo Indígena Mé’phàà (OPIM), Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Colectivo El Rostro de Julio, Madres Libertarias Justicia para Madres e Infancias, Colectivo Mujeres Unidas, Defensoras Comunitarias de la Periferia, entre otras han alzado la voz para exigir justicia para Grisell y sus hijos.

Por medio de un comunicado difundido por dichas organizaciones y diversas personalidades del activismo de los derechos humanos en México, se dice que Grisell Balderas Jonguitud es abogada y defensora de derechos humanos, que desde 2010 ha sido víctima de violencia de género, ejercida por su expareja el Sr. Ernesto Eden Becerra Pliego. A lo largo de más de una década, las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas y patrimoniales evolucionaron hasta convertirse en violencia vicaria, utilizada como mecanismo de castigo, control y anulación a ella a través de su menor hijo Mathias.

Entre las personas que se han sumado a la causa de Grisell se encuentran el obispo José Raúl Vera López, María Magdalena López Paulino, Jaqueline Campbell Dávila, Ernesto Rodíguez Cabrera, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Ericka Zamora Pardo, obispo Veterocatólico Oscar Perez Solano, Jose Humbertus Perez Espinoza, le Tze Rodríguez López, Obtilia Eugenio Manuel, Deeni Rodríguez López, Norma Mesino Mesino, Humberto Robles (dramaturgo), Julio César Mondragón, Gabriela Pablos Saucedo, Elisa María Zaldívar Barcelata, Blanca Estela Paredes Hernández, Armando Vanegas Martínez, Magaly Valencia Olmos, Elsa Arista González, Silvia Ivette Olvera Espadas, Rodolfo Omar Hernandez Escobar.

Se recuerda que en octubre de 2020, pese a existir sentencia firme de guarda y custodia a favor de la madre, el Sr. Ernesto Eden Becerra sustrajo y retuvo ilegalmente al menor de 8 años Mathias (hijo de ambos). Desde ese momento, Mathias permanece separado de su madre y sometido a control coercitivo por parte de su progenitor. Esta sustracción no sólo afectó a Mathias, sino que detonó una violencia profunda y persistente contra Carlo, el hijo menor de Grisell, quien tenía apenas tres años cuando fue separado forzosamente de su hermano, perdiendo la posibilidad de crecer junto a él y de mantener un vínculo fraterno esencial para su desarrollo emocional.

Además, desde el año 2020, el caso ha estado marcado por violencia institucional y procesal sistematicamente. A pesar de múltiples denuncias penales contra el Sr. Ernesto Eden Becerra (violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, sustracción y retención de menores, violencia vicaria y falso testimonio), el Estado ha permanecido omiso ante estos actos de impunidad, incluyendo la revocación en segunda instancia de las vinculaciones a proceso que se habían logrado en su contra Grisell. En contraste, el sistema penal avanzó con especial severidad en una acusación por violencia familiar en contra de Grisell, ignorando pruebas exculpatorias, dictámenes periciales, análisis de contexto y solicitudes formales de desistimiento de la acción penal promovidas por la propia Fiscalía del Estado, en Cancún.

Para Grisell, esta actuación culminó en un auto de apertura a juicio oral en su contra, criminalizando a una madre protectora mientras el Sr. Ernesto Eden Becerra permanece sin sanción.
El caso de Grisell es emblemático. A partir de su experiencia y del daño causado a sus menores Mathias y Carlo, presento la propuesta de Ley Mathias en el Quinto Parlamento de Mujeres, como una iniciativa legislativa orientada a visibilizar la violencia vicaria y sus efectos reales: no solo la separación de hijas e hijos de sus madres, sino también la ruptura forzada de vínculos fraternos, como ocurrió con estos dos hermanos quintanarroenses.

Aunque la propuesta de Ley Mathias no ha sido aprobada, su presentación evidenció cómo el sistema judicial ha tergiversado el principio del interés superior de la niñez, aplicándolo de forma selectiva para favorecer el patriarcado, mientras invisibiliza a Carlo y niega el derecho de ambos niños a crecer juntos, protegidos y libres de violencia.

En enero de 2026, la situación alcanza un punto crítico. Derivado de un amparo que causó ejecutoria, un juez federal ordenó acelerar el proceso penal hasta fijar el juicio oral los días 23, 26 y 27 de enero de 2026, adelantamiento que profundiza la violencia institucional contra una mujer con afectaciones severas a su salud física y mental, acreditadas mediante peritajes especializados y expedientes médicos.

Tanto organizaciones civiles y personas que se han unido a la exigencia de justicia para Grisell, consideran que hoy, en Quintana Roo, se pretende llevar a juicio penal a una madre victima, mientras su hijo Mathias continua separado de ella desde 2020 y Carlo sigue creciendo sin su hermano.

Este caso evidencia el uso del sistema de justicia como herramienta de castigo contra las mujeres que denuncian y la urgencia de visibilización, observación y acompañamiento nacional e internacional para evitar una injusticia irreparable contra una familia y contra la infancia quintanarroense.

Avanzar en la verdad, la justicia y equidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de las mujeres representaría un camino lleno de esperanza para las víctimas de este caso y las víctimas de violencia vicaria en México.

Por lo anterior, quienes suscriben dicho documento exigen que el Estado mxicano cumpla con sus obligaciones en relación al debido proceso, juicio justo y sobre todo con los instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado sobre derechos humanos.

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