Buscan Inhabilitar a 3 Consejeros y 3 Exconsejeros del INE con Denuncia de Morena

• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa radicó el expediente que el turno el Órgano Interno de Control del INE, que reactivó una denuncia de Morena que busca sancionarlos por la decisión de prorrogar la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador

• La decisión puede vulnerar la autonomía del INE para la toma de decisiones en la organización de elecciones libres y auténticas, advierte consejera

Redacción / CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre.- El procedimiento administrativo en contra de tres consejeros y tres exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) fue radicado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se desarrollará un juicio sin precedentes que podría derivar en inhabilitación de la función pública de los implicados, porque la acusación es por infracciones graves.

Dania Ravel, una de las personas denunciadas, dijo que se trata de una acción política más que jurídica que podría afectar no sólo a las consejerías -incluso para cobrar su finiquito laboral-, sino a la autonomía del INE.

El caso se originó en 2021, cuando Morena denunció al entonces consejero presidente, Lorenzo Córdova, así como a Ciro Murayama y Roberto Ruiz, quienes concluyeron su encargo en 2023, al igual que a Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, que actualmente siguen en funciones pero están a punto de concluirlas.

Hace unos meses, el Órgano Interno de Control del INE reactivó el expediente relacionado por la decisión tomada en el Consejo General del instituto de prorrogar la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de insuficiencia presupuestal, causa por la cual Morena los acusó de abuso de funciones.

Finalmente la consulta se realizó por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ravel señaló en entrevista que cada implicado seguirá su línea de defensa, y ante una resolución en su contra la vía de impugnación sería el amparo.

-¿Cómo les afectaría una sentencia de esa naturaleza?, se le preguntó.

-Por supuesto es una mancha en el expediente porque al final de cuentas es una sanción en nuestra función como personas servidoras públicas. Además, hasta donde entiendo también, el manual de procedimientos en materia administrativa del propio INE establece que mientras tangamos un procedimiento abierto en el ámbito administrativo por parte del OIC no podríamos tener una liquidación (los tres concluyen su encargo en abril próximo).

Consideró que la actuación del OIC tiene dos vertientes: la personal, es decir, la afectación en la imagen pública, en el desempeño como servidor público, los gastos y el tiempo invertido para la defensa, así como perjuicios en la autonomía e independencia del INE.

Lo anterior, añadió, porque el proceso no es por una falta como el peculado o nepotismo, sino por una decisión del máximo órgano de decisión del instituto, su Consejo General, por lo cual es más grave el tema.

¿Ven un matiz político en esto?

-Es difícil no ver un matiz político cuando es una decisión que se tomó en un órgano de decisión, que tiene que actuar de manera independiente, autónoma, y que lo que se está cuestionando son los criterios técnicos y operativos de la decisión de un colegiado.

Apenas esta semana el INE compareció al procedimiento de responsabilidad administrativa como tercer interesado.

“Defender la autonomía del INE es un deber”, dijo Ravel, al señalar que es indispensable evitar que las decisiones que toman los consejeros en ejercicio de sus funciones “se conviertan en motivo de investigaciones que inhiban la función electoral y vulneren la confianza ciudadana”.

“Si esta independencia se vulnera – advirtió-, se afecta directamente la capacidad del INE para organizar elecciones libres y auténticas”.

Las acciones del OIC del INE han generado fuertes críticas, pues se percibe que ponen en duda la independencia de los miembros de un órgano autónomo para emitir sus votos.

La actual presidenta del INE, Guadalupe Taddei, también rechazó la posibilidad de que se les pueda investigar por esta razón, y por eso el propio INE ha solicitado ser considerado como tercero interesado en el proceso ante el Tribunal.

Cabe mencionar que, si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa decide sancionar a los consejeros y exconsejeros por una decisión que tomaron en uso de sus facultades como miembros del Consejo General, como la falta imputada es grave serían castigados con hasta 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Hay quien señala que, inclusive, para el caso de los tres que están en funciones se les podría sancionar con la destitución, pero no está claro si el Tribunal tiene esa facultad, porque los integrantes del INE son funcionarios nombrados por la Cámara de Diputados.

(Con información de La Jornada)

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