De Mensajero a Villano

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

He seguido con atención a través de diversos medios de comunicación convencionales y redes sociales el caso de la psicóloga Tania Karenina Galera Gómez, exfuncionaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) en Quintana Roo, a raíz del Derecho de Réplica que le solicitó al colega periodista Javier Chávez Ataxca, al publicar información relacionada al no ejercicio de la acción penal en contra de dos personas servidoras públicas, una por acoso sexual y otra por discriminación, luego de las denuncias respectivas interpuesta por ella a final del mes de junio de 2024.

Es pertinente reconocer que a pesar del gran avance que los movimientos feministas hemos tenido en el país al tener como aliadas y aliados a integrantes del gremio periodístico en nuestras diferentes luchas que van desde el derecho a la interrupción legal del embarazo, los feminicidios, violencias como la sexual, vicaria y doméstica, aún falta mayor capacitación en temas de género y general sobre derechos humanos.

La persona periodista, el mensajero, quien también ejerce su derecho a la opinión, tiene un doble trabajo, actualizarse de acuerdo a los avances y retrocesos que hemos tenido como mujeres no solo en México, sino en el mundo.

Sin las y los periodistas, los temas de la agenda feminista no hubieran escalado a los niveles en los que se toman las decisiones no solo para aprobar leyes y reconocer derechos de las mujeres, sino llevarlos a la práctica con la creación de instituciones y protocolos de operatividad.

Me abstengo, por el momento, de hacer una revisión del caso laboral y penal de la psicóloga Galera Gómez, porque requiero hacer una investigación profunda y un análisis minucioso, advierto que este asunto se viralisó más por su solicitud de réplica que por una estrategia mediática. Lo cual tiene su mérito, porque de lo contrario sería un caso más guardado en los cajones de la indiferencia institucional o quienes proporcionan y cobran por la asesoría jurídica y este logro se le debe al periodista Javier Chávez Ataxca.

Para la presunta víctima, de acuerdo a su réplica, lo responsabiliza de las actuales circunstancias de su caso y le advierte que se reserva su derecho a proceder jurídicamente por el daño moral que le causaron las dos entregas de su columna en las que se refiere a que el Ministerio Público negó el ejercicio de la acción penal.

Mientras el periodista es el foco de atención en las redes sociales, donde escriben a su favor y en su contra, los verdaderos responsables de que se haya negado el ejercicio de la acción penal en contra de las dos personas servidoras públicas de referencia están muertos de la risa en sus cómodos sillones en sus oficinas de la Fiscalía General del Estado.

Desde luego que esa negativa de la acción penal tiene responsables, empleados de la Fiscalía que por consigna o muto propio decidieron tomar dicha decisión. El expediente ya ha estado en escritorios de personas que toman las decisiones en Quintana Roo y posiblemente desde allí se dio la instrucción.

Este espacio periodístico se ha caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres, desde una mirada integral, con la norma jurídica en la mano y con la mirada crítica en el actuar institucional, porque en Quintana Roo, tanto en la Fiscalía General como en el Poder Judicial, hemos verificado infinidad de ocasiones que una de las principales primicias para procurar y administrar justicia es la discrecionalidad política. Los poderes políticos y económicos hacen mancuerna para legitimar la violencia vicaria, la doméstica, la sexual y la política en razón de género.

Desde luego que esa negativa de acción penal tuvo que ser recurrida en la justicia federal, las acciones u omisiones de las personas servidoras públicas si se presumen violaciones a los derechos humanos, tienen vías como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, la oficina de Derechos Humanos de la misma Fiscalía.

Hay funcionarios, que si la víctima lo pide, tienen que se investigados administrativamente e incluso, penalmente. En el caso laboral, independientemente que en materia de seguridad pública haya reglas que respetar por el tema de la “confianza”, también existen derechos laborales irrenunciables y en este caso, hay servidores públicos que deben responder al respecto.

Pero, ahora, mientras Javier Chávez Ataxca es presentado como el villano de la película, quienes tomaron decisiones desde la institucionalidad están quedando libres de culpa. La presión social y política irá en contra del periodista y la voz de la víctima se extinguirá porque a las autoridades no les interesa el caso y si la ciudadanía enfocan sus baterías contra las personas periodistas se darán por bien servidas, por eso sí le sirve al poder, que la sociedad se confunda en el ejercicio de su Derecho a la Información.

El enemigo no es el mensajero, en la autoridad, están los responsables, no precisamente de los hechos en cuestión, sino de la determinación que no se ejerciera acción penal.

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AFC/RCM