Un Informe Revela que Tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya Agravaron los Daños Ambientales y Elevaron los Índices de Violencia en la Península de Yucatán
5 Dic. 2025
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Los hallazgos del informe Misión Civil de Observación sobre impactos del Tren Maya determinaron graves e irreparables violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, a los derechos indígenas y a los derechos de la naturaleza
Redacción / CAMBIO 22
El Tren Maya, megaproyecto emblema del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo anunció desde 2018 e inició su construcción en junio de 2020, ya presenta impactos socioambientales significativos e irreversibles que fueron documentados por la “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya” en Quintana Roo y Campeche, específicamente en los tramos 5, 6 y 7.
Entre los hallazgos que recabó la Misión Civil de Observación destaca un incremento en la violencia criminal e institucional en el territorio. Un ejemplo de esto ocurre en los tramos del sur, donde previamente predominaban territorios rurales con bajo índice delictivo.

De acuerdo con las organizaciones responsables del informe, las disputas criminales se concentraban en las ciudades turísticas de Cancún y Playa del Carmen, pero a partir de la construcción y operación del Tren Maya ahora alcanzan a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.
La Misión Civil de Observación destaca que la ocupación militar ha incrementado la percepción de inseguridad e impunidad en la Península de Yucatán; las violencias sociales y de derechos humanos que documentó fueron presentadas en un informe que elaboraron organizaciones, como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, las defensoras de Carrillo Puerto, Quintana Roo.
También estuvo presente el trabajo de Cenotes Urbanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, los centros de derechos humanos Frayba y 3, Kanan Derechos Humanos, Greenpeace México, Jaltun, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) y el Colectivo Cantukun de Kinchil.
A los recorridos para realizar el informe también se sumaron Alicia Castellanos y Carlos Rodríguez, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Giovanna Gasparello del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y, como observadores, integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tren Maya generó una irreversible degradación ambiental
La Misión Civil de Observación dio seguimiento a la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la que se identificó al caso como Megaproyecto Tren Maya.
En su momento, la octava audiencia local del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza evaluó la implementación del proyecto de transporte ferroviario que planteó un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán; se advirtió la destrucción y degradación ecológica de los ecosistemas, así como el bienestar de los pueblos maya y la sustentabilidad de sus culturas y territorios ancestrales.
En la sentencia que dictó el tribunal se responsabilizó al Estado mexicano por la violación de los derechos fundamentales de la naturaleza y del pueblo maya, así como el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas.
La misión evidenció en su informe que también las obras paralelas a la construcción y operación del megaproyecto han generado una extendida, irreversible y acelerada degradación ambiental.
La deforestación de más de 11 mil hectáreas de selva, la fragmentación de ecosistemas, la perforación y destrucción de cenotes y cavernas, la alteración de humedales, la contaminación del acuífero y la pérdida de hábitat de especies emblemáticas ya son visibles en los tramos 5, 6 y 7 que fueron evaluados. Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna acción de mitigación.

Las organizaciones señalan la actuación irresponsable de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El informe también resalta la importancia de los territorios forestales de la Península de Yucatán, que forma parte de la Selva Maya, reconocida como “el segundo macizo forestal tropical más grande de América Latina”. En él se encuentran los corredores biológicos “Yum Balam-Sian Ka’an-Calakmul” en los que se alojan ecosistemas de importante valor biológico.
La Misión Civil de Observación determinó que los trabajos para instalar las vías del tren, como bodegas, áreas de mantenimiento, caminos de acceso al trazo y bancos de materiales, generaron impactos ambientales irreversibles.
Los impactos se deben a la pérdida de conectividad ecológica por la fragmentación del territorio, la deforestación, la destrucción del hábitat de la flora y de la fauna, el relleno de humedales, y daños causados al sistema hidrológico subterráneo y superficial.
Además, en compañía de expertos del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la misión recorrió los humedales que se encuentran en los alrededores del estero de Chaac, en el municipio de Othón P. Blanco, donde testimonios describieron cómo la construcción de la vía y obras alternas interfirió en los flujos hidrológicos naturales.
Las intervenciones dañaron manglares, lo que generó repercusiones graves. Un ejemplo fueron las inundaciones de 2023 y 2024 que impactaron áreas urbanas y agrícolas en Bacalar, Chetumal y otros poblados del sur de Quintana Roo.

Tren Maya detonó expansión inmobiliaria y turística
En 2018, con el entonces reciente anuncio de la construcción del megaproyecto Tren Maya, la especulación de tierras y la previsión de un aumento en la rentabilidad de los negocios que conectarían con el proyecto emblema de López Obrador “multiplicó, por mucho, los impactos”, advirtió la Misión Civil en su informe.
Las organizaciones señalaron que los cambios apuntan a un aumento en la inseguridad para la población de la Península de Yucatán; en materia de impacto social documentaron que el cercamiento del espacio público, la enajenación de lugares y actividades, y la incomunicación de la población local son parte de las consecuencias determinadas por la presencia militar en los territorios atravesados por los tramos 5 y 6 del Tren Maya.
A lo largo del tramo 7 las organizaciones detectaron afectaciones a la propiedad privada y a las actividades productivas de comunidades rurales, por parte de militares encargados de la construcción del tren.

Lo anterior se documentó con las denuncias que la Misión Civil recopiló en relación con la intrusión de personal militar en predios y parcelas que irrumpió con la ruptura de cercas y el abandono de gran cantidad de desechos y material pétreo en los terrenos cultivados.
Esas acciones dejaron inservibles los terrenos, afectando, directamente, las actividades productivas de los ejidatarios.
Las obras del Tren Maya también trajeron la extracción de grandes cantidades de líquido de los pozos locales, llegando a secar aljibes y jagüeyes. Uno de los casos fue el de habitantes de comunidades del municipio de Calakmul quienes denunciaron la apropiación de agua de esas fuentes por parte de personal militar, sin que existiera alguna mediación para tener el consentimiento de la comunidad.
Las organizaciones advierten del boom inmobiliario en la Península de Yucatán y el Colegio de Ingenieros Civiles señaló que la construcción del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, propiciaron una urbanización irregular y la especulación sobre los precios de los terrenos, la cual ha crecido hasta 400 % desde 2019.
Lo anterior, denuncian las organizaciones, se ha acompañado por la omisa acción de instituciones ambientales.

Otro de los puntos donde se hace evidente el impulso de una urbanización irregular y la apropiación de tierras es el tramo carretero de Cancún hacia Tulum, “con especial dinamismo”, señalan, desde que comenzó la construcción del tren.
Lo anterior se debe a que se creó un corredor para la especulación inmobiliaria entre la Carretera Federal 307 y las líneas férreas del Tren Maya. Se trata de 57 kilómetros que van de la salida de Playa del Carmen a Tulum, pasando por Puerto Aventuras, Akumal, Chemuyil y Jacinto Pat.
El megaproyecto dio paso a nuevas áreas de inversión inmobiliaria con los 23 kilómetros que van de Tulum al entronque con la carretera al Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. El informe reveló que la urbanización y la especulación inmobiliaria sobre tierras de propiedad social no se encuentran bajo control. Hasta ahora, ni las autoridades federales ni locales han trabajado en esa problemática.
Al contrario, va en aumento la proliferación de proyectos de hoteles, espacios turísticos, condominios, desarrollos inmobiliarios y residenciales, centros comerciales y de servicio en zonas selváticas que carecen de permisos ambientales y licencias de construcción.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entre finales de 2023 y octubre de 2024 se contabilizaron más de 600 proyectos inmobiliarios en la zona.
Fuente: Animal Politico
GPC/RCM





















