La magnitud de esta situación reduce la capacidad de estos países de movilizar los recursos fiscales necesarios para gestionar sus economías durante las crisis, y para desarrollar políticas macroeconómicas eficaces y formar capital humano que fortalezca el desarrollo a largo plazo.
En México, la situación estructural es peor porque la economía descansa sobre una contradicción explosiva: solo 1 de cada 5 mexicanos trabaja en la economía formal, con salarios regulados, seguridad social y pago de impuestos.
El resto sobrevive en la economía informal, o con subsidios del gobierno y pensiones, gracias a remesas de sus familiares en Estados Unidos, o directamente no trabajan y dependen directa o indirectamente de esa minoría productiva.
La tasa de trabajo informal es tremendamente alta. A inicios de 2024 rondaba el 54.5%, un nivel históricamente elevado.
Y esa informalidad implica que muchos trabajadores carecen de prestaciones, seguridad social y estabilidad, lo que disminuye sus ingresos reales y acentúa desigualdades.
Además, la informalidad no es homogénea: afecta con más fuerza a mujeres, a personas con menor escolaridad, a quienes viven en zonas rurales o regiones empobrecidas, lo que reproduce desigualdades estructurales de género, región y clase.
El populismo de la Cuarta Transformación privilegia la entrega directa de recursos o subsidios (pensiones, transferencias, programas sociales) por encima de políticas estructurales que fomenten empleo formal, inversión productiva o creación de empresas sostenibles.
Peor aún, lo hace con una perversa intención electoral para comprar votos creando dependencia de programas sociales sin transformar las bases del empleo.
Es decir, con tal de mantenerse en el poder, mantiene los subsidios y la economía informal como un escape permanente frente a la falta de empleos dignos.
A corto plazo, esto presenta una ecuación fiscal y socialmente insostenible: un país de 130 millones viviendo con la capacidad tributaria real de apenas 25 millones de trabajadores formales.
A largo plazo, imposibilita la creación de un estado de bienestar justo, universal y eficaz.
