Agiliza el Gobierno de Quintana Roo la Legislación Estatal Contra la Extorsión

• El Congreso del Estado recibió iniciativa de la gobernadora para expedir la Ley Estatal contra este delito, así como para reformar el Código Penal y las leyes de la FGE y de Seguridad Ciudadana, a fin de armonizarlas con la Ley General recién decretada 

• Después de su promulgación, se tendrán tres meses para establecer un consejo y una fiscalía especializada, así como seis meses para bloquear comunicaciones ilícitas desde los penales, presentar una estrategia contra el delito y poner en marcha un centro de denuncias

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 9 de diciembre.- Aunque el decreto de expedición de la Ley General en la materia dio a las entidades federativas seis meses para armonizar su legislación, el gobierno del estado de Quintana Roo agilizó el proceso para adaptar las normas estatales a las nuevas disposiciones vigentes en toda la nación para el combate del delito de extorsión.

Para eso, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, presentó la iniciativa por la que se expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado y se reforman el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y de la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado, misma que fue admitida y turnada a comisiones por la XVIII Legislatura local el lunes en sesión nocturna.

La iniciativa explica que agiliza la armonización de normas penales, administrativas y de coordinación interinstitucional “con el fin de atender de forma urgente y efectiva la creciente problemática de la extorsión que afecta a la población”, porque la armonización no es sólo un mandato constitucional sino una necesidad urgente, ante la magnitud del daño social que este delito provoca.

La nueva ley estatal se emite para contar con un régimen propio coherente y compatible con los parámetros nacionales, que regule los mecanismos de prevención, investigación, persecución y coordinación que seguirán las autoridades locales, acordes con las obligaciones que impone la legislación general, al mismo tiempo que se respeta la distribución de competencias determinada por el Congreso federal.

Como parte de esas medidas, obliga a la SSC a establecer una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión y crea un Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión, presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo e integrado por las personas titulares de las presidencias de la Legislatura y del Tribunal Superior de Justicia, presidentes y presidentas municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE), diversas secretarías y organismos del gobierno del estado, incluyendo Turismo, Desarrollo Económico y Movilidad, y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, para dar seguimiento a la estrategia.

También se derogan los tipos penales de extorsión previamente existentes en el Código Penal estatal, para remitirlos a las conductas, sanciones y agravantes previstas en la Ley General; y en la Ley Orgánica de la FGE se crea la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, separándola de la actual que también está especializada en secuestro.

Asimismo, en la Ley de Seguridad Ciudadana se hará obligatorio para los centros penitenciarios la implementación de tecnologías que impidan la emisión y recepción de señales de telefonía, radiocomunicación o transmisión de datos desde su interior, y revisar periódicamente que las personas privadas de la libertad por el delito de extorsión no cuenten con acceso a medios como teléfonos celulares o medios electrónicos, así como realizar auditorías, a efecto de bloquear las comunicaciones ilícitas desde los penales, que son una de las fuentes más frecuentes de las extorsiones.

También se crea el Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, el cual tendrá por objeto implementar los mecanismos y procedimientos para la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de las denuncias por la posible comisión de ese delito, así como fortalecer los mecanismos de vinculación con la ciudadanía para orientar e informar a la población de las acciones que deben realizarse para la prevención de este delito, fortaleciendo el vínculo de confianza entre ciudadanía y autoridades.

Cabe mencionar, sin embargo, que a partir de ahora ya es no es necesario presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público para que la Fiscalía investigue los casos de extorsión, pues conforme a la Ley General el delito se perseguirá de oficio, por lo que sólo bastará con reportarlos.

A partir de que se apruebe el decreto de esta ley y sus reformas, a más tardar en tres meses deberá instalarse el Consejo Estatal e integrarse la Fiscalía Especializada, mientras que la SSC tendrá hasta seis meses para presentar la Estrategia Estatal y poner en operación el Centro de Atención de Denuncias, lo mismo que para establecer los procedimientos y tecnologías para bloquear e impedir las llamadas y mensajes de extorsión desde los penales.

franciscohcambio22@gmail.com

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