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• El Arco de Playa del Carmen: ¿símbolo histórico o monumento a las prioridades equivocadas?

 

• La obra de 40 millones de pesos, presentada como emblema de identidad y modernidad, reabre el debate sobre el uso del gasto público en Solidaridad

 

• Mientras el gobierno celebra su “infraestructura histórica”, ciudadanos cuestionan si el arco responde a una necesidad real o a una estrategia de imagen

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.– El Ayuntamiento de Solidaridad inauguró con bombo y platillo el nuevo Arco de Acceso Norte de Playa del Carmen, una megaestructura ubicada sobre la carretera federal en la entrada desde Cancún, la obra promovida por la alcaldesa Estefanía Mercado, ha sido catalogada por el propio gobierno municipal como una “infraestructura histórica y emblemática” para el municipio, destinada a “embellecer la ciudad, fortalecer la seguridad y proyectar identidad”.

La construcción implicó una inversión pública de más de 40 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Saneamiento Ambiental.

Está equipada con cámaras de videovigilancia de alta tecnología, lectores de placas (ANPR), tecnología RFID y hasta reconocimiento facial, todo enlazado a los centros C4 y C5.

El arco mide más de 13 metros de alto, con un claro de 40 metros de lado a lado de la carretera, y está recubierto con acabados inspirados en piedra maya, además de tener un sistema de iluminación dinámica de 15 canales programables.

Desde el discurso oficial, el proyecto tiene múltiples fines, funciona como símbolo cultural y turístico, como infraestructura vial moderna y como punto de control para vehículos y ciudadanos que ingresan al destino.

Sin embargo, voces críticas y especialistas en políticas urbanas señalan que la obra responde más a intereses propagandísticos y de “monumentalismo institucional” que a una necesidad urbana o de seguridad real.

Uno de los principales cuestionamientos recae en la pertinencia del gasto:

 

¿Es justificable destinar 40 millones de pesos a una estructura de bienvenida mientras persisten baches, drenajes colapsados, deficiencias en la recolección de basura, transporte insuficiente y zonas con alta inseguridad en Solidaridad?

 

El propio presupuesto municipal 2025 asciende a poco más de 4,300 millones de pesos, y aunque esta obra representa menos del 1% del total, fue destacada como una “prioridad de identidad y transformación”, frente a carencias aún no resueltas.

Aunque el 1 % puede parecer marginal en términos porcentuales, en presupuestos grandes como el de Solidaridad representa una cifra que, bien distribuida, podría generar impactos directos y tangibles para la ciudadanía

El hecho de que el recurso provenga de un fideicomiso no exime al gobierno municipal de rendir cuentas sobre cómo se aplican fondos públicos.

El FSA se nutre del cobro de derechos ambientales a turistas que visitan el destino, por lo tanto, es dinero público con un fin específico, proteger el medio ambiente, no embellecer carreteras, sobre todo cuando cada año el destino turistico se ve severamente golpeado por la llegada del sargazo.

Derecho de Saneamiento Ambiental

El artículo 2 del acuerdo de creación del FSA en Quintana Roo indica que los recursos deben destinarse a:

• Mitigación de impactos ambientales del turismo.

• Manejo de residuos sólidos.

• Protección de recursos hídricos y zonas costeras.

• Reforestación, saneamiento ecológico o infraestructura verde.

Construir un arco monumental con iluminación decorativa, acabados mayas estilizados y cámaras de vigilancia podría ser difícil de justificar bajo estos fines.

Si otros municipios comienzan a justificar obras estéticas como “ambientales” solo porque incluyen “cámaras para vigilancia” o “arborización de camellones”, se corre el riesgo de vaciar de contenido el propósito de los fideicomisos, El FSA podría convertirse en una bolsa de gasto político flexible en vez de un instrumento de protección ecológica.

A esto se suma la falta de evidencia pública sobre estudios técnicos o análisis de costo-beneficio previos a la decisión de construir el arco.

Por ello, el uso del FSA debería estar sometido a consulta con la ciudadanía y con órganos técnicos especializados en gestión ambiental, sin embargo no hay evidencia de que esta obra haya pasado por procesos participativos. Se decidió desde la cúpula municipal y estatal, con una narrativa propagandística que prioriza la imagen turística.

No hay documentación abierta que respalde que esta estructura en realidad favorezca la accesibilidad, incremente la seguridad de forma medible o detonar el turismo.

Pero las preocupaciones más profundas no son estéticas, sino tecnológicas, el sistema de vigilancia instalado en el arco utiliza lectores biométricos, RFID y reconocimiento facial.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha advertido que este tipo de tecnología avanza en México “sin un marco legal adecuado, sin evaluaciones de impacto y con una preocupante falta de rendición de cuentas”.

Esto implica que los datos biométricos y vehiculares de ciudadanos y turistas podrían ser recolectados y almacenados sin garantías de privacidad, transparencia ni posibilidad de control por parte de las personas.

Además, especialistas han documentado que sistemas como los ANPR y el reconocimiento facial tienen altos márgenes de error, sesgos de género y raciales, y muchas veces se usan para vigilancia política más que para disuadir delitos reales.

En países con regulaciones más estrictas, su uso ha sido limitado, mientras que en Solidaridad se implementan sin consulta ciudadana ni auditoría externa.

La narrativa del “arco inteligente” tampoco está acompañada de indicadores claros de impacto.

🌅 Nuevo símbolo de identidad y seguridad para #PlayadeCarmen 🌴

Arco de Acceso Norte, una obra emblemática que da la bienvenida a residentes y visitantes con tecnología de punta en seguridad.
Bienvenidos a Playa del Carmen !! pic.twitter.com/undBWqFJzp

— #PlayaDelCarmen 🌊 (@TwittPlaya) October 21, 2025

“Habrá que medir los niveles de incidencia delictiva durante un periodo a corto plazo para medir su verdadera eficiencia.”

¿Se ha demostrado que los vehículos identificados por el sistema han servido para prevenir delitos?

¿Qué protocolos existen para proteger los datos recolectados?

 

 

A la fecha, ninguna autoridad local ha respondido estas preguntas con datos verificables.

Por su parte, habitantes consultados por medios locales y redes sociales han manifestado escepticismo o molestia:

“Playa del Carmen no necesitaba un arco, necesitaba calles sin baches y colonias seguras”, escribió un usuario en un grupo vecinal.

Otro apuntó:

“Ese dinero pudo usarse para cámaras en escuelas, drenaje o más patrullas reales”.

Ya que detrás de estos anuncios oficiales persisten carencias estructurales que afectan la calidad de vida de miles de habitantes en el segundo municipio más importante del estado de Quintana Roo.

Servicios públicos colapsados, rellenos sanitarios saturados, calles llenas de baches, inseguridad persistente, falta de espacios públicos dignos y zonas con rezago urbano forman parte de una realidad que contrasta con la narrativa gubernamental.

A continuación, se expone un análisis detallado de los principales problemas municipales que enfrenta Solidaridad y las áreas donde la inversión pública sigue siendo insuficiente o mal orientada.

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Problemas prioritarios en Solidaridad

**Recolección de basura colapsada y saturación de rellenos sanitarios. Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, genera alrededor de 500 a 600 toneladas de residuos sólidos cada día. Esta enorme carga se recoge mediante un servicio concesionado a una empresa privada. No obstante, investigaciones periodísticas muestran que la operación del relleno sanitario se ha vuelto insostenible: varios tiraderos a cielo abierto se han reportado en los alrededores de Puerto Aventuras, y la instalación formal registra filtraciones de lixiviados que contaminan el acuífero. La misma nota subraya que en todo Quintana Roo “no hay un plan formal” para solucionar el problema y que las autoridades locales aplican paliativos de corto plazo, lo que pone en evidencia la falta de inversión en un sistema integral de gestión de residuos y en infraestructura ambiental. Sin un proyecto de largo plazo, el municipio seguirá cargando con un relleno saturado y vertederos clandestinos.

 

**Picos de generación durante temporada alta. Datos divulgados por el gobierno local indican que en diciembre de 2024 se recolectaron cerca de 20 mil toneladas de residuos urbanos; la Secretaría de Servicios Públicos reportó que el promedio diario habitual es de 600 toneladas, pero en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo la cifra superó las 800 y 900 toneladas respectivamentemx. Este incremento revela la presión que ejerce el turismo sobre la infraestructura municipal y la necesidad de destinar más recursos a la gestión de desechos en períodos vacacionales, así como de modernizar la flota de recolección y ampliar la capacidad de disposición final.

 

**Inversión y control de la concesionaria. El servicio de recolección en Solidaridad está concesionado; sin embargo, reportajes periodisticos apuntan que en varios municipios la concesión ha favorecido a empresas vinculadas a actores políticos y medios de comunicación. En el caso de Solidaridad, la falta de transparencia sobre el contrato, los montos pagados y la fiscalización del servicio genera dudas sobre la eficacia del modelo. Invertir en plantas de reciclaje, separación de residuos y un relleno sanitario con estándares nacionales podría reducir la dependencia de empresas privadas y mitigar los impactos ambientales.

 

**Crisis ambiental y riesgos de salud pública. El mismo reportaje advierte que la operación irregular de basureros destruye ecosistemas y afecta el manto acuífero de la Península. Para un municipio que vive del turismo y presume su riqueza natural, ignorar la gestión de residuos equivale a comprometer su propia economía y la salud de sus habitantes. Las filtraciones de lixiviados contaminan cenotes, manglares y el Gran Acuífero Maya, poniendo en riesgo el suministro de agua. En consecuencia, se necesita inversión en tecnologías de manejo de lixiviados, sellado de celdas y supervisión ambiental.

 

**Estado de las vías y bacheo. La red vial de Playa del Carmen se encuentra deteriorada, en conferencia de prensa, la alcaldesa Estefanía Mercado reconoció que se censaron 3 mil 576 baches en toda la ciudad; solo se ha reparado alrededor del 38 % (1 072 baches) con 10 brigadas que trabajan en dos turnos. Denunció que las pavimentaciones anteriores tenían un grosor inferior a un centímetro, cuando la norma exige de cinco a siete centímetros, lo que explica por qué las lluvias destruyen el asfalto tan rápidamente. Para 2025, el municipio destinará 278 millones de pesos a repavimentar 12 avenidas y otros 3 millones a adquirir maquinaria pesada. Este contexto evidencia un déficit histórico de inversión en infraestructura vial, cuyos costos actuales se deben en parte a la mala calidad de obras pasadas.

 

**Deficiente alumbrado público y limpieza urbana. La creación del Subcomité Sectorial de Servicios Públicos e Imagen Urbana en noviembre de 2024 deja claro que existe rezago en la recolección de basura, limpieza de espacios públicos, mantenimiento de áreas deportivas, bacheo y alumbrado. La secretaria de Servicios Públicos admitió que la ciudad llevaba mucho tiempo con calles abandonadas y señaló la necesidad de atender de inmediato el rezago en recolección y bacheo, la falta de inversión en luminarias y mantenimiento de parques no solo genera mal aspecto urbano sino que también afecta la seguridad de los barrios.

 

**Carencias en infraestructura social y espacios comunitarios. El municipio anunció en 2024 una inversión de 900 millones de pesos en obras públicas para “construir parques, rehabilitar calles, alumbrado y dignificar espacios comunes” (cifra divulgada por el Ayuntamiento en informes oficiales). Aunque este plan es ambicioso, su implementación apenas inicia, y persisten colonias sin áreas verdes ni equipamiento deportivo. Los pobladores de asentamientos como Villas del Sol y ejido Puerto Aventuras siguen reclamando pavimentación, drenaje y espacios recreativos dignos. La brecha entre el centro turístico y las colonias periféricas se traduce en desigualdad urbana.

 

**Inseguridad y percepción de violencia. Solidaridad es uno de los municipios con mayor inversión en seguridad: medios locales han reportado que el presupuesto municipal destina cientos de millones a patrullas, cámaras y equipamiento policial. Sin embargo, hechos recientes muestran que los homicidios y robos no han disminuido en la misma proporción. Organizaciones de derechos humanos acusan a la policía municipal y estatal de violaciones a derechos, lo que refleja que invertir solo en tecnología y patrullas no garantiza una estrategia integral de seguridad. Se requieren programas de prevención social, oportunidades para jóvenes y un sistema de justicia eficiente.

 

**Falta de participación ciudadana en decisiones de inversión. Las autoridades han lanzado programas y comités, pero no existe un mecanismo robusto de consulta vecinal. El subcomité de Servicios Públicos planea recoger opiniones de la ciudadanía para priorizar acciones; sin embargo, hasta ahora las grandes decisiones –como destinar 40 millones de pesos al arco de acceso o 278 millones a la repavimentación– se han tomado desde la alcaldía sin debate público. Mayor transparencia en el uso de recursos y participación comunitaria en los planes de obra son indispensables para que la inversión responda a las necesidades reales.

 

**Desigualdad entre imagen turística y servicios básicos. Solidaridad promociona obras simbólicas, como el nuevo arco de acceso norte, como logros históricos; sin embargo, la ciudadanía percibe que el dinero se invierte en proyectos de imagen mientras hay carencias en servicios esenciales. El contraste entre un arco de 40 millones de pesos y colonias con baches, basura acumulada y falta de alumbrado refleja una priorización cuestionable de recursos públicos, para equilibrar la balanza, la administración municipal debe reorientar el gasto hacia infraestructura sanitaria, vial y social que mejore la calidad de vida de todos los habitantes.

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Solidaridad enfrenta una crisis multifactorial, acumulación de residuos, rellenos sanitarios colapsados, deterioro vial, alumbrado insuficiente y desigualdad en servicios urbanos.

La obra, aunque terminada y ya funcional, ha quedado como un recordatorio del abismo que a veces separa la estética del poder y las verdaderas urgencias de una ciudad.

Convertir un arco en una prioridad puede funcionar para la fotografía institucional, pero no siempre para resolver los problemas que enfrentan los más de 300 mil habitantes del municipio.

El Arco de Acceso de Playa del Carmen representa una paradoja contemporánea, se construye un portal monumental al turismo y a la “modernidad tecnológica en seguridad”, mientras la ciudad que lo respalda sigue sin resolver muchas de sus deudas sociales.

Y eso, más que un logro histórico, parece una postal del desbalance entre forma y fondo en la política municipal.

 

Si no, al Tiempo…

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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