¿Podrá México Reducir el Crimen Financiero con su Nueva Ley Antilavado?

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Redacción/CAMBIO 22

Las reformas a la ley contra el lavado de dinero en México a comienzos de este año inyectaron un aire de optimismo y constituyeron un paso clave en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, los problemas persistentes podrían obstaculizar el fortalecimiento de los controles sobre las transacciones financieras sospechosas y dificultar la eliminación de los vacíos legales que han facilitado el lavado de dinero.

Las nuevas reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida comúnmente como la “Ley Antilavado”, entraron en vigor en julio. Uno de sus pilares centrales fue incluir el concepto de “apoyo financiero al terrorismo”, además de ampliar las actividades consideradas como “vulnerables” –incluyendo el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales (criptomonedas), las casas de apuestas y la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas–, y las entidades que deben reportar transacciones sospechosas.

También agrava las sanciones y exige elevar los requisitos de reporte, como la identificación del “beneficiario controlador” en todas las transacciones, es decir, aquellas personas que tienen control directo o indirecto de la empresa, aunque no figuren como propietarios de la misma.

La reforma, además, apunta a aumentar la coordinación institucional a nivel nacional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Guardia Nacional.

Varios de los expertos consultados por InSight Crime coincidieron en que constituye un progreso hacia una legislación más robusta y que la creación de nuevas herramientas para la detección del lavado de dinero vinculado al crimen organizado era una deuda pendiente en México.

Los requisitos de control más estrictos que establece para ciertas empresas contribuirán, de manera más general, a estandarizar los mecanismos contra el lavado de dinero en el país, señaló a InSight Crime, Ellis Matteson, responsable del área de América Latina en el estudio jurídico Miller & Chevalier.

“Prácticas como los sistemas automáticos de detección de transacciones inusuales, las auditorías internas y externas, y las capacitaciones especializadas se volverán más comunes y ayudarán a que más empresas identifiquen conductas problemáticas”, explicó Ellis.

Persisten los vacíos legales

A pesar de ello, las inconsistencias legales y las posibles deficiencias en la implementación de estas reformas podrían limitar su impacto en la lucha contra el lavado de dinero.

“La parte legislativa es importante pero no suficiente”, según Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional.

Las pocas sentencias sobre lavado de activos en el país evidencian este punto, así como la complejidad que involucra la judicialización de las investigaciones de esta dinámica criminal.

Además, la normativa podría aplicarse de forma desigual, según Salvador Mejía, socio de Asimetrics —una firma especializada en asesoría estratégica en prevención de lavado de dinero—, ya que impone obligaciones como la implementación de matrices de riesgo que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no tendrían los recursos para cumplir.

La reforma incluye los activos virtuales y las casas de apuestas dentro de las “actividades vulnerables”, que han crecido significativamente en los últimos años. No obstante, algunos expertos advierten que varias industrias relevantes continúan estando fuera del amparo de la ley, como el sector agropecuario, los clubes deportivos, la industria del espectáculo y el químico. Este último cobra gran relevancia dada su vulnerabilidad al desvío de precursores químicos para la producción de fentanilo.

La implementación no será fácil

Otra inquietud entre los expertos reside en la complejidad para implementar la reforma.

“Si bien a nivel técnico la reforma mejora la capacidad del gobierno para detectar casos de lavado de activos vinculados al crimen organizado, una implementación sesgada puede desencadenar una vigilancia sin límites claros, vulnerar el secreto bancario y militarizar las herramientas para captar el lavado de activos”, dijo Diana Paz, especialista en conflictos internacionales, a InSight Crime.

Un ejemplo claro es la incorporación de la definición de “Personas Políticamente Expuestas (PPE)”, que incluye a cualquier persona que haya sido funcionario público tanto en México como en el extranjero, así como a individuos relacionados que cumplan “con las condiciones y características que la Secretaría establezca”.

La reforma establece la obligación de identificar y monitorear las operaciones de todas aquellas personas consideradas como PPE. Aunque esta definición resulta necesaria y útil, no delimita de forma clara a las personas que la integran. Esta ambigüedad genera un vacío legal que podría desencadenar en la persecución selectiva y para fines políticos.

Además, se incluye a la Guardia Nacional –que ahora es una fuerza militar– en la cooperación institucional, dotándola de capacidades investigativas en materia de lavado de dinero. Esto implicaría un riesgo de continuar militarizando roles administrativos civiles y podría vulnerar los derechos individuales, según Emiliano Polo, analista de riesgo político en Control Risks.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también ampliará sus poderes investigativos, pudiendo obtener información personal, financiera y de propiedad sin una autorización judicial. Esto eleva el riesgo a que se aplique de manera discrecional.