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Renán Gabriel Castro Hernández/ CAMBIO 22

En la península de Yucatán, la Sedena ha extendido su poder más allá de la seguridad controla agencias de viajes, aerolíneas militares, aeropuertos y trenes turísticos, así como hoteles, estaciones de gasolina y museos bajo su gestión.

Esta articulación de servicios implica que los visitantes pueden volar en aerolíneas militares, hospedarse en hoteles operados por el Ejército, cargar combustible en sus estaciones y recorrer sitios arqueológicos bajo su vigilancia, consumiendo alimentos producidos por el propio aparato castrense.

Detrás de esta red de negocios está el consorcio militar GOMM (antes GAFSACOMM), que según registros oficiales detenta el control de empresas que administran y explotan los aeropuertos de Palenque, Chetumal, Tulum y el propio Tren Maya.

La CCIS cuestiona por qué un Ejército dedicado a la defensa tradicional adopta “modelos de negocios capitalistas” y exige saber a dónde van las ganancias de estas corporaciones, pues el gobierno no ha dado explicaciones sobre esos beneficios económicos.

💡 Sabías Que… la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS) es una de las voces más críticas en el análisis de políticas públicas en México?

Esta asociación no solo se dedica a fortalecer la cohesión social y la participación ciudadana, sino que también funge como un riguroso observatorio.

 

Por ello, la CCIS ganó relevancia al publicar informes que subrayan que el actual modelo de negocios militarizado en el país plantea graves dudas sobre el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte del Estado, poniendo en el centro del debate la transparencia y el impacto de los proyectos gubernamentales en el territorio.

 

Sedena impulsa negocios en turismo, transporte e infraestructura

En la península de Yucatán las fuerzas armadas se han vuelto actores clave en la economía regional, las empresas militares financiadas y controladas mayoritariamente por Sedena abarcan múltiples sectores:

• Turismo: Sedena maneja una agencia de viajes propia y ha construido seis hoteles de 3 y 4 estrellas a lo largo de la ruta del Tren Maya, administra aerolíneas y aeropuertos (Felipe Ángeles, Palenque, Chetumal, Tulum) y opera estaciones de servicio que abastecen a sus propios vehículos. En la práctica, los visitantes pueden quedarse en hoteles militares, cargar gasolina en los surtidores del Ejército y comprar boletos de tren en sus taquillas.

• Transporte e infraestructura: Además del Tren Maya, el Ejército participa en la construcción y operación de caminos, carreteras y estaciones ferroviarias. Las empresas militares controlan las concesiones para expandir y mantener aeropuertos y rutas prioritarias, obteniendo permisos y autorizaciones sin la supervisión civil habitual.

• Energía y servicios: Los proyectos estratégicos en la región (por ejemplo, centrales eléctricas y gasolineras) están vinculados a la corporación militar GOMM. De hecho, Sedena ha construido gasolineras de autogestión en Chetumal, Cancún y Campeche para abastecer sus trenes y unidades, financiadas con más de 300 millones de pesos públicos.

• Vigilancia arqueológica y patrimonio: Los guardianes del patrimonio se mezclan con el ejército, sitios mayas protegidos por el INAH ahora cuentan con supervisión militar; los soldados patrullan zonas arqueológicas y, según reportes, hasta dirigen recorridos turísticos con guías locales a sueldo mínimo.

En conjunto, este ecosistema militarizado crea una experiencia turística completamente en manos de los militares, CCIS advierte que estas decisiones estatales favorecen a GOMM/Sedena frente a la competencia, sin claridad sobre el uso de recursos, en palabras de la propia investigación:

“¿Cómo son usadas las ganancias de GAFSACOMM y de las FFAA? ¿Por qué no ha dado explicaciones al respecto el gobierno federal?”.

 

Irrupción militar: control social, intimidación y violaciones a derechos humanos

La CCIS define la irrupción militar como un proceso donde las fuerzas armadas no solo se despliegan como fuerza de seguridad, sino que se insertan en la estructura y dinámica comunitarias adoptando múltiples roles: patrones, clientes, contratantes, proveedores, vecinos y/o parientes.

En Yucatán, se ha observado que los militares están presentes en las calles, mercados, tiendas y escuelas, a veces con uniforme y armas, a veces camuflados.

Esto implica una vigilancia constante sobre la población, patrullas diarias, campamentos base junto a comunidades pequeñas y señalética militar en carreteras, que revelan un “dominio” territorial castrense.

Este control extendido tiene consecuencias sociales graves, CCIS documenta que la irrupción militar limita el ejercicio de derechos civiles, se ha coartado o imposibilitado el derecho a la libre expresión, a la manifestación y a la reunión pacífica.

Quienes han protestado o cuestionado la presencia militar reportan represalias y hostigamiento.

Por ejemplo, una defensora de derechos en Campeche narró que autoridades estatales “violaron mis derechos a la libre expresión (…) para limpiar la imagen de los soldados” tras una denuncia.

En este clima de miedo, muchas personas evitan hablar o protestar, tienen miedo de ser detenidas, vigiladas o criminalizadas por sus posturas políticas.

La investigación relaciona también este fenómeno con un incremento de violencias específicas contra mujeres.

Feminicidio en Cuartel de la Guardia Nacional Destapa Acoso, Corrupción y Encubrimiento en Medio de su Peor Crisis de Legitimidad

Señala un posible aumento de embarazos no deseados y abusos sexuales ligados a la presencia militar, así como redes de explotación sexual en obra pública.

Se registran casos de acoso e intimidación, una mujer en Calakmul relató que la siguieron en moto y casi fue agredida sexualmente mientras trabajaba.

Estas agresiones refuerzan una sensación de inseguridad que restringe la libertad de movimiento de las mujeres locales.

Por Abusos Laborales y Acoso Sexual, Despiden al Gerente de la Estacion Chetumal del Tren Maya

Entre los casos documentados más graves destaca el asesinato de un campesino en mayo de 2023, en el ejido Constitución (Calakmul), un soldado asesinó a balazos a un trabajador del Tren Maya en el mercado local.

Los pobladores protestaron para exigir su arresto, pues según testimonios el militar intentó inicialmente eludir a las autoridades.

Informes destacan que solo tras horas de protesta, el agresor fue entregado a la fiscalía; mientras tanto, los soldados presentes protegían al presunto homicida en lugar de a la comunidad.

El gobierno estatal aseguró luego que el militar fue detenido y que en ningún momento se intentó proteger al agresor, pero los testigos relataron amenazas posteriores para silenciar a la gente.

Otro ejemplo es el caso de una arqueóloga que en 2022 denunció el robo y destrucción de vestigios por ingenieros militares en la zona, tras difundir su denuncia, fue objeto de persecución por parte de la Guardia Nacional y soldados, patrullajes nocturnos constantes frente a su casa, seguimientos y cateos intimidantes. Estas acciones no solo apuntan a amedrentar a defensores del patrimonio cultural, sino que evidencian tácticas de contrainteligencia militar sobre civiles críticos.

La irrupción militar también ha empeorado las condiciones laborales civiles en las obras públicas, el reporte alerta de reclutamiento de trabajadores en situación vulnerable, falta de seguridad e incluso muertes prevenibles en los tramos del Tren Maya (al menos 64 en total hasta 2024).

Además, los militares han impuesto turnos extensos sin protección, presionando con amenazas a los obreros (como el testimonio de un trabajador obligado a quedarse hasta terminar el tramo, pese a la advertencia de un coronel).

La irrupción militar en la península de Yucatán ha convertido a las Fuerzas Armadas en proveedores de servicios, empleadores y vecinos omnipresentes, al tiempo que limita derechos fundamentales, el modelo de corporativización militar impulsado por la Sedena amenaza la transparencia y la vida comunitaria.

Como concluye el informe de CCIS, esta estrategia comercial del Ejército mediante GOMM/Sedena se realiza “sin que hasta ahora el gobierno federal haya dado explicaciones sobre el uso de los recursos y las ganancias”, queda pendiente que autoridades civiles ejerzan la supervisión correspondiente para proteger la autonomía local, la libertad de expresión y los derechos de los pueblos mayas ante esta creciente penetración militar.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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