Congreso de Quintana Roo Turna a Análisis las Iniciativas Ciudadanas Ley Solimán y Ley de Movilidad Sustentable

• Son las dos primeras de cuatro que conforman el paquete Once por Cuatro presentado por ciudadanos de todos los municipios del estado y organizaciones ambientalistas.

• La Ley Soliman busca vincular las leyes en materia de ordenamiento territorial y urbano con el Código Penal, inspirada en el caso del condominio Adamar construido y comercializado sin permisos ambientales en la Bahía Solimán de Tulum.

• La segunda iniciativa propone que los desarrollos urbanos contemplen planes de movilidad.

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 10 de noviembre.- El Congreso de Quintana Roo dio entrada a las iniciativas ciudadanas denominadas Ley Solimán y Ley de Movilidad Sustentable, que forman parte del paquete Once por Cuatro promovido por ciudadanos de todos los municipios de la entidad y las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Santo (DMAS), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cenotes Urbanos.

Las dos iniciativas son las primeras que pasan a trámite legislativo, de un total de cuatro que fueron presentadas desde el 6 de mayo de este año, pero que primero tuvieron que superar la aduana de una revisión de requisitos en la que se verificó que cumplieran con la Ley de Participación Ciudadana.

Las cuatro recibieron el dictamen de cumplimiento de las formalidades de la Ley de Participación Ciudadana el pasado 8 de julio en la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado, pero hasta esta fecha sólo las dos mencionadas recibieron admisión para su estudio y análisis.

La llamada Ley Solimán es una iniciativa de reforma que pide vincular la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  y el Código Penal y modificar la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado, para que se reconozcan la importancia y las consecuencias de los delitos contra el desarrollo urbano, especificando las omisiones y acciones que deben incluirse como delitos por la afectación al desarrollo urbano y el medio ambiente de los quintanarroenses.

La propuesta demanda que los delitos contra el desarrollo urbano señalen las sanciones para los desarrolladores y los servidores públicos que los cometan, como de 4 a 6 años de prisión, por falta de supervisión y del pago de fianzas, pero sobre todo por desarrollos realizados sin permisos o estudio de impacto ambiental, y la comercialización y/o venta y renta de desarrollos de inmuebles sobre áreas en donde no se debe construir o sin las debidas autorizaciones.

Cuando fue presentada, los representantes de DMAS, Cemda y Cenotes Urbanos explicaron que esta iniciativa, que también llaman de Vivienda Digna, se originó en el caso del condominio Adamar en la Bahía Solimán, municipio de Tulum, que era comercializado a pesar de ser construido sin permisos ambientales, hechos que fueron denunciados por DMAS, logrando que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara la obra y que un juez federal ordenara al Congreso del Estado corregir el Código Penal para establecer la sanción para el delito de publicitar un desarrollo inmobiliario sin autorizaciones, misma que había sido omitida en un grave error al momento de crearse el tipo penal.

La iniciativa también establece términos precisos de prórroga y vencimiento para que las obras de infraestructura y urbanización sean entregadas a las autoridades municipales al no cumplirse los plazos que fueron pactados en los proyectos aprobados a los promotores, indicando que la contravención será considerada delito conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Asimismo, propone que los procesos de municipalización puedan iniciarse también de oficio, cuando los promotores de fraccionamientos se encuentren en incumplimiento de la ley, además de ejecutarles el cobro de fianzas.

También pide que los particulares puedan exigir el pago de indemnizaciones cuando sufran daños a sus bienes y derechos, por resoluciones de las autoridades tomadas en materia de acciones urbanísticas como resultado de actividades administrativas irregulares de entes públicos estatales o municipales.

La otra iniciativa que tuvo entrada hoy, la denominada Ley de Movilidad Sustentable, propone la reforma de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de obligar al estado y los municipios a contar con planes de movilidad antes de la aprobación de instrumentos de ordenamiento urbano, a fin de que dichos instrumentos consideren la movilidad en los usos de suelo que se asignan.

Con la modificación se busca que los programas de desarrollo urbano y fraccionamientos o desarrollos inmobiliarios contengan planes de movilidad que pongan en primer lugar a los peatones, así como un transporte masivo limpio, equitativo y con rutas adecuadas, a fin de aumentar la eficiencia y seguridad de los desplazamientos de los habitantes.

franciscohcambio22@gmail.com

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