Actual Poder Judicial en México, semilla del autoritarismo que se viene

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La sociedad mexicana aun está a tiempo de evitar que el autoritarismo se institucionalice como la forma de gobierno y dejé atrás la incipiente democracia que le costó muchas décadas y sangre construir, ya que estamos en el inicio de una época de acciones judiciales fundadas en las órdenes de la clase política gobernante, en lugar de basarse en fundamentos de la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos.

La nueva estructura de los poderes judiciales federal y estatales surgida de una reforma constitucional hecha a modo por la 4T en contra de los principios generales del Derecho y de los intereses del pueblo de México, como es la destrucción del juicio de amparo como instrumento de defensa de la ciudadanía en contra de las arbitrariedades del poder, está dando la pauta para que el Derecho en México sea sustituido por decisiones unilaterales de quienes desde una supuesta izquierda buscan someter por la fuerza al pueblo de México.

Quintana Roo es un ejemplo de la rápida descomposición de los sistemas judiciales estatal y federal para quedar al servicio de los gobiernos surgidos de la 4T, sin que les importe la ética profesional y la autonomía que deben tener los sistemas judiciales en todo el mundo para ser un punto de equilibrio con las acciones del legislativo y ejecutivo.

A muchas de las personas que integran los sistemas de procuración y administración de justicia en la entidad poco les importa la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que el cinismo es una de las facetas que las cacraterizan.

Por ejemplo, la hoy jueza penal en Playa del Carmen, Zeidy Stefany Díaz de la Cruz, durante el año 2020 firmó documentos oficiales como agente del Ministerio Público como licenciada en Derecho sin estar titulada y por ende sin contar con la cédula profesional respectiva.

Fue hasta marzo de 2021 que se tituló como licenciada en Derecho y hasta el mes de noviembre del mismo año la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional, por lo que dentro de la Fiscalía General de Quintana Roo, con el aval de la institución cometió el delito de usurpación de profesiones de acuerdo al Artículo 190 del Código Penal del Estado de Quintana Roo.

El pasado 28 de octubre, la abogada Catalina Saraí Barbosa Poot presentó una denuncia penal en contra de la hoy abogada y jueza, por el delito de usurpación de profesiones y los que resulten en agravio de la fe pública, ya que durante el año 2020 firmó documentos oficiales en su calidad de agente del Ministerio Público, sin contar con la cédula profesional como licenciada en Derecho, como lo mandata la ley.

A pesar de estos antecedentes penales, Zaidy Stefany Díaz de la Cruz, recientemente fue premiada al ser nombra jueza de lo penal en Playa del Carmen, pero como sus actos son avalados por la 4T, este tipo de anomalías cometidas por alguien que debe respetar la ley, pasarán desapercibidos, al menos que desde las altas esferas gubernamentales en Quintana Roo decidan ser congruentes entre los hechos y sus discursos.

De ahí surge una duda compartida socialmente, sobre los pagos que ahora tendrá que hacer esta jueza por los favores recibidos, estaremos pendientes de su actuar y sus sentencias.

Por otra parte, un tribunal federal en Quintana Roo revocó recientemente la suspensión provisional que impedía a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) continuar con la construcción de una casa de descanso militar en la laguna de Bacalar. Esta decisión, tomada por mayoría de votos de los magistrados, permite a los mandos militares del país seguir adelante con las obras a pesar de las preocupaciones por el daño ambiental.

Las personas magistradas federales votaron 2 a 1 a favor de revocar la suspensión original que había sido otorgada por un juez de distrito en abril de 2025.

Quienes votaron a favor fueron Lina Bolio Pasos y Aarón Pereira Lizama. El magistrado disidente, Teddy Abraham Torres López, argumentó que debía prevalecer el derecho colectivo a un medio ambiente sano, circunstancia borrada por la reforma constitucional en materia de amparo aprobada por la mayoría de MORENA y aliados en el Congreso de la Unión.

Organizaciones civiles y ambientalistas, como Greenpeace México y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C., denunciaron que la SEDENA desacató órdenes judiciales anteriores de suspender las obras y han calificado la situación como un “ecocidio“.

La revocación de la suspensión deja el camino libre para que la cúpula militar en México continúe la construcción de la instalación, que ha sido cuestionada por expertos y residentes locales debido al riesgo irreversible para el ecosistema de la llamada laguna de los Siete Colores

Mientras tanto, el periódico Cambio 22 acaba de publicar que de manera deshonesta e irregular, el Poder Judicial de Quintana Roo, bajo el impuesto magistrado Heyden Cebada Rivas, proporcionó información falsa al INEGI que se difundió a través del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2025, lo cual, además, de hacerlo tardíamente, El diario, sostiene que el Poder Judicial del Estado, donde Heyden Cebada Rivas quiere mantener a toda costa un control que la Constitución ya no le otorga, ejerció en el año 2024 un monto de 1 mil 26 millones de pesos, pero reportó al Inegi que fue de 891 millones 200 mil pesos y esta cantidad es la que aparece en el CNIJE.

El colega periodista Francisco Javier Hernández resalta el manejo turbio de la administración del Poder Judicial, pues esta información la reportó luego de que el estado de Quintana Roo fue expuesto como el único del país que no había entregado la información de su presupuesto del 2024 para la fecha de la publicación del censo, que fue el 6 de noviembre.

Destruir en Poder Judicial en México, en lugar de reestructurarlo y fortalecerlo para corregir errores, es una afrenta que la 4T ha cometido en contra de los derechos del pueblo de México, el cual tendrá la última palabra en los comicios que se avecinan.

redaccionqroo@diariocambio22.mx