Campesinos Denuncian “Traición Histórica” del Congreso con Nueva Ley General de Aguas

• Productores acusan que la reforma cancela derechos al campo y beneficia a cerveceras y embotelladoras

• Alertan colapso productivo, mayor dependencia de importaciones y abandono presupuestal al sector agrícola

Redacción / CAMBIO 22

Tras la aprobación de la Ley General de Aguas, analizada en el Congreso (por las Cámaras de Diputados y de Senadores), los campesinos, agricultores y transportistas acusaron a los legisladores de “traición“, por la aprobación de esa nueva acción legislativa en contra de los sectores productivos de alimentos y por la preferencia que ofrece el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, a las importaciones de granos y otros alimentos, en lugar de promover su producción en el país.

El Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo de México, en todo momento exigieron diálogo directo con las instancias gubernamentales sin intimidaciones, lo cual fue evadido con una serie de argumentos que, finalmente, concluyeron con sus propósitos de optar por la cancelación de derechos por los servicios de agua para la agricultura, la ganadería y la agroindustria campesina, para optar por conceder esos derechos a industrias como la cervecera y las embotelladoras de refrescos.

Hoy, el gobierno morenista vuelve a traicionar al pueblo de México, con ese “eslogan” de “primero los pobres”; sin embargo, en el caso de la Ley General de Aguas, se evidencia que, “primero están los intereses de los ricos”. Esta nueva Ley perjudica en gran medida a los ejidatarios que poseen entre una y tres hectáreas con el servicio de agua para riego. También perjudica a los comuneros, quienes sólo poseen parcelas no mayores a una hectárea. Esta legislación, igualmente, daña la economía de agricultores con posesiones de entre 10 y 15 hectáreas de riego. Todas estas nuevas relaciones entre los pequeños y medianos productores del campo con las instancias del gobierno, pueden ser muy significativas para productores de maíz, sorgo, trigo y avena.

Este nuevo esquema, se complicará para los campesinos del país, por la entrada de algunos servicios institucionales que requieren los productores del campo, como son servicios financieros a los bancos, el pago de la energía eléctrica y el predial. De acuerdo con los morenistas del gobierno, esta modificación de la Ley, afectaría la economía de los acaparadores de agua, quienes lucran y monopolizan la extracción y distribución del agua, lo cual es falso para el caso de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.

“Los que más dinero tienen, argumentan los ejidatarios, son los empresarios agroindustriales que concentran el agua, lo cual no ocurre con regiones como el sur, sureste, como Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas”.

Con relación al ejercicio del presupuesto federal, el que se destina al campo ha perdido alrededor del 50 por ciento, comparado con el respectivo de 2017, lo cual se manifiesta en reducción de la productividad como resultado de falta de servicios institucionales, como distribución de fertilizantes, agroquímicos, comercialización de las cosechas y precios castigados, en particular de maíz, frijol, trigo y arroz.

Por otro lado, la importación de maíz, por referirnos al principal grano de consumo popular y como elemento forrajero para el ganado, ha aumentado de manera extraordinaria. Por cada tonelada de maíz que se consume en México, alrededor de 700 kilogramos se importan. Eso obliga al Gobierno de la República a un creciente desajuste de la balanza alimentaria mexicana.

Así, la nueva Ley General de Aguas obligará a los usuarios a invertir cada vez más en sistemas de modernización. Esto, a pesar de que no existe, por iniciativa del gobierno, esquema alguno de financiamiento oficial. Desde el inicio de la administración anterior, el gobierno federal ordenó desaparecer la única institución que aún funcionaba de administraciones anteriores, como fue la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, mientras que el FIRA, del Banco de México, desapareció del escenario crediticio para el desarrollo de actividades primarias.

En cuanto al avance de la tecnología para el fomento de la agricultura, dejó de ser una prioridad para el desarrollo del campo, de la ganadería, de las actividades forestales y de la agroindustria. En las regiones del Centro, Sur y Sureste, se practica una agricultura ancestral, como es la de tracción animal. Maquinaria no existe ni el gobierno la promueve. Bueno, los productos de esas regiones, aún se fomentan y se cosechan, con la mano de obra campesina. Eso no lo saben la Presidenta, ni los senadores ni los diputados, Sólo han aprendido a crear leyes que castigan el desarrollo y fomento de la alimentación que todos consumimos.

EL CAMPO MEXICANO CONTINUARÁ REZAGADO

El Gobierno de la República, en particular el recién pasado y el de ahora, en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, mantienen rezagado el presupuesto federal para el campo mexicano. Los recursos destinados a ese efecto en el presente año, se fijaron en 75 mil millones de pesos, lo cual significa menos del uno por ciento del gasto público total. Sin embargo, los programas sociales, tienen un total asignado, de 987 mil millones de pesos, casi un billón de pesos. Esto significa que el gobierno invierte 12 (doce) veces más en asistencialismo, que en fomento a la producción de alimentos.

Fuente: En Pocas Palabras

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