El INAH se Pinta de Guinda para Omitir Obligaciones de Ley y no Respetar Derechos de Ejidos y Comunidades

• Necesariamente Incómoda

• Graciela Machuca Martínez

Redacción/CAMBIO 22

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha sido objeto de inconformidades por parte de comunidades y ejidos, principalmente relacionadas con megaproyectos que amenazan su patrimonio cultural, territorial y ambiental. Estas tensiones se han intensificado en el contexto de proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico de Tehuantepec y el Proyecto Integral Morelos, que han generado preocupación por las consecuencias negativas sobre el patrimonio arqueológico, histórico y cultural, así como sobre la vida de las comunidades indígenas y rurales afectadas.

Las comunidades han denunciado que estas iniciativas, promovidas bajo el supuesto de “desarrollo” y “progreso“, han provocado violaciones graves a sus derechos humanos, incluyendo desplazamiento forzado, despojo del territorio, desapariciones forzadas, criminalización y homicidios. Además, se ha señalado un desprecio continuo por parte de las autoridades en la garantía, respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, lo que agrava la conflictividad.

En este marco, el INAH ha sido criticado por su papel percibido como colaborador o pasivo ante estos proyectos, a pesar de que su misión histórica incluye la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible de la nación. Algunos sectores del personal del instituto, especialmente investigadores académicos, han advertido públicamente sobre los riesgos que estos megaproyectos representan para el patrimonio cultural y para las comunidades.

Por otro lado, el INAH ha enfrentado también críticas internas por propuestas de modificación de las condiciones generales de trabajo (CGT) de su personal, que han sido consideradas un retroceso laboral y una amenaza a la autonomía institucional. Estas propuestas, impulsadas por la Secretaría de Hacienda, han sido rechazadas por los sindicatos del INAH, que defienden los derechos conquistados a lo largo de décadas.

En respuesta a acusaciones de nepotismo en la contratación de personal para programas de restauración tras sismos, el INAH ha reafirmado que todos los procesos de selección se realizan bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, evaluando exclusivamente capacidades técnicas y experiencia profesional, y ha descartado cualquier favoritismo.

En conjunto, las inconformidades reflejan tensiones profundas entre el rol del INAH como protector del patrimonio cultural y su percepción como institución que, en ciertos contextos, puede facilitar o no resistir procesos de explotación y despojo que afectan a comunidades y ejidos.

Un caso específico es el que la colega periodista Laura Beytia documento en Cambio 22 este 26 de noviembre, de acuerdo a denuncias de integrantes del Ejido de Morocoy, núcleo agrario que interpuo una demanda contra 10 entes federales por la apropiación indebida de 300 hectáreas enclavadas en las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná, sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario determinó que es el Instituto Nacional de Antropología e Histora (INAH) la única instancia involucrada en este litigio.

La presidenta del Comisariado Ejidal, Sonia Méndez Lile, informó a Cambio 22 que tras darles largas y posponer el desahogo de pruebas, finalmente se realizó la audiencia donde se evidenció que el proceso deberá encausarse hacia el INAH y por lo que los ejidatarios , seguirán luchando para que se les pague lo que les corresponde por la expropiación de sus tierras.

“De los 10 demandados solamente dejaron al INAH, porque cada quien presentó sus escritos diciendo que no les compete y el juez del Tribunal Unitario Agrario determinó que solo el INAH tiene injerencia en el tema y seguiremos presentando pruebas para demostrar que han usufructuado durante más de 20 años tierras que le pertenecen al ejido de Morocoy y que es donde se asientan los centros prehispánicos y ya no sigan siendo perjudicadas 300 hectáreas de las 5 mil 950 que le fueron entregadas al ejido  desde 1970, nosotros lo único que queremos es que nos pague lo justo”, declaró la representante agraria.

El INAH, tomó el control de una gran superficie de tierra que colindaba con los vestigios prehispánicos, pero que son propiedad del ejido desde hace aproximadamente 25 años y sin contar con el aval de la asamblea ejidal, negándose a indemnizar y a llegar a acuerdos con los comuneros y más, al argumentar que cuenta con los títulos de propiedad de la tierra en cuestión, documentos que afirman los ejidatarios, son apócrifos, publica Cambio 22.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha enfrentado críticas por errores y omisiones durante su intervención en la construcción del Tren Maya, principalmente relacionadas con la tardanza en su participación y la posibilidad de que sus acciones no hayan sido suficientes para proteger el patrimonio arqueológico.

Se ha señalado que el INAH fue considerado muy tarde en el proyecto, ya que las empresas concesionarias comenzaron a trabajar sin la presencia de arqueólogos, lo que generó un desfase importante, dado que el instituto es por ley el garante del patrimonio.
Esta tardanza permitió que trabajos como el uso de bulldozers y la apertura de accesos por carreteras federales se realizaran sin la debida supervisión, resultando en la destrucción de cientos de árboles, mojoneras y al menos 20 estructuras arqueológicas, algunas de las cuales fueron saqueadas.

Además, investigadores del INAH han denunciado que, bajo las condiciones actuales, será muy difícil salvar y conservar el patrimonio, ya que, a pesar de que se han descubierto más de 20 mil basamentos, no se han establecido medidas conducentes para su protección, como la declaración de Zonas de Monumentos Arqueológicos, lo que deja el patrimonio sin una protección legal adecuada.

Aunque el INAH afirma que va delante de las máquinas, realizando prospecciones con tecnología como LiDAR y drones, y que ha emitido dictámenes para desviar rutas o proteger sitios, se ha cuestionado la efectividad de estas acciones, especialmente en el tramo 5 entre Cancún y Tulum, donde el sistema de cuevas y cenotes más extenso del mundo está en riesgo.

A pesar de que el juzgado primero de distrito concedió una suspensión provisional de las obras en este tramo, los trabajos con maquinaria continuaron, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad del INAH para actuar con base en datos precisos y no en suposiciones, como han documentado investigadores del propio instituto y de otros centros de investigación tanto del país como del extranjero, así como organizaciones civiles y medios de comunicación.

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