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• Despacho 14

• El Violento Oficio de Escribir

 

• El Barco del Sexenio: la sombra de Durandco en las aguas turbias de Pemex

 

• Millones de pesos robados a la paraestatal y al pueblo de México.

 

 Alfredo Griz/CAMBIO 22

Por momentos, la historia parece repetirse: un barco viejo, una empresa que huele a poder y un gobierno que jura combatir la corrupción mientras firma contratos que se hunden bajo su propio peso.

En el fondo oscuro del Golfo de México, el eco del acero oxidado resuena más fuerte que las trompetas del discurso oficial. Pemex, la joya nacional convertida en criatura famélica, vuelve a ser escenario de su tragedia más vieja: la del dinero que se evapora entre la sal y la burocracia.

A inicios de 2025, Petróleos Mexicanos firmó uno de los contratos más grandes de este sexenio. La adjudicación directa —sin licitación pública— recayó en una empresa del Grupo Industrial Durandco, conglomerado encabezado por Juan Reynoso Durand, un viejo conocido del sector energético. El documento, con vigencia de diez años, amarra a Pemex con la empresa para la prestación de servicios en plataformas marinas: mantenimiento, interconexión, obras electromecánicas y seguridad.

El monto, de acuerdo con los registros oficiales, supera los 8,761 millones de pesos, más 341 millones de dólares. En suma: unos 15 mil millones de pesos. Un contrato que, por sí solo, podría financiar hospitales, carreteras o miles de becas. Pero en México, el mar suele tener otros destinos para el dinero público.

En los papeles, la operación luce impecable: una empresa especializada, experiencia probada, y una urgencia técnica que justificaría la adjudicación directa. Pero basta rascar un poco para que el barniz se desprenda.

Las críticas no tardaron en emerger. Periodistas, analistas y ex trabajadores de Pemex comenzaron a referirse a la operación como “el barco chatarra”: un símbolo de la podredumbre que navega a flote gracias a la política. Según sus reportes, el equipo y los buques involucrados tendrían años de uso y obsolescencia, mientras el contrato fue presentado como una inversión de modernización.

Los funcionarios responsables defendieron la decisión como una “estrategia de eficiencia”. Pero detrás de la palabra eficiencia se escondía, una vez más, el eco de un apellido recurrente en los pasillos de Pemex: Durand.

El Grupo Industrial Durandco no es un recién llegado. Durante años ha orbitado en torno al sector energético con distintas razones sociales: Subtec, BME Subtec, Blue Marine Technology. Un enjambre de nombres que se entrelazan en la penumbra corporativa.

En registros internacionales, los Durand también aparecen ligados a sociedades offshore en las filtraciones conocidas como Pandora Papers. Empresas creadas en paraísos fiscales, legales pero diseñadas para mover dinero con discreción quirúrgica. El hallazgo levantó más preguntas: ¿por qué una empresa tan ligada a contratos públicos necesita estructuras offshore?

La respuesta oficial nunca fue contundente. “Planeación fiscal”, dijeron unos. “Evasión institucionalizada”, replicaron otros.

El contrato, sin embargo, siguió su curso.

En la maquinaria pesada de Pemex, los engranes del poder se mueven con lentitud pero sin pausa. En los archivos de la petrolera, la adjudicación se registró bajo el argumento de “condiciones técnicas únicas”. En el discurso público, fue presentada como una alianza estratégica. En las columnas de investigación, como el negocio estrella del sexenio.

La oposición bautizó el episodio con una frase mordaz: “La Mafia Morena del petróleo”. La narrativa es simple: un grupo empresarial con la bendición del régimen obtiene el contrato más jugoso de la administración.

Ningún tribunal ha dictado sentencia sobre esto. Ninguna autoridad ha probado un delito. Pero la sospecha está ahí, flotando en el aire salobre de las costas mexicanas, como un barco inmóvil que no termina de hundirse.

Lo cierto es que Durandco se convirtió en sinónimo de poder silencioso. En sus comunicados, el grupo presume una infraestructura robusta, tecnología de punta y una relación sólida con la industria nacional. Pero en la conversación pública, su nombre suena a privilegio: a esa línea invisible que separa a los empresarios comunes de los que pueden llamar directo al despacho de un director en Pemex.

Mientras tanto, los obreros petroleros ven pasar las cifras como si fueran fantasmas. Quince mil millones de pesos. Diez años. Un barco, quizá dos. Los mismos chalecos azules, los mismos cascos blancos.

El rumor corre en las plataformas: que el equipo no sirve, que los trabajos se subcontratan, que el contrato es una excusa para sacar dinero con olor a crudo. Pero todo se dice en voz baja, porque en Pemex la discreción es una forma de supervivencia.

El presidente López Obrador prometió limpiar la casa. Pero en el sótano de esa casa hay habitaciones que siguen oliendo a moho.

En las profundidades de la paraestatal, los nombres cambian pero los métodos no: adjudicaciones directas, empresas amigas, silencios comprados, papeles que desaparecen en la marea administrativa.

El “barco chatarra” no es solo una metáfora: es un reflejo oxidado de la política energética de un país que, entre discurso y discurso, continúa hundiendo miles de millones en las aguas turbias de la impunidad.

El caso Durandco es, al final, un espejo del Estado mexicano: reluciente por fuera, corroído por dentro.

El acero del barco aguanta un tiempo, pero el mar no olvida. Y el rumor —ese que corre por los pasillos, por los astilleros, por las plataformas— siempre termina emergiendo.

Flota la pregunta, con peso de ancla:

¿Quién hunde a quién?

¿El barco viejo, o el país que lo sostiene?

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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