Imponen “Mordaza” Burocrática en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco

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Yensunni Martínez Hernández, obliga a trabajadores a firmar una “Declaración de No Conflicto de Intereses” que, en la práctica, es un mecanismo de control y silenciamiento dentro del Ayuntamiento

Entre sus puntos, exige abstenerse de discutir resultados del trabajo con cualquier persona que no sea el jefe inmediato, y prohíbe el uso de información “bajo cualquier circunstancia”

La presidencia municipal opta por un documento que, bajo apariencia legalista, intenta contener el desgaste político de su titular

Redacción / CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de octubre. – Bajo el argumento de prevenir conflictos de interés, la administración municipal encabezada por Yensunni Martínez Hernández, presidenta de Othón P. Blanco, obliga a trabajadores a firmar una “Declaración de No Conflicto de Intereses” que, en la práctica, es un mecanismo de control y silenciamiento dentro del Ayuntamiento. El documento, difundido internamente, exige a los empleados a mantener “confidencialidad estricta” de cualquier información relacionada con su labor, bajo amenaza de sanciones legales o administrativas.

El texto, que en apariencia busca reforzar la ética pública, trasciende su propósito técnico al introducir cláusulas que limitan la posibilidad de los servidores de expresar críticas, compartir información o denunciar irregularidades. Entre sus puntos, exige abstenerse de discutir resultados del trabajo con cualquier persona que no sea el jefe inmediato, y prohíbe el uso de información “bajo cualquier circunstancia”. Para analistas consultados, esto puede traducirse en un instrumento de censura encubierta en un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos por opacidad, rezago administrativo y falta de resultados.

La medida llega en un contexto político complicado para Martínez Hernández, cuya gestión ha sido marcada por señalamientos de desorganización, ineficiencia en servicios públicos y conflictos laborales en distintas direcciones municipales. El descontento entre trabajadores y ciudadanos ha ido en aumento, mientras la alcaldesa busca proyectar una imagen de disciplina institucional. No obstante, imponer restricciones al libre flujo de información pública podría vulnerar derechos laborales y principios de transparencia, pilares fundamentales de la administración democrática.

De fondo, el intento de “blindar” la narrativa oficial revela un gobierno más preocupado por controlar el discurso que por corregir sus deficiencias. En lugar de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, la presidencia municipal opta por un documento que, bajo apariencia legalista, intenta contener el desgaste político de su titular. En tiempos donde la confianza ciudadana en las instituciones locales se encuentra en su punto más bajo, la mordaza burocrática podría convertirse en el sello final de un gobierno en repliegue.