Sheinbaum se Vuelca a Michoacán; Bedolla, Político en Ruinas

Mario Maldonado / CAMBIO 22

El brutal atentado contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y la posterior irrupción de su esposa, Grecia Quiroz, como alcaldesa interina amenazan con generar un problema mayúsculo para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Éste ya no es sólo un asunto de seguridad o de política local, sino una potencial crisis social y política que corre el riesgo de devorar su estrategia de pacificación y, de paso, ocasionar un gran desgaste para Morena.

El asesinato de Manzo conmocionó a Michoacán, que ya vivía una crisis de violencia, al mismo tiempo que abrió una grieta política de grandes proporciones. Grecia Quiroz tomó protesta el 5 de noviembre de 2025 ante el Congreso estatal y lanzó un mensaje que resonó como campanada de alarma. “El legado de Carlos Manzo va a seguir (…) el Movimiento del Sombrero no parará. (…) les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y un México que él hubiese querido”.

Este fin de semana, Sheinbaum anunció una inversión de 57 mil millones de pesos en el llamado “Plan Michoacán para la paz y la justicia”, con seguimiento quincenal a los avances. La urgencia e intensidad del caso la obligaron a recibir personalmente a Grecia Quiroz, mientras los demás alcaldes de Michoacán han sido convocados por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El gobierno de Sheinbaum no puede darse el lujo de fallar en Michoacán. El asesinato de Manzo es un símbolo que deja ver que el estado y la federación tienen una alta vulnerabilidad por asuntos de seguridad, lo que alimenta la tentación de Estados Unidos de intervenir directamente en el combate a los grupos criminales, cosa que ha rechazado hasta el cansancio la presidenta, invocando incluso el himno nacional.

El asunto es que Grecia Quiroz, que hasta hace días era una mujer de perfil bajo, adquirió ya un enorme capital político inesperado: el de víctima y al mismo tiempo de heredera de un proyecto que el pueblo de Uruapan y muchas voces en Michoacán han asumido como propio. En su discurso de protesta insistió en que “mataron a Carlos Manzo, pero no pudieron matar lo que despertó”. Esa frase, tan directa, anticipa un voto de castigo para Morena en 2027 y reflectores la apuntalan ya como una candidata de oposición.

A la par, la popularidad de Alfredo Ramírez Bedolla se vuelve más frágil que nunca. Si bien una encuesta de Enkoll de octubre lo mantenía con una aprobación del 62%, frente a la crisis actual ese porcentaje luce artificial. En otra de México Elige, de marzo de 2025, apareció en el lugar 29 de 32 mandatarios estatales, con una aprobación de apenas 45.8%, lo que representó una caída de más de 10 puntos respecto a su promedio de 2023.

Y es que durante la gestión de Ramírez Bedolla han sido asesinados siete alcaldes en Michoacán, lo que convierte al estado en uno de los más peligrosos para autoridades locales. El primero fue Enrique Velázquez Orozco (PRI, Contepec), hallado muerto el 8 de febrero de 2022 tras ser reportado como desaparecido. Luego César Arturo Valencia Caballero (PVEM, Aguililla) fue ejecutado el 10 de marzo de 2022 en plena disputa del CJNG en Tierra Caliente. Le siguió Guillermo Torres Rojas (Morena, Churumuco), asesinado el 30 de marzo de 2024 en Morelia.

El 3 de junio de 2024, Yolanda Sánchez Figueroa (PAN, Cotija) fue atacada a tiros tras sobrevivir, meses antes, a un secuestro atribuido al CJNG. Más tarde, Salvador Bastida García (PT, Tacámbaro) fue asesinado el 5 de junio de 2025 al llegar a su casa, y Martha Laura Mendoza Mendoza (Morena, Tepalcatepec) el 17 de junio de 2025, en medio de las pugnas entre cárteles de la zona. El más reciente fue Carlos Manzo Rodríguez (Morena, Uruapan), cuyo asesinato marcó un nuevo punto de inflexión en la crisis de seguridad michoacana.

Ahora está por verse si el equipo de Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, podrán darle la vuelta a esta tragedia o si terminará por convertirse en un símbolo del fracaso de los gobiernos locales. Harfuch, con su estilo operativo y su experiencia en campo, ha asumido la crisis de Michoacán como un reto personal: es la oportunidad de demostrar que la coordinación federal puede funcionar en un territorio históricamente dominado por el crimen.

Lejos de los discursos, Harfuch ha apostado por una estrategia de despliegue real y control territorial, que va más allá de los 57 mil millones de pesos anunciados en el Plan Michoacán. El objetivo es que el refuerzo federal disminuya la violencia, que la inteligencia sustituya al simple patrullaje y que los resultados se den muy pronto.

La única opción de la presidenta Sheinbaum es apoyar con todo a Harfuch y al gabinete de seguridad en una ofensiva visible y tangible en Uruapan y todo el estado. Una que implique despliegue, inteligencia, resultados de detenciones, y sobre todo garantías a la población. Y hacerlo de manera tal que el costo político no sea tan alto.

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