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• Los desvíos documentados en La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma de Duarte quedaron en la impunidad

 

• A pesar de los montos multimillonarios determinados por la Auditoría Superior de la Federación, los desvíos de la era Peña Nieto se convirtieron en una lista de cuentas incobrables que suman 9 mil 548 millones de pesos, monto que equivale a tres veces el presupuesto anual de dependencias federales como la Comisión del Deporte

 

• MCCI, nos explica cómo los desvíos documentados en La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma de Javier Duarte permanecen impunes

 

Redacción / CAMBIO 22

Un notificador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) acudió a mediados de febrero de 2025 al fraccionamiento Rincón de las Lomas, en Cuajimalpa, para entregar seis mandamientos de ejecución de embargo a nombre de Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Los documentos reclamaban el pago de 1,117 millones de pesos, correspondientes a cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por presuntos desvíos ocurridos hace más de una década en el esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra.

Pese a los años transcurridos, el SAT no ha logrado hacer efectivo el cobro. El caso de Zebadúa se suma a decenas de procedimientos similares iniciados por la autoridad fiscal en los principales casos de corrupción del país, donde la reparación del daño sigue pendiente.

De acuerdo con expedientes internos del SAT y resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno federal reclama actualmente más de 8 mil millones de pesos a empresas y exfuncionarios involucrados en tres de los mayores casos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: La Estafa Maestra, Odebrecht y las empresas fantasma de Javier Duarte.

Estas son dos de los mandamientos de ejecución del SAT por adeudos de Zebadúa.

Por La Estafa Maestra, los créditos fiscales determinados por la ASF y ejecutados por el SAT suman los 5 mil 586 millones, entre universidades, intermediarias y exfuncionarios. En el caso Odebrecht, el adeudo actualizado a 2025 alcanza los 740 millones. Y en el caso Duarte, entre los pliegos de responsabilidad contra Antonio Tarek Abdalá, los adeudos reclamados a empresas fantasma y a Moisés Mansur Cysneiros, el SAT tiene pendientes de cobro más de 3 mil 222 millones de pesos.

En total, el fisco mexicano busca recuperar 9 mil 381 millones de pesos, que equivale a más de tres veces el presupuesto anual de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) o casi el doble de lo asignado en 2025 al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, las diligencias se han topado con empresas inexistentes, domicilios falsos, cuentas vacías y funcionarios que se amparan o negocian su libertad.

Más de una década después de los desvíos ocurridos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la corrupción sigue impune. La promesa de castigar a los responsables -reiterada por Andrés Manuel López Obrador y sostenida por Claudia Sheinbaum- no se cumplió.

La Estafa Maestra: el Dinero que Nunca Volvió

En septiembre de 2017, Animal Político y MCCI revelaron que durante el gobierno de Peña Nieto habían sido desvíados 7 mil 760 millones de pesos de 11 dependencias federales a 128 empresas, la mayoría “fantasmas”. Ese esquema de corrupción fue conocido como “La Estafa Maestra”.

Uno de los funcionarios señalados en ese esquema fue Emilio Zebadúa, a quien ahora el SAT le reclama adeudos derivados de observaciones realizadas por la ASF por irregularidades en su paso por la Sedesol y la Sedatu.

El adeudo original que el SAT determinó a Emilio Zebadúa ascendía a poco más de 868 millones de pesos, pero ante el incumplimiento de pago se le aplicaron multas, recargos y actualizaciones hasta superar los mil cien millones.

De acuerdo con la documentación del SAT, el adeudo de Zebadúa se derivó de cinco pliegos de responsabilidades administrativas emitidos por la ASF por observaciones hechas a los convenios y subcontrataciones irregulares realizadas por la Sedesol y la Sedatu.

Ante el SAT, el ex funcionario federal reportó su domicilio fiscal en una residencia en el exclusivo fraccionamiento de Rincón de las Lomas, ubicado sobre la carretera México-Toluca, a la altura de Santa Fe, en donde el precio de las viviendas ronda los 20 millones de pesos, equivalente a más de un millón de dólares. Fue en ese domicilio al que han acudido a cobrarle.

Otro caso ligado a La Estafa Maestra es el de Wistano Luis Orozco García, excoordinador de proyectos especiales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), quien recibió mandamientos de ejecución de embargo por cuatro créditos fiscales derivados de observaciones de auditorías practicadas por la ASF entre 2019 y 2024. En conjunto, los adeudos suman 1,462 millones de pesos, integrados por recargos y actualizaciones.

El SAT ha intentado cobrarle desde hace años, pero los oficios se acumulan sin respuesta, al no localizarlo en la casa en Coyoacán que reportó como su domicilio fiscal.

Los cobros a Orozco están vinculados a irregularidades detectadas en contratos suscritos con empresas fantasma como Grupo Comercializador Cónclave, Prodasa, S.A. de C.V. y Evyena Servicios, S.A. de C.V., compañías que recibieron recursos públicos de la UAEM y de otras dependencias federales bajo el esquema de triangulación conocido como La Estafa Maestra.

Este requerimiento enviado al ex funcionario de la UAEM muestra cómo se multiplicó su adeudo con multas, recargos y actualizaciones.

El SAT también mantiene vigentes mandamientos de ejecución contra otras firmas utilizadas en ese esquema. Asesorías Contables y Jurídicas del Golfo de México adeuda 66 millones de pesos; Corporación Colorado, 264 millones 359 mil; Diseños y Servicios Publicitarios HPW, más de 313 millones; Asesorías Profesionales Milbank, 40 millones 255 mil; LV Deips, 425 millones; y Servicios NLMK, 138 millones, entre muchas más que recibieron fondos federales durante el gobierno de Peña Nieto. Las diligencias de notificación practicadas entre 2024 y 2025 acreditan que en ninguno de los domicilios registrados se localizó actividad comercial ni personal de las empresas.

Los notificadores del SAT recorrieron domicilios en Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Ecatepec e Iztacalco para cobrar los adeudos. En todos encontraron lo mismo: oficinas inexistentes, portones cerrados, vecinos que jamás escucharon los nombres de las empresas. Por ejemplo, en la dirección de Lago Rodolfo 25, donde debían operar HPW y Milbank, había otra empresa. En Banorte, donde Milbank tenía cuenta, solo se hallaron 3,170 pesos que fueron congelados por la autoridad fiscal.

LV Deips, empresa que adeuda al SAT 425 millones, reportó su domicilio en una casa de la calle Abundio Gómez, en Ecatepec.

 

Los notificadores del SAT visitaron este edificio, donde dos empresas de La Estafa Maestra habían reportado su domicilio fiscal.

 

El caso de Grupo Comercializador Cónclave ocupa un lugar particular dentro de la trama. Fue constituida el 22 de enero de 2009 en la Ciudad de México y fue declarada empresa fantasma por el SAT en abril de 2017. En las auditorías de la ASF y en investigaciones periodísticas, Cónclave aparece como una de las principales receptoras de recursos federales transferidos a través de la UAEM, el ISSSTE y el Instituto Politécnico Nacional.

En octubre de 2013 la UAEM le transfirió 207.7 millones de pesos provenientes de un convenio con Sedesol para la Cruzada Nacional contra el Hambre. De acuerdo con la ASF, los recursos se dispersaron a otras empresas sin relación comercial ni evidencia de prestación de servicios. Además, entre 2014 y 2016 la compañía facturó operaciones con dependencias federales y entidades estatales sin comprobar entregables.

Cónclave operó como facturera de múltiples clientes públicos y privados, bajo el control de un personaje con antecedentes penales por lavado de dinero y vínculos con el Cártel de Juárez. Esta facturera era tan versátil, que llegó a ser utilizada incluso como medio para transferir jugadores profesionales al extranjero. En los archivos fiscales, la empresa aparece como una de las principales emisoras de comprobantes falsos de la década pasada.

El SAT reclama a Cónclave 1,761 millones de pesos, monto que incluye los créditos originales determinados por la ASF y las actualizaciones. Las diligencias de notificación se han realizado sin éxito, pues en el domicilio fiscal declarado, en la zona de Polanco, no se encontró personal ni instalaciones operativas.

Desglose de adeudos que el SAT requiere a Cónclave

 

Asignación de contrato de la UAEM a Cónclave, firmada por Wistano Luis Orozco. El SAT reclama pago de adeudos tanto la empresa como al funcionario.

 

Odebrecht: las Multas que Nadie Paga

El 9 de septiembre de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un mandamiento de ejecución contra la empresa Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S.A. de C.V., para exigir el pago de 739 millones 416 mil pesos en multas derivadas de infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El monto corresponde a sanciones impuestas originalmente en 2019 por la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que se acreditaron violaciones contractuales en obras realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El oficio base, fechado el 12 de abril de 2019, determinó créditos fiscales por 543 millones 488 mil pesos, que tras la actualización por recargos, multas y gastos de ejecución se elevaron a los 739 millones 416 mil pesos que el SAT reclama actualmente.

Las sanciones derivan de irregularidades en los contratos de ingeniería y construcción otorgados a la filial mexicana de la constructora brasileña en la refinería de Tula.

Los notificadores del SAT acudieron en varias ocasiones al domicilio fiscal registrado por la compañía, ubicado en el segundo piso del edificio localizado en Monte Elbruz 124, interior 212-B, colonia Lomas de Chapultepec III Sección, en la Ciudad de México. Sin embargo, la empresa abandonó ese inmueble desde hace más de cuatro años.

Notificación de cobro que el SAT entregó a nombre de Odebrecht en un edificio de Polanco.

 

Además del crédito principal contra la compañía, el SAT notificó el 21 de febrero de 2025 un adeudo adicional al exdirector general de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, por 1 millón 589 mil pesos, correspondiente a multas impuestas por Hacienda y otras autoridades federales. Los notificadores acudieron a su domicilio en un departamento de la calle de Arquímedes, en Polanco, sin obtener respuesta.

Ante el incumplimiento, se ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias. Los registros indican que solo se localizó una cuenta a nombre de Weyll en HSBC México, con un saldo de 3 mil pesos, cantidad que fue inmovilizada. El resto del adeudo permanece sin pago.

Cobran 2,745 Millones a Operador de Duarte

Era una cifra difícil de leer cuando se escribió en el expediente: 1,001,615,816 pesos. Una anotación seca en un pliego de responsabilidades que señalaba a Antonio Tarek Abdalá Saad, señalado de ser uno de los artífices del saqueo orquestado en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. En una década, esa cifra se multiplicó hasta sumar en 2025 más de 2 mil 745 millones de pesos.

Este requerimiento a nombre de Tarek muestra cómo su deuda se multiplicó hasta sumar tan sólo en este caso 2 mil 745 millones.

Ese monto corresponde únicamente a una parte del dinero desaparecido del erario veracruzano que el SAT ha intentado -sin éxito- cobrarle a Tarek.

En una hoja membretada que el SAT notificó el 31 de julio de 2024 se alude a un daño al erario detectado diez años antes, desde el 10 de noviembre de 2014. En aquel entonces, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció responsabilidades por más de mil millones de pesos contra Tarek. La cifra, ya de por sí gigantesca, le fue notificada en junio de 2024 como parte del pliego PDR020/24.

Ante el incumplimiento en el pago, los recargos, multas y actualizaciones inflacionarias triplicaron el monto.

Dos adeudos más siguieron la misma lógica: uno de 10.1 millones, que diez años más tarde alcanzó los 28 millones, y otro de 48.7 millones, que trepó hasta 138.8 millones. En conjunto, la suma reclamada a Tarek asciende a 2 mil 912 millones de pesos.

Tarek Abdalá se había desempeñado como director de Finanzas del DIF estatal y, más tarde, como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Desde ahí autorizó contratos millonarios durante el gobierno de Duarte.

El escándalo estalló en mayo de 2016, cuando Animal Político destapó el esquema de las empresas fantasma de Javier Duarte: 73 contratos por 645 millones de pesos firmados con compañías que compartían números telefónicos falsos, oficinas vacías o incluso casas particulares donde nadie sabía de su existencia. Un año después, una investigación conjunta con MCCI reveló que la estructura era 10 veces más grande y el monto del desfalco 5 veces mayor: la red la conformaban 400 empresas fantasma, de las cuales 57 obtuvieron contratos públicos por 3 mil 617 millones de pesos. Hasta antes de estos nuevos datos, sólo se conocía la existencia de 38 empresas fantasma ligadas entre sí en Veracruz.

Reclaman 300 Millones a Factureras

El SAT mantiene abiertos procesos de cobro y embargo contra varias empresas fantasma utilizadas durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, las mismas que fueron empleadas para desviar recursos públicos a través de contratos simulados. Los adeudos fiscales acumulados superan los 300 millones de pesos, según documentos oficiales.

Sin embargo, el monto reclamado no corresponde con el desfalco. Por ejemplo, Centro de Recursos de Negocios Cerene recibió contratos en el gobierno de Duarte por más de 160 millones de pesos, pero el SAT sólo le requiere el pago de 3 millones 366 mil pesos por adeudos de impuestos.

Los notificadores realizaron varias visitas al domicilio fiscal declarado en la colonia Formando Hogar, en Veracruz, y un vecino dijo que en ese sitio nunca hubo una empresa.

Otro caso es el del Grupo Balcano, que obtuvo con Duarte contratos por más de 194 millones de pesos por la provisión de despensas, materiales escolares y alimentos. La Administración Central de Fiscalización Estratégica le determinó un adeudo fiscal de 32 millones de pesos por IVA, ISR y otros impuestos omitidos, que con recargos y actualizaciones se elevó en 2025 a 74 millones.

En ese caso también un notificador acudió al domicilio fiscal en una casa de la calle Caracol en la colonia Geovillas Los Pinos II, Veracruz, y tampoco se localizó a la empresa.

A Servicios Oktagonales, el SAT le requirió el pago de 32 millones de pesos, correspondientes a créditos fiscales determinados por omisiones en el pago de impuestos federales. En las visitas realizadas, los funcionarios constataron que el inmueble declarado como domicilio fiscal estaba desocupado. El patrón se repitió en el caso de Desarrolladores Mercalim, que reportó un domicilio inexistente en Paseo de la Niña, en el fraccionamiento Las Américas de Boca del Río, Veracruz.

Una de las vías que el SAT siguió para intentar recuperar los recursos fue la inmovilización de cuentas bancarias. Notificadores acudieron a Sierra Fría 725, en Lomas de Chapultepec, para comunicar que, por instrucción de la autoridad fiscal, se congelaría una cuenta a nombre de Inmobiliaria Roor, creada para blindar parte del patrimonio oculto del exgobernador. Sin embargo, el domicilio fiscal para la notificación correspondía a un lote baldío cercado.

El adeudo que dio origen a la medida provenía de una resolución fiscal de 2017, cuyo monto original era de 781 mil pesos y que, tras actualizaciones, se elevó a 1 millón 982 mil pesos. Al revisar el saldo, la autoridad encontró la cuenta vacía. En los informes internos del SAT quedó asentado: “saldo disponible: cero pesos”.

El SAT también ha notificado a Moisés Mansur Cysneiros, quien ha sido señalado como presunto operador de Duarte. A inicios de 2025, la autoridad fiscal le requirió el pago de 199 millones de pesos, derivados de adeudos acumulados desde 2016 por omisiones en el pago de ISR, IVA y multas.

 

 

 

Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad

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