• Advierte que hace falta claridad operativa en las nuevas disposiciones para que los prestadores de servicios de hospedaje retengan el Visitax y para que los propietarios de inmuebles contribuyan al financiamiento de las obras en la Zona Hotelera de Cancún 

 

  • Advierte que hay aumentos de tarifas en Registro Público de la Propiedad, Catastro y Registro Civil 

 

  • Asimismo, que se crea la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales como comprobante para operación y trámites

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 4 de diciembre.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo advirtió que el Paquete Fiscal 2026 del Gobierno del Estado contiene cambios que requieren mayor claridad operativa, porque generan incertidumbre entre los contribuyentes y los sectores involucrados.

En este caso se refiere al nuevo sistema de cobro del Derecho a Visitantes Extranjeros Visitax y a las contribuciones que tendrán que realizar los propietarios de inmuebles para pagar las obras públicas que se realizarán en la Zona Hotelera de Cancún, propuestas en las que considera que existe opacidad y generan preocupación.

Sobre la disposición de que el Visitax deberá ser retenido directamente por hoteles, anfitriones y plataformas de hospedaje, que tendrán la obligación de solicitar al visitante la acreditación del pago y de enterarlo al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) de manera mensual.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la asociación civil, señaló que esta medida genera incertidumbre, al convertir a los hoteleros en un ente recaudatorio sin facultades fiscales, lo que podría afectar la transparencia y operación del proceso.

Explicó que la supervisión de pagos, validación de comprobantes y retenciones mensuales complicarían la operación diaria de los centros de hospedaje, además de generar fricciones con visitantes que desconocen los procedimientos tributarios locales.

Asimismo, el Observatorio Legislativo menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó recientemente un cobro similar en Puerto Vallarta, Jalisco, al considerar que carecía de certeza jurídica por su falta de precisión, ya que no existía un servicio concreto que justificara el cobro de un derecho.

Aunque no implica un impacto directo en la legislación de Quintana Roo, sí representa un precedente que podría influir en futuras revisiones, por lo que pidió al Congreso del Estado revisar con detalle las reformas para evitar inconsistencias constitucionales.

El Observatorio menciona que, aunque no se aumenta la tarifa del Visitas, pues se mantiene en 2.50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes ahora a 283 pesos, con esta modificación el gobierno del estado proyecta una recaudación superior a los 4 mil millones de pesos por concepto de Visitax en 2026, muy por encima de los mil 392 millones estimados para 2025.

Sin embargo, cabe hacer la precisión de que los 4 mil millones de pesos considerados en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado no corresponden exclusivamente al Visitax, sino también al Derecho a Cruceristas, de 5 dólares por pasajero de cruceros, porque ambas tarifas está incluidas en los derechos por uso de bienes de dominio público del estado.

En este sentido, todavía falta que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) precise al Congreso a cuánto ascenderá la recaudación del Visitax con el nuevo sistema de cobro, tomando en cuenta que con las formas directas actuales hasta septiembre pasado sólo se habían recaudado 268 millones 79 mil pesos, porque sólo una minoría de turistas lo paga.

Por otra parte, aunque la reforma a la Ley de Hacienda dice que los ingresos del Visitax se destinarán a fondos para promoción turística y control de crisis, control de sargazo y limpieza de playas y proyectos estratégicos de turismo, el Observatorio Legislativo consideró que no se detallan mecanismos claros para garantizar el uso final de estos recursos y que la información disponible en la iniciativa es insuficiente para evaluar la pertinencia y eficiencia del esquema.

Sobre las Contribución de Mejoras de Zonas Prioritarias de Gestión Turística Sustentable, que se aplicará para que los propietarios de inmuebles de la Zona Hotelera de Cancún paguen las obras públicas de su mantenimiento y mejora, afirmó que el esquema carece de parámetros claros para determinar el monto que deberán cubrir los propietarios.

“No se explica cómo se calculará la aportación entre propietarios ni qué mecanismos de participación ciudadana validarán proyectos y presupuestos”, advirtió, aunque la iniciativa dice que la aportación dependerá del valor de los inmuebles en la zona que se beneficiarán con la obra correspondiente.

El Observatorio Legislativo también advirtió de que se promueven nuevas responsabilidades fiscales para los contribuyentes cautivos de Quintana Roo.

Tal es el caso de las empresas, a las que a partir del 2026 se les exigirá la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales (COFE) para su operación y trámites, documento que sustituirá a la

Licencia de Funcionamiento Estatal, que se elimina.

La constancia será emitida digitalmente por el SATQ y que servirá como comprobante de cumplimiento para trámites y obligaciones de carácter estatal.

También hay incrementos en la Ley de Derechos a tarifas de servicios, además del aumento anual automático que tendrán por estar tasadas en UMAs.

En este caso están trámites del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Catastro y el Registro Civil.

Asimismo, en materia del Impuesto sobre Nóminas se introducen responsabilidades solidarias entre contratistas y empresas locales en obras especializadas, además de nuevas obligaciones de aviso y registro.

También están las modificaciones al Registro Único Estatal de Control Vehicular, que quedaría bajo control del SATQ junto con la emisión de permisos temporales para circular sin placas, facultad que se retira a las direcciones de Tránsito del estado y los municipios.

El Observatorio Legislativo de Quintana Roo consideró que algunas reformas incluyen elementos positivos de modernización digital, pero también advierte que varios apartados requieren mayor claridad operativa para evitar incertidumbre entre contribuyentes y sectores involucrados

 

 

 

cambio22chetumal@gmail.com

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