Escenarios de Violencia en México

Carlos Barrachina Lisón / CAMBIO 22

La mayoría de mexicanos viven como si el contexto de violencia fuera normal. Se cuidan mínimamente, naturalizan la violencia, pagan extorsiones y tratan de no meterse en problemas. Otros muchos, que no pueden o no quieren pagar las imposiciones, viven o protestan con miedo, pierden la vida sucumbiendo a la violencia, ven a familiares desaparecer y en bastantes casos son obligados a entrar en la lógica criminal, y acaban sufriendo las consecuencias.

Es muy difícil exagerar el escenario. La violencia para poder ser dimensionada adecuadamente debe ser comprendida en el nivel municipal y se presenta en cuatro escenarios distintos, que incluso pueden encontrarse en una misma entidad federativa.

A pesar de todo este contexto, las grandes empresas en el norte del país, las mineras, las automotrices del bajío, el trasiego de mercancías en fronteras y puertos y la actividad turística, en diferentes puntos del país, siguen funcionando y la economía no se detiene. Los que más complicaciones tienen para poder cubrir las extorsiones y sobrevivir son las pequeñas y medianas empresas, los propietarios de pequeños ranchos ganaderos y de parcelas de limón, y aguacate, entre otros productos agrícolas.

El primer escenario de violencia es el que se presenta en municipios con una gran presencia del Estado y del crimen organizado, en dónde la violencia es muy alta y supera tasas de 60 por cien mil habitantes, superando en diferentes años tasas de 100. En municipios con más de medio millón de habitantes Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua) superan las 1,000 muertes violentas al año, mientras que Cancún (Quintana Roo), Acapulco (Guerrero), Celaya, o Irapuato (Guanajuato) tienen cifras que varían de 500 a 800 homicidios al año. Entre los que tienen menos de 500.000 habitantes encontramos a Playa del Carmen, Tulum (Quintana Roo), Cajeme, San Luis Rio Colorado (Sonora), Salamanca (Guanajuato), Zacatecas y Colima.

El segundo escenario corresponde a la mayoría de las áreas urbanas, que se mueven en tasas de homicidios que varían de 10 a 30 por 100.000 habitantes. No se superan en general los 200 homicidios al año, y éstos se concentran especialmente en las áreas marginales de las ciudades de las áreas metropolitanas de ciudades del Estado de México (Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcoyolt, Tlaneplantla), Jalisco (Guadalajara, Zapopan. Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá) y Nuevo León (Monterrey, Guadalupe); así como delegaciones de la Ciudad de México (Iztapalapa, Cuauthémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero).

El tercero se encuentra en zonas en las que la presencia del Estado no es fuerte o constante, y en dónde la dinámica de enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado provoca que las tasas de homicidios superen los 50 por cien mil. Este contexto se encuentra especialmente en áreas rurales de municipios de Michoacán (Apatzingán, Zamora, Uruapan), Morelos (Jiutepec, Cuatla, Jojutla). Guerrero (Chilpancingo), Oaxaca (Matías Romero, Salina Cruz, Tehuantepec), y últimamente, en diferentes municipios de Sinaloa y Tabasco.

En el cuarto escenario el crimen organizado tiene el control del territorio, y el Estado no tiene presencia efectiva. En estos espacios hay índices moderados y bajos de violencia homicida, pero se presume un importante número de desaparecidos y los ciudadanos están sometidos al control social y político de los delincuentes. Ello sucede especialmente en Tamaulipas, Veracruz, y espacios del sureste mexicano como Tabasco (hasta el reciente incremento de la violencia), Chiapas, Campeche y las comunidades rurales de Quintana Roo.

En el tercer y cuarto escenario se puede abrir el debate sobre si en estos casos podemos hablar de un Estado Fallido, y en cómo se debe fortalecer el mismo para recuperar la gobernabilidad democrática efectiva. La falta de policías profesionales, bien pagados y confiables a nivel local y la apuesta por una respuesta militarizada a la violencia hace que sea muy difícil gestionar estas situaciones porque no hay presencia ni inteligencia efectiva sobre el territorio.

En el caso de los dos primeros la importante presencia del Estado hace que no sea adecuado señalar la debilidad estatal; sin embargo, es muy claro que las respuestas del Estado han sido claramente ineficientes en el objeto de controlar la violencia. Hasta el momento las diferentes estrategias de gestión de la inseguridad han fracasado en México.

El cuarto escenario es muy delicado, porque muestra que los indicadores de homicidios no son determinantes para conocer si el crimen organizado tiene el control efectivo sobre la población y es muy difícil, sin un conocimiento profundo del terreno, saber si estamos en una zona libre de violencia, o en una zona controlada por grupos de la delincuencia organizada.

La violencia en México persiste a lo largo de los años en amplias zonas del país, y se traslada de forma puntual según estalla algún conflicto, o se llega a algún pacto. Puede señalarse que se encuentra presente en toda la geografía nacional, y para interpretarla debemos analizar con atención el nivel local. Los esfuerzos de las autoridades para maquillar las cifras de homicidios a lo largo del país, no logran ocultar su importante dimensión e impacto, que además, se complica con el aumento de los desaparecidos que en 2015 no superaban los 4,200 y en 2024 superaron los 13,200.

Los interrogantes que se presentan en los próximos años se centran en conocer si la estrategia de la actual administración de Claudia Sheibaum da resultados (hasta el momento no se visualiza un cambio en la tendencia), y cuáles son los efectos de las leyes antiterroristas aprobadas en los Estados Unidos.

Una de las probables razones de que la economía no se haya desplomado, con estos niveles de violencia, es que grandes cadenas hoteleras, empresas automotrices, maquiladores, mineras, y otro tipo de importantes empresas en México con capital extranjero, están pagando grandes sumas de dinero al crimen organizado para que se permita su operación normal. ¿Qué pasará si los Estados Unidos fuerzan que se dejen de pagar estas extorsiones bajo el argumento de que las mismas suponen colaboración con actividades terroristas?

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