Del Dragon Mart a la Incertidumbre Económica de la Actividad Turística en Quintana Roo

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El desarrollo económico de Quintana Roo sigue al pie de la letra el proyecto que diseñó el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la década de los años setentas, cuando la economía mundial estaba regida por las reglas de la llamada guerra fría y las grandes inversiones requerían la bendición de los Estados Unidos a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

El gobierno de Luis Echeverría Álvarez con el boom petrolero, la propaganda tercermundista y la guerra sucia contra sus opositores a todo lo que daba, diseñó a Cancún como un contrapeso en la captación de divisas, primero porque los proyectos turísticos en la región del Caribe estaban en auge y segundo, porque la OPEP le demostró a México, que a pesar de su potencial en reservas y producción de petróleo, no contaba con la capacidad para autodesarrollar la tecnología que se requería en ese entonces para ser autosuficientes en la producción petrolera.

Fuera del contexto geopolítico y geoeconómico la clase gobernante y empresarial mexicana determinó que podía quedarse con un pedazo del pastel que los inversionistas internacionales habían visto en el Caribe Mexicano, aunque para ello tuvieron que ceder soberanía nacional, vendiendo y casi regalando miles de hectáreas de selva virgen, humedales, playas y estratégicos reservorios de agua dulce.

Para asegurar y garantizar las inversiones extranjeras, Luis Echeverría Álvarez dio instrucciones a su Congreso de la Unión para que creara una entidad federativa más: Quintana Roo.

Incluso, desde antes que Echeverría Álvarez, llegara a la presidencia de la república desde las sedes del poder capitalista ya se había definido el futuro de la población maya que habitaban en el Territorio de Quintana Roo, a él solo le tocó ejecutar el plan y por medio de la fuerza y la muerte, acallar a las disidencias políticas y opositoras al plan económico de los Estados Unidos, incluyendo a sus aliados del llamado primer mundo como Reino Unido, Francia y Canadá.

Cuando la 4T llega al poder en el país y le tocó revisar la viabilidad económica de Quintana Roo con su principal destino turístico en el municipio de Benito Juárez y los recientes en el resto de los demás municipios, se percató que ya no se puede hacer más por impulsar un nuevo tipo de turismo, porque el plan maestro de Cancún se estaba desarrollando a la perfección, los inversionistas se llevan sus ganancias y el gobierno de México se queda con los impuestos, a costa de la destrucción del entorno natural, del bienestar de los pueblos originarios y de la nueva población procedente de otras partes del país convertida en mano de obra barata.

Ni a gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari o el de Enrique Peña Nieto les dio la capacidad o el interés para rediseñar el proyecto turístico de Quintana Roo para que se convirtiera con otros sectores económicos que garantizarán una vida digna para la creciente población de la entidad.

Sin embargo, a Andrés Manuel López Obrador y sus empresarios preferidos, tampoco le apostaron a la diversificación de la actividad económica, del estado pero decidieron destinar miles de millones de pesos del presupuesto que era para salud, educación e infraestructura para todo el país en obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, en lugar de apoyar con infraestructura a sectores como el agropecuario, pesquero y forestal. Le metieron dinero bueno a una actividad económica que va en decadencia por la misma dinámica del mismo sector turístico a nivel global, porque surgen nuevos destinos y hacia allá se van las inversiones y los consumidores de esas nuevas atracciones y la región del Caribe, hoy en día está en apogeo y destinos como Cancún ya están terminando su vida útil como negocio. Desde luego que las causas son múltiples.

Si partimos que el modelo de negocio de Cancún se diseñó desde el extranjero por las esferas de poder económico del entonces bloque capitalista, cuando a Quintana Roo llegó el proyecto del Dragon Mart, ni a los gobiernos federal, estatal y municipal en turno, así como a los empresarios nacionales y extranjeros del sector turístico les interesó aprovechar esa opción de desarrollo económico para no depender únicamente del turismo, como la misma actividad turística fue una opción en la década de los setentas para no depender exclusivamente del petróleo.

Entre los opositores al Dragon Mart estuvieron legítimamente los organismos ambientalistas, que desde años atrás habían venido señalando la destrucción del entorno natural de Quintana Roo (mismos ambientalistas que ahora engrosan las filas en la 4T y permanecen callados, ante la grave destruccion de la selva) por la actividad turística y desafortunadamente, este movimiento de activistas y ciudadanos se sumaron empresarios y políticos para oponerse a ese proyecto económico, porque no formaba parte de su visión empresarial.

Sin embargo, todas aquellas personas que desde las instancias gubernamentales y empresariales se opusieron al Dragón Mart, simplemente no han sido capaces de generar otro proyecto de tal magnitud, porque ni tienen la capacidad ni su interés fue defender al pueblo de Quintana Roo, sino solo sus intereses económicos y políticos del momento.

Cuando Andrés Manuel López Obrador decidió destruir la selva, el suelo y los reservorios de agua dulce para construir su tren, esos políticos y empresarios que se opusieron al Dragon Mart y utilizaron la protección del medio ambiente para justificar su negativa, nunca se aparecieron para exigirle a la 4T suspender sus obras ecocidas.

El proyecto Dragon Mart contó con apoyo inicial de figuras priistas como Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, pero dentro del mismo PRI y de los llamados partidos de oposición en ese entonces surgió la oposición, incluyendo al gobierno federal.

Graciela Saldaña Freire, diputada federal del PRD por Quintana Roo, fue una de las principales promotoras del punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para cancelar el proyecto. Denunció violaciones ambientales, urbanas y el riesgo para la economía local.

Rodrigo González Barrios, diputado federal, también advirtió sobre los impactos ambientales, especialmente por la excavación masiva de material pétreo en el terreno.

Julian Ricalde, entonces alcalde de Cancún, declaró que el proyecto no contaba con los permisos municipales necesarios, lo que generó dudas sobre su legalidad local, pero su oposición fue sin fundamentos, a tal grado que fue incapaz de proponer un proyecto que diversificara la actividad económica de Cancún.

El Dragon Mart Cancún fue un proyecto comercial anunciado en 2011, planeado en el predio “El Tucán”, a 19 km de la zona hotelera de Cancún, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Inspirado en el exitoso Dragon Mart de Dubai, su objetivo era convertirse en un centro logístico y comercial de talla internacional, especializado en la exhibición y venta de productos chinos, pero también abierta a empresas de otros países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Latinoamérica. Buscaba aprovechar la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Cancún para servir como puerta de entrada al mercado de América del Norte y Latina.

El proyecto fue impulsado por la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún, S.A. de C.V., cuyos principales promotores fueron empresarios mexicanos vinculados al entorno del expresidente Vicente Fox. Entre ellos destacaron Juan Carlos López Rodríguez (director general y representante legal), Carlos Castillo Medrano (cuya familia era dueña del terreno) y socios del Grupo Monterrey.

Aunque inicialmente se habló de una inversión china mayoritaria, los promotores afirmaron que el capital era 90% mexicano y 10% extranjero. El socio extranjero era Chinamex, una organización de promoción comercial del Ministerio de Comercio de China, con una participación del 10% en el capital. La promoción en China estaba a cargo de Chengkai (Beijing) Investment Co Ltd, una empresa privada china contratada por el consorcio mexicano.

Recordemos que este proyecto generó una fuerte oposición desde sus inicios, liderada por varios sectores: cámaras como Concamin, Canacintra y el CCE temían una competencia desleal y prácticas de dumping. Argumentaban que la llegada masiva de productos chinos a bajos precios, con posibles exenciones fiscales, amenazaba la industria nacional, especialmente sectores como el calzado en Guanajuato y la textil.

En el puerto de Mariel, Cuba, en la segunda década del Siglo XXI, inversionistas brasileños retomaron parte del proyecto y los fusionaron con la actividad portuaria, sin embargo, voceros de los inversionistas consideran que el proyecto alcanzará su viabilidad financiera hasta el año 2042, debido a los bloqueos económicos de Estados Unidos a esa isla del Caribe.

Si los gobiernos y empresarios mexicanos no buscan la diversificación económica para Quintana Roo, un proyecto como Cancún, diseñado en a finales de los años sesentas del Siglo XX, sólo será un bello recuerdo para el 2042.

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