Empresarios Inmobiliarios son Acusados de Despojar de Tierras a Ejidatarios de Baca

Redacción / CAMBIO 22

Ejidatarios del municipio de Baca, Yucatán, ubicado a 31.2 kilómetros de Mérida, se encuentran en una lucha constante para defender sus tierras de cultivo y uso común del despojo y desmontes perpetrados por empresarios inmobiliarios. Los pobladores, dedicados a la apicultura y al cultivo de henequén, pitahaya, limón y hortalizas, denuncian que la estrategia de los empresarios consiste en ingresar maquinaria pesada a los predios, argumentando supuestas posesiones legales, para luego presionar a los ejidatarios a ceder.

El pasado 21 de junio, la entrada de maquinaria a las tierras conocidas como “San Cayetano” para derribar albarradas y desmontar el predio evidenció la intensificación del conflicto. Uno de los principales señalados es el empresario Pedro Solís Millet, quien encabezó esta última acción. Los ejidatarios confrontaron a los operadores de la maquinaria, quienes admitieron haber sido enviados por Solís Millet.

Tras el incidente, ejidatarios acudieron ante el juez de paz el 27 de junio, donde también compareció el representante de Solís Millet. Se acordó una visita al predio para verificar los daños y que el empresario asumiría la reparación, lo que representó un pequeño triunfo para la defensa de la tierra.

Las y los ejidatarios señalan la posible complicidad de autoridades ejidales en estos despojos, argumentando que la maquinaria pesada ingresa a las tierras sin que se haya realizado el pago correspondiente a los campesinos.

El intento de despojo no es reciente. El 3 de octubre de 2024, Pedro Solís Millet ya había intentado que 167 hectáreas de las parcelas Santa Anita y Kabcanchén fueran reconocidas a su nombre. La Asamblea Ejidal rechazó la solicitud al no presentar el contrato de contraprestación, es decir, la prueba de pago por la tierra. En ese momento, el comisario ejidal era Dagoberto Itzá, y se planteó la expulsión de Solís Millet.

Los empresarios, incluyendo a Solís Millet, buscan convencer al ejido de cambiar el estatus de las tierras de uso común a títulos de propiedad para poder fraccionarlas y venderlas, lo que convertiría a Baca en parte del llamado “boom inmobiliario” de Yucatán. La ley agraria permite este cambio, lo que facilitaría la urbanización y construcción de viviendas, algo no permitido en tierras de uso común.

El modus operandi de Solís Millet y otros empresarios implica pagar individualmente a los ejidatarios por sus terrenos, convirtiéndose en posesionarios, figura reconocida por la Ley Agraria, aunque no posean el certificado de uso común. Sin embargo, el ejidatario que vende no pierde sus derechos de voto en la asamblea, según el Artículo 60 de la ley.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervino el 23 de junio para verificar los daños de deforestación en el plantel Santa Anita. Marcos Aké, otro ejidatario, reportó la pérdida de su cosecha y abejas tras el ingreso de maquinaria en terrenos colindantes.

Los ejidatarios han buscado activamente la expulsión de Solís Millet. El 30 de abril de 2025, solicitaron a la comisaria Rosi Herrera, al secretario Renán Uc, al tesorero Pedro Noh y al Consejo de Vigilancia la convocatoria a una asamblea ejidal, sin obtener respuesta. Posteriormente, acudieron a la Procuraduría Agraria para solicitar su intervención, logrando que se convoque a una asamblea para el próximo 11 de julio, donde la autoridad ejidal deberá rendir un informe sobre la invasión y despojo de tierras relacionadas con Solís Millet.

Adicionalmente, se reportan irregularidades como la instalación de una gasolinera y un corralón en tierras ejidales sin la debida aprobación. Alberto Yáñez Castro es el representante de la gasolinera que, pese a haber sido clausurada en 2023, continúa operando. Los ejidatarios iniciaron un juicio agrario para intentar cerrarla, pero el fallo no les favoreció.

Isidro, uno de los ejidatarios, fue arrestado ilegalmente el 6 de julio de 2021 por oponerse a los trabajos de la gasolinera. Fue trasladado a Progreso y permaneció detenido más de 12 horas, siendo liberado tras interponer un amparo. Denunció abuso de autoridad, y se inició la carpeta de investigación 000747/2024.

Chikri Abimerhi también instaló un corralón en tierras de uso común sin aprobación ejidal, denunciado ante Profepa en septiembre de 2023 por deforestación y falta de licencias. Jorge Alberto Cantú Damián es otro empresario que habría obtenido la clave de un ejidatario fallecido para supuestamente convertirse en ejidatario sin ser descendiente ni pasar por votación.

Pedro Solís Millet está vinculado como socio fundador o integrante de nueve empresas del sector inmobiliario, incluyendo desarrolladoras de fraccionamientos y constructoras. Sus actividades empresariales abarcan el alquiler de oficinas, locales y la construcción de vivienda, así como la supervisión de obras de urbanización.

Fuente: El Congresista

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