• Constructores y desarrolladores señalan retrasos, sobrecostos y presuntos condicionamientos atípicos en trámites ante Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

  • Sector productivo pide revisar la actuación del delegado estatal Guillermo Humberto Porras Quevedo ante posibles impactos a la inversión y la economía local

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

Yucatán a 20 de Enero 2026.-Diversos empresarios, ingenieros y desarrolladores inmobiliarios de Yucatán han comenzado a manifestar preocupación pública por el manejo de los permisos ambientales federales, tras una serie de señalamientos que involucran directamente al actual titular de la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Guillermo Humberto Porras Quevedo.

De acuerdo con versiones provenientes del sector de la construcción y del desarrollo inmobiliario, desde la llegada de Guillermo Humberto Porras Quevedo a la delegación de SEMARNAT en Yucatán cargo que ocupa desde hace menos de un año los procesos de autorización ambiental se han encarecido, ralentizado y condicionado de manera atípica, generando inquietud entre los actores productivos del estado.

Preocupación creciente en el sector empresarial

Empresarios y profesionistas del ramo señalan que bajo la administración de Guillermo Humberto Porras Quevedo se han presentado prácticas que no eran comunes en periodos anteriores, particularmente en lo referente a condicionamientos extraoficiales para la obtención de permisos ambientales, aun cuando los proyectos cumplen con los requisitos técnicos y legales establecidos.

El mercado yucateco, caracterizado por ser un entorno estrechamente comunicado entre empresarios, constructores e inversionistas, ha comenzado a compartir experiencias similares relacionadas con trámites ante SEMARNAT, lo que ha detonado reuniones privadas y mesas de análisis para evaluar la situación.

Señalamientos sobre presuntas solicitudes irregulares

De manera extraoficial, integrantes del sector han señalado que la delegación encabezada por Guillermo Humberto Porras Quevedo habría solicitado recursos económicos adicionales, fuera de los pagos oficiales que se realizan a la Federación, como condición para que algunos permisos ambientales resulten favorables.

En estos señalamientos se mencionan montos que varían por proyecto, alcanzando cifras de varios millones de pesos, lo que ha sido calificado por empresarios como una práctica inédita en administraciones anteriores, incluso durante gobiernos federales pasados.

Reuniones y posibles denuncias

Ante este panorama, ingenieros, empresarios e inmobiliarios han sostenido diversas reuniones con el objetivo de documentar los casos, compartir información y analizar la presentación de denuncias formales ante instancias federales competentes.

Los participantes coinciden en que SEMARNAT, bajo la dirección de Guillermo Humberto Porras Quevedo en Yucatán, debe emitir licencias ambientales estrictamente conforme a la ley, sin condicionamientos ajenos al marco normativo, ya que lo contrario frena la economía, inhibe la inversión y genera incertidumbre social.

Impacto en la economía yucateca

Representantes del sector productivo advierten que la actuación de la delegación de SEMARNAT en Yucatán, bajo el mando de Guillermo Humberto Porras Quevedo, podría estar afectando el desarrollo de proyectos estratégicos, impactando negativamente en la generación de empleo y en la estabilidad económica del estado.

Yucatán ha sido reconocido en los últimos años como un destino confiable para la inversión; sin embargo, los empresarios alertan que la falta de certeza en los permisos ambientales pone en riesgo esa reputación.

Llamado público a transparencia

Finalmente, los actores involucrados hicieron un llamado a las autoridades federales para que se revise el actuar de la delegación estatal de SEMARNAT y se garantice que las decisiones bajo la responsabilidad de Guillermo Humberto Porras Quevedo se apeguen plenamente a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, advirtieron que, de no existir una aclaración institucional, la sociedad organizada podría convocar a una rueda de prensa para exponer públicamente estas preocupaciones y exigir que los permisos ambientales en Yucatán se otorguen conforme a derecho y sin irregularidades.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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