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• Necesariamente Incómoda

 

• Graciela Machuca Martínez

 

Redacción/CAMBIO 22

En Quintana Roo siguen asesinando mujeres, los casos de violencia vicaria están a la orden del día, los llamados de auxilio a los servicios de emergencia advirtiendo de violencia doméstica ocupan un porcentaje realmente preocupante todos los meses, sin embargo, la ciudadanía tiene que llevar estos temas a la agenda política estatal, porque las autoridades, a las cuales el pueblo les paga para que atiendan estos temas, no les interesa cumplir con su encomienda, porque su único objetivo es pregonar que la incidencia delictiva va disminuyendo “históricamente” en la entidad.

Al inicio de la semana pasada durante la conferencia del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo la periodista canadiense Avery Haines, volvió a recordar el feminicidio de Kiara Agnew, ocurrido en 2023, así como el cuestionado fallo judicial absolutorio otorgado en 2024 a su pareja sentimental, Ryan Friesen.

En representación de Canadian Television (CTV), Haines comentó que la resolución judicial provocó indignación en Canadá, incluso con protestas frente a consulados mexicanos, pues la víctima fue hallada sin vida en un hotel de la Riviera Maya y el sospechoso estaba a su lado.

En la crónica de Cambio22 se puede leer que la reportera canadiense planteó la pregunta en torno al fallo emitido el 11 de septiembre de 2024, pese a la evidencia recabada durante la investigación. Aroshi de los Ángeles Lugo Arana, fiscal de la Zona Sur y representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) en ausencia del fiscal Raciel López Salazar, confirmó que la Fiscalía ya apeló la sentencia y el recurso fue admitido el 2 de octubre del año pasado, el cual se encuentra en análisis por parte de una magistrada. La Fiscalía sostiene que cuenta con pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado, más allá de la duda razonable que interpretó el juez de primera instancia.

Durante el juicio, según la Fiscalía, se presentaron testimonios, dictámenes periciales y evidencia científica que, a su juicio, acreditan que el procesado privó de la vida a Kiara Agnew mediante golpes. Sin embargo, el Poder Judicial de Quintana Roo resolvió lo contrario.
En torno a la violencia vicaria en Quintana Roo esta semana volvió a presentarse públicamente Grisell Balderas Jonguitud, activista de Playa del Carmen, para reactivar su protesta denominada “Navidad Vicaria” frente a instalaciones del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en Playa del Carmen, la cual inició desde el año 2023 para denunciar las circunstancias que vive desde hace años a consecuencia de una violencia institucional que permite la separación forzada de sus hijos por parte de su ex pareja, a quien califica como su “agresor vicario“, y que ha sido favorecido por jueces y magistrados como Martín Alberto Zetina Zavala y Carlos Lima Carvajal.

Grisell Balderas Jonguitud es víctima de violencia vicaria desde 2020, cuando su ex pareja la denunció con testimonios falsos para alejarla de su hijo Mathías, quien ha pasado cuatro navidades sin su madre.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado se desistió dos veces de la acción penal en su contra por falta de elementos, y de que un peritaje confirma que su hijo declaró que fue su padre quien le indujo a mentir, el juez Martín Zetina Zavala ha ignorado sus peticiones de visita.

El magistrado Carlos Lima Carvajal, hoy en retiro, ha sido criticado por revocar la primera vinculación a proceso por violencia vicaria en Quintana Roo, un caso que fue logrado tras una huelga de hambre de Balderas.

En abril de 2025, Balderas presentó una propuesta legislativa conocida como la “Ley Mathias“, en honor a su hijo primogénito, para tipificar como violencia vicaria la separación forzada de hermanos, tras haber sido testigo del sufrimiento de sus hijos por esta práctica.
Durante el Quinto Parlamento de las Mujeres en marzo de 2025, Balderas reveló que el sistema judicial la llevó al borde del suicidio al entregar a su hijo a su ex pareja, al ser favorecido por autoridades judiciales de Quintana Roo.

Este viernes 12 de diciembre, Grisell Balderas Jonguitud cumplió tres días de plantón en el Centro de Justicia para las Mujeres de Playa del Carmen, donde pide la presencia del fiscal general del estado, Raciel López Salazar, para exigirle la pronta atención de una carpeta de investigación abierta en contra de su agresor y expareja.

El miércoles 10 de diciembre, Grisell Balderas Jonguitud inició un plantón indefinido frente al Centro de Justicia para las Mujeres de Playa del Carmen, donde denunció una vez más, que su expareja, Edén “B”, ha sido favorecido por el sistema judicial a pesar de haber sido vinculado a proceso por violencia familiar y sustracción de menores.

Durante el segundo día de protesta, Balderas denunció públicamente actos de corrupción en el Poder Judicial de Quintana Roo. Acusó al juez de control familiar Martín Alberto Zetina Zavala de vender depósitos judiciales de menores por 80 mil pesos y de actuar en contubernio con una abogada conocida por traficar con custodias. Reiteró que su hijo Mathías ha sido separado de ella por decisiones judiciales que ignoran pruebas de manipulación infantil.

El tercer día de su protesta informó que su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. También adelantó que el próximo domingo 14 de diciembre se desarrollará una audiencia penal clave durante la cual se presentarán pruebas contundentes a su favor. Hizo un llamado a otras madres afectadas por el juez Zetina Zavala a sumarse al plantón.

De acuerdo a información difundida por la víctima, su caso es el claro ejemplo de todo lo que está mal en el sistema judicial de Quintana Roo, plagado de corrupción, negligencias y omisiones:

Años 2010 a 2013: Su agresor Eden B. la maltrató, la violó, la corrió de la casa con Mathias siendo bebé y la golpeó a ella y a su hijo Mathias a patadas. La Fiscalía ni siquiera investigó la denuncia de violencia familiar.

⁠Años 2013 a 2020: sufrió todas las violencias que tienen que soportar las madres autónomas cuando se separan. Grisell soportó durante 8 años la violencia de un deudor alimentario que la amenazaba sin cesar con quitarle a su hijo Mathias y la violencia institucional del Poder Judicial que nunca protegió a Mathias.

⁠Año 2020: inicia la violencia vicaria extrema cuando el agresor de Grisell desapareció a su hijo Mathias durante 1 mes, ella denunció la sustracción y retención pero la fiscalía no hizo absolutamente nada y le negaron Alerta Amber pero ella con ayuda de la comunidad playense localizó a su hijo, lo rescató pero el Poder Judicial junto con la Fiscalía le quitaron a su hijo Mathias y lo encerraron en la Procuraduría del DIF. Grisell vuelve a exigir justicia ayudada por su abogado y una periodista hasta que logra rescatarlo nuevamente y se resguardan como familia en San Luis Potosí de donde ella es originaria.

⁠Año 2021: El Poder Judicial de Quintana Roo criminaliza a Grisell, la vinculan a proceso por violencia familiar en contra de su propio hijo Mathias a quien ha protegido siempre y la obligan a regresar, ella mantiene en resguardo a Mathias para que no lo vuelva a desaparecer su agresor.

Año 2022: Bajo extrema violencia institucional y procesal del Poder Judicial y de la Fiscalía de Quintana Roo en contra de Grisell, su agresor aprovecha para ir por Mathias, lo arrebata una vez de su lugar seguro y lo vuelve a desaparecer durante 6 meses. Las autoridades de Quintana Roo lo protegieron y lo ayudaron.

⁠Año 2023: Grisell ayudada por su Abogada feminista, logran la vinculación a proceso de Eden B. por el delito de incumplimiento de obligaciones y por el delito de violencia vicaria pero ese mismo año el Poder Judicial nuevamente protege al agresor de Grisell y le quita ambas vinculaciones a proceso induciéndola a ella a la ideación suicida y dejándola en absoluta indefensión.
A Grisell únicamente le dieron visitas supervisadas de 1 hora en CECOFAM Playa del Carmen, a pesar de que ella y sus hijos son las víctimas pero en Quintana Roo ha quedado claro que se protege al verdadero criminal y liberan al delincuente.

⁠Año 2024: Grisell, junto con su hijo menor Carlo, se refugian en su comunidad cristiana y entran de manera permanente a terapia psicológica por las graves afectaciones que ambos han sufrido durante la judicialización de sus vidas. Durante todo el año Grisell y su hijo Carlo sólo veían a Mathias 1 hora a la semana en videollamada; Mathias ya muestra grave afectación psicológica y rechaza con odio a su propia madre. El Poder Judicial mantiene intocable y protege por completo al agresor de Grisell.

⁠Año 2025: El caso de Grisell es admitido por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. donde un equipo de Abogadas y Abogados expertos en Derechos Humanos, ingresan el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de defender a Grisell e impulsar su caso, buscan su libertad y presentan diversas demandas de Amparo para proteger a Grisell y a sus hijos Mathias y Carlo. Surgen pruebas nuevas y es así como Grisell inicia plantón en en Centro de Justicia para las Mujeres para exigir la admisión de pruebas y traslada su plantón a Poder Judicial para exigir la audiencia correspondiente.

Después de 15 años, Grisell ha recorrido un viacrucis para pedir justicia, pero hoy 12 de diciembre de 2025 las pruebas nuevas ya están ingresadas y sustentan esa verdad que las mismas autoridades ya saben: Eden B. es un criminal, un delincuente mentiroso y un narcisista manipulador ayudado por su defensa.

La pregunta es ¿El Poder Judicial y la Fiscalía de Quintana Roo podrán con el paquete tan grande de impartir justicia para las verdaderas víctimas menores de edad Mathias y Carlo y para su madre Grisell? Eso lo sabremos en unos días cuando el juez penal de la audiencia nos demuestre de qué está hecho y para que sirve el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

 

 

 

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