Involucran a Acaudalos Empresarios Yucatecos en la Red de Lavado de Dinero de “La Barredora” Tabasqueña
29 Oct. 2025
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Investigaciones federales revelan presuntos traslados de dinero en vuelos privados entre Villahermosa y Mérida, relacionados con la red criminal de Hernán Bermúdez “El Abuelo”
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Fuentes de la FGR y testimonios judiciales apuntan a una posible ruta financiera que involucra empresarios, operadores políticos y autoridades estatales del sureste mexicano.
Redacción/ CAMBIO 22
El caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, detenido por delitos vinculados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ha comenzado a ramificarse más allá de las fronteras tabasqueñas.
Documentos y declaraciones contenidos en una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sugieren que parte de los recursos manejados por el exfuncionario habrían sido trasladados hasta la ciudad de Mérida, Yucatán, mediante una red logística y financiera que involucraría a empresarios y operadores políticos locales.
Los traslados y la ruta del dinero
De acuerdo con el testimonio de un colaborador cercano a Bermúdez actualmente bajo la figura de testigo protegido, el exsecretario habría ordenado el traslado de aproximadamente 40 millones de pesos en efectivo desde Villahermosa hacia Mérida en vuelos privados.
Según su declaración, los envíos se realizaron en al menos quince traslados, con paquetes de entre dos y tres millones de pesos por viaje, entre los meses de abril y septiembre del año pasado.
Las aeronaves, presuntamente rentadas por intermediarios, aterrizaban en el Aeropuerto Internacional de Mérida, donde los fondos eran recibidos por operadores financieros identificados en la investigación.
Hasta el momento, no se han detectado alertas registradas por autoridades aeronáuticas o fiscales, lo que plantea interrogantes sobre la ausencia de controles y posibles omisiones institucionales.
Las versiones recabadas por la FGR indican que el dinero habría sido resguardado temporalmente en un complejo residencial de alta gama en el norte de Mérida, ubicado en una de las torres más exclusivas de la ciudad.
De acuerdo con el testigo, en esos departamentos se concentraron los recursos antes de canalizarlos a proyectos inmobiliarios y sociedades fachada presuntamente creadas para el lavado de fondos.
Este patrón que combina inversiones inmobiliarias y uso de empresas de reciente constitución coincide con mecanismos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en otras operaciones de carácter similar.
Vínculos financieros en Yucatán
Fuentes consultadas dentro del ámbito judicial mencionan al empresario Mario Millet Encalada, conocido en círculos empresariales yucatecos, quien habría sido vinculado por la FGR a una línea de investigación por presunto lavado de dinero y huachicol fiscal.
De acuerdo con los reportes, Millet habría fungido como operador financiero de confianza en los traslados de efectivo relacionados con Bermúdez.
Aunque no existe sentencia firme en su contra, las autoridades federales mantienen abierta la indagatoria sobre sus presuntas operaciones de blanqueo.
En la misma red aparece mencionado el exalcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien habría mantenido relaciones comerciales con empresas vinculadas a Millet.
Fuentes periodísticas y judiciales refieren que durante su administración municipal, dichas compañías habrían sido utilizadas como intermediarias para canalizar recursos de procedencia dudosa hacia obras y contratos locales.
Ninguno de los involucrados ha emitido declaración pública sobre estas presunciones.
Asimismo, la FGR documenta que Verónica Encalada, prima del empresario y esposa de Hernán Bermúdez, figura en las actas matrimoniales revisadas durante la investigación, aunque no existe imputación directa en su contra, su relación con el exsecretario se analiza únicamente en el contexto familiar.
Vínculos políticos y logísticos
Dentro de la vertiente política de la investigación aparecen nombres de funcionarios en activo del gobierno yucateco.
Uno de ellos es Jorge Ermilo “Milo” Barrera Novelo, actual secretario de Fomento Económico de Yucatán, señalado en reportes de inteligencia financiera por posibles nexos con intermediarios de financiamiento electoral, según fuentes allegadas a la investigación.
La documentación sugiere que habría participado como mediador político-financiero en la captación de fondos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
También se menciona a Víctor José López Martínez, representante del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, como facilitador en negociaciones financieras entre operadores tabasqueños y grupos políticos locales, aunque no existe acusación formal en su contra.
otro hombre clave es Dafne López Martínez es hombre y funge como Coordinador General de Asesores del Gobierno de Yucatán, fue parte del grupo que convenció la aceptación de recursos de procedencia ilícita en la campaña electoral.
Silencio institucional y omisiones
El aspecto más delicado del caso recae en la falta de respuesta institucional.
A pesar de los indicios de vuelos privados con grandes cantidades de efectivo y la posible participación de actores políticos, ninguna autoridad estatal ni federal ha emitido comunicado oficial sobre las líneas de investigación en curso.
Saidén Ojeda, quien dirige la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán desde hace décadas, aparece señalado en múltiples investigaciones periodísticas como una figura clave en la posible protección institucional hacia Bermúdez Requena.
Un reportaje detalla que la orden de aprehensión federal contra Bermúdez se habría frustrado debido a que el “pitazo” salió de la policía de Yucatán, bajo la responsabilidad de Saidén.
Lo relevante es, el día en que Bermúdez huyó vía aérea desde el aeropuerto de Mérida, el mismo estado bajo la jurisdicción del secretario, se señala que no se activaron los protocolos adecuados, lo que levanta sospechas de que la corporación estatal facilitó la fuga.
Ante esta circunstancias, Saidén no ha ofrecido una explicación pública sólida que aclare su papel ni cómo su dependencia permitió o no frenó la operación que favoreció a la red criminal.
La omisión de información y la falta de rendición de cuentas han generado la sospecha de que, más que simple negligencia, podría tratarse de encubrimiento deliberado, así lo consideran legisladores y analistas de seguridad que exigen transparencia inmediata en la dependencia que él encabeza.
En tanto, el Gobierno del Estado de Yucatán no ha hecho comentarios públicos sobre las posibles conexiones entre empresarios locales y las operaciones financieras atribuidas al exfuncionario tabasqueño.
La omisión oficial ha sido interpretada por especialistas como una falta de transparencia en un caso de evidente interés público.
La investigación plantea un debate urgente, la “infiltración del dinero ilícito en la economía yucateca.”
El crecimiento de desarrollos inmobiliarios de lujo, la creación de nuevas sociedades sin historial financiero y la falta de fiscalización oportuna conforman un entorno propicio para el lavado de capitales provenientes de actividades criminales.
Investigaciones consultadas por el Diario CAMBIO 22 advierten que la vulnerabilidad del sector inmobiliario y la carencia de mecanismos de control financiero estatal facilitan la mezcla de fondos de origen ilegal con inversiones legítimas, lo que erosiona la confianza en la economía formal y en las instituciones.
Por ahora, Hernán Bermúdez Requena permanece recluido en un penal federal del Estado de México, mientras el Ministerio Público Federal prepara una nueva etapa de acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fuentes federales anticipan que en las próximas semanas podrían solicitar la colaboración de autoridades yucatecas para ampliar la investigación.
El caso, aún en desarrollo, podría convertirse en una de las operaciones de lavado de dinero más amplias documentadas en el sureste mexicano.
Sin embargo, más allá de los nombres y las conexiones, la pregunta de fondo sigue siendo la misma:
¿cómo es posible que durante meses decenas de millones de pesos circularan por los cielos del sureste sin que ninguna autoridad lo notara?
Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22
GCH






























