Antes de Cualquier Aumento Debe Garantizarse Mejoras Tangibles en los Servicios
2 Dic. 2025
Esto al considerar que son elementos que impactan directamente en la percepción del turista y en la competitividad global del destino.
Destacó que desde hace meses han venido promoviendo propuestas formales ante la Cámara de Diputados y el Senado, alertando sobre el desequilibrio económico que enfrenta el estado por la creciente demanda de servicios públicos, misma que no es compensada por la asignación federal.
De ahí que sostuvo que el Proyecto de Presupuesto para 2026 contempla únicamente el equivalente al 0.5% del PIB turístico, un porcentaje que, aseguran, no corresponde a la magnitud del aporte económico del sector, el cual supera los 420 mil millones de pesos anuales y del que depende gran parte de la economía nacional.
En su posicionamiento, recordó que el Visitax fue creado durante la administración estatal anterior y no por el gobierno actual.
No obstante, señaló que su implementación ha enfrentado dificultades debido a la pretensión de cobrarlo en instalaciones de carácter federal, como el aeropuerto internacional, lo que ha limitado considerablemente su eficacia recaudatoria.
“No se trata de si el turista puede o no pagar; la realidad es que mientras persistan deficiencias en servicios, saturación vial, problemas de movilidad y rezagos urbanos, no existe justificación para elevar este impuesto”, abundó.
Ante este panorama, Empresarios por Quintana Roo plantó la necesidad de una reforma estructural y propusieron crear un Consejo Nacional Turístico, conformado por instituciones como Banxico, Sectur, la Secretaría de Economía, Nafin, la Secretaría de Hacienda y otros organismos especializados.
Este consejo tendría la función de generar indicadores precisos sobre el verdadero impacto económico del turismo, con el fin de asegurar una distribución presupuestal justa, estratégica y acorde al peso que tiene este sector en la economía mexicana.
El sector empresarial reiteró que están dispuestos a dialogar y colaborar con los gobiernos federal y estatal para construir una política fiscal turística moderna, sostenible y alineada con las necesidades reales de los destinos, siempre que se priorice el fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios que recibe el visitante.
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