Admite Harfuch la Falta de Filtros de Acceso al Evento donde Asesinaron al Alcalde de Uruapan

• Reconoció que el acto fue “totalmente abierto”, pero no se explicó por qué no se implementaron medidas de seguridad

Redacción / CAMBIO 22

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el evento en el que fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se realizó sin ningún filtro de revisión ni control de acceso, a pesar de tratarse de una zona catalogada como de alto riesgo por la presencia de grupos criminales.

“Era un evento público, de entrada libre, sin revisión a las personas que asistían. Así es como estos sujetos aprovechan y cometen este lamentable y cobarde asesinato”, reconoció Harfuch durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario detalló que el agresor se acercó a muy corta distancia del alcalde antes de disparar, y que en los videos analizados se observan a otras personas que están siendo investigadas para confirmar o descartar su participación.

Omisiones en la estrategia federal

De acuerdo con la información oficial, Manzo contaba con 14 elementos federales de la Guardia Nacional asignados (seis desde diciembre de 2024 y un refuerzo de ocho en mayo de 2025), además de vehículos de apoyo. Sin embargo, la vigilancia cercana quedó en manos de policías municipales de su confianza.

A pesar de ello, no se explicó por qué la Secretaría de Seguridad o el gabinete federal no lo asesoraron para establecer medidas más estrictas de control durante un evento público de esa magnitud, sabiendo que el edil había enfrentado amenazas previas y operaba en una de las regiones más violentas del país.

Fuentes del gabinete de seguridad indicaron que el resguardo federal tenía un carácter “periférico”, es decir, de patrullaje y acompañamiento, pero no hubo una coordinación específica para revisar a los asistentes, instalar detectores de metal o delimitar el perímetro del festival, lo que permitió el ingreso de personas armadas.

Fallas compartidas

Especialistas en seguridad consultados tras el atentado advirtieron que este tipo de omisiones refleja una zona gris de responsabilidad entre autoridades locales y federales, donde los presidentes municipales suelen depender de sus propios recursos para organizar eventos públicos, aunque el riesgo de ataque sea evidente.

El propio gabinete federal había reconocido que la situación de violencia en Michoacán requería refuerzos permanentes, y que el municipio de Uruapan contaba con presencia de Ejército y Guardia Nacional. Sin embargo, la falta de asesoría y protocolos preventivos terminó por dejar vulnerable a uno de los alcaldes más expuestos del estado.

Investigación en curso

Tras el ataque, un escolta del alcalde abrió fuego contra el agresor y lo abatió en el lugar. Autoridades federales y estatales aseguraron un arma corta y revisan material videográfico obtenido de comercios y cámaras de seguridad cercanas.

García Harfuch aseguró que la investigación se desarrolla en conjunto con la Fiscalía de Michoacán y que no se especulará sobre la posible participación de grupos criminales hasta que se confirme la identidad plena del atacante y sus vínculos.

Compromiso presidencial y refuerzo en Michoacán

Durante la misma conferencia, la presidenta Sheinbaum lamentó el asesinato, expresó solidaridad con la familia y anunció un reforzamiento de las fuerzas federales en Michoacán. También ordenó una revisión de los esquemas de protección a alcaldes y servidores públicos locales, ante el incremento de agresiones en entidades con alta incidencia delictiva.

“El gobierno federal no permitirá impunidad; se está trabajando con la Fiscalía del Estado para dar con los responsables materiales e intelectuales”, afirmó la mandataria.

Contexto

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en pleno centro de Uruapan. Su homicidio se suma a una lista de ataques contra autoridades municipales en el país: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos tres años más de 70 alcaldes y exalcaldes han sido asesinados, la mayoría en estados del corredor Pacífico-Centro.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en la protección de funcionarios locales, la ausencia de protocolos obligatorios de revisión en eventos masivos y la necesidad de que la Federación emita lineamientos claros para alcaldías consideradas de alto riesgo.

Línea de seguimiento: revisión de los protocolos de seguridad en actos públicos con servidores municipales, responsabilidades compartidas entre Federación, Estado y municipio, y posibles ajustes al esquema de protección en regiones con presencia del crimen organizado.

Fuente: Reforma

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