Imoveqroo Intenta Contener Crisis por Licencias Apócrifas

• Las explicaciones oficiales profundizan las dudas.

• Hernández Kotasek aseguró que, conforme a la información disponible, ningún empleado del Imoveqroo está bajo investigación, al tratarse —según él— de hechos ocurridos en otra entidad.

Redacción/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 8 de noviembre. – La revelación de presuntas licencias de conducir apócrifas vinculadas al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) mantiene encendidas las alarmas entre la ciudadanía, aunque el titular del organismo, Rafael Hernández Kotasek, insiste en minimizar la gravedad del caso. De acuerdo con su declaración, la Fiscalía General del
Estado (FGE) ya investiga los hechos luego de que el caso fuera turnado a la instancia ministerial por haber ocurrido fuera de Quintana Roo.

Sin embargo, el funcionario no explicó cómo puede asegurar que ningún trabajador del instituto esté involucrado, pese a que la sospecha surge precisamente por presuntas irregularidades vinculadas a la expedición de documentos oficiales y que algunos “participantes” señalan directamente a ciertos trabajadores del instituto.

Hernández Kotasek aseguró que, conforme a la información disponible, ningún empleado del Imoveqroo está bajo investigación, al tratarse —según él— de hechos ocurridos en otra entidad. Afirmó además que el sistema de licencias vigente en Quintana Roo está certificado y es seguro, y que cualquier documento irregular sería fácilmente detectado en aeropuertos u otros puntos de verificación.

No obstante, estas declaraciones no han logrado disipar la desconfianza ciudadana, ya que la problemática no radica en la detección posterior del fraude, sino en el origen institucional de los documentos falsos.

El intento de amortiguar el impacto público continuó cuando el titular del Imoveqroo señaló que los recientes movimientos internos en el instituto no tienen relación con este caso, incluyendo el cambio de Violette Eljure Eljure, quien encabezaba la Dirección de Control de Licencias y Enlace con Municipios y Agrupaciones.

Esta explicación contrasta con el contexto de señalamientos ciudadanos y reportes previos sobre presuntas prácticas de corrupción dentro del área encargada de emitir licencias de conducir, lo que ha alimentado la percepción de que los cambios administrativos buscan desviar la atención más que transparentar responsabilidades.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que un funcionario intenta restar importancia a la crisis. El pasado 20 de noviembre, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, también trató de minimizar la situación al enfrentar denuncias de ciudadanos que aseguraron que trabajadores del Imoveqroo ofrecían licencias sin exámenes y sin acudir al módulo por hasta 1,800 pesos.

A pesar de la contundencia de los testimonios, la funcionaria insistió en que los ajustes operativos eran simples “dinámicas internas”, una narrativa que ha sido recibida con creciente escepticismo dentro y fuera del sector transporte.

La combinación de licencias apócrifas, movimientos administrativos poco claros y respuestas oficiales que buscan despresurizar la polémica sin ofrecer datos verificables dibuja un deterioro institucional que no puede pasarse por alto. La ciudadanía espera que las investigaciones de la FGE no se queden en la superficie y que se esclarezca si existe, o existió, una red operando desde el interior del Imoveqroo.

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