• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

El beneficio de la duda que el electorado y la cúpula de MORENA en Quintana Roo le dieron a las presidentas y presidentes municipales para reelegirse en 2024 fue una apuesta que durante los comicios de 2027 pondrá en aprietos a la 4T porque en lugar de comprometerse aún más con la ciudadanía, se sintieron tocadas y tocados por la mano de Dios y con todo el poder para las venganzas políticas, pero, sobre todo para realizar negocios a expensas de los presupuestos municipales, con el tráfico de influencias y la corrupción.

Al proyecto de la 4T en Quintana Roo, durante 2025, le hizo crisis la falta de compromiso político y social de quienes encabezan los ayuntamientos, porque después de que recibieron sus constancias de mayoría, se sintieron intocables, que ese triunfo solo se lo debían a ellos y ellas, olvidándose del proyecto político estatal al que le deben esos triunfos.

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Quienes gobiernan por segunda vez a los municipios en Quintana Roo le están quedando a deber mucho a la ciudadanía, principalmente en materia de seguridad pública, servicios básicos como agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación y mantenimiento de carreteras y caminos que son del ámbito municipal.

Todas y todos se han montado en las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la continuidad que les da la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero se olvidan que como titulares de los gobiernos municipales tienen una serie de obligaciones con la sociedad que están definidas claramente en el Artículo 115 Constitucional y leyes secundarias, así como sus respectivas normas municipales.

Consideran que por el simple hecho de pertenecer a la 4T ya están exentos y exentas de cumplir con sus tareas como gobierno municipal, pero la realidad en Quintana Roo es otra; cada día se incrementa la inconformidad social, porque la ciudadanía votó por un cambio verdadero en su relación con los gobiernos del PRI, PAN y PRD. Gran parte de la ciudadanía está informada de sus derechos y las omisiones y acciones de la autoridad que vayan en contra de esos derechos, se reflejan en los resultados electorales. De allí la importancia de que si quieren seguir conservando el poder tienen que hacer una evaluación real de su desempeño, de lo contrario, el electorado lo hará por ellas y por ellos.

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La seguridad es y seguirá siendo una prioridad para el pueblo de Quintana Roo, tan importante como la economía, pero en ambos sectores, los presidentes municipales se desentienden de sus obligaciones y le echan la bolita a los gobiernos federal y estatal, a la iniciativa privada, a la prensa, a los influencers, a los usuarios de las redes sociales o a quien se les ponga en frente, pero nunca reconocen su responsabilidad y su falta de capacidad para gobernar.

Vivir en un municipio como Othón P. Blanco, donde se encuentra Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, en la zona fronteriza con Belice, es vivir en un campo minado, porque en cualquier momento se termina siendo víctima de la delincuencia del fuero común o de la organizada o simplemente de las corporaciones policiales, como las estatales, municipales, incluso, de la Guardia Nacional.

Como se ha informado durante el lunes 20 de octubre, en la madrugada elementos de la Policía Rural encontraron a tres hombres atados de pies y manos con cinta canela, en condiciones físicas y emocionales deplorables, luego de ser víctimas de secuetro por varios días.

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El reporte policial indica que las víctimas tenía pequeñas dosis de droga adherida a su ropa, un claro mensaje de la delincuencia organizada que gobierna gran parte de la Ribera del Río Hondo. Recordemos que estas solo son tres de un gran número de personas que son reportadas como desaparecidas en aquella zona del turístico Quintana Roo.

Al menos durante 90 días estuvieron en cautiverio. Un hombre de 35 años estuvo privado de su libertad por más de 90 días. Fue interceptado por un grupo armado en el mes de julio pasado sobre la carretera Carlos A. Madrazo–Sacxán. Presenta heridas abiertas y un crítico estado de desnutrición y deshidratación.

Otro hombre, con más de tres meses secuestrado tiene una fractura visible en el tabique nasal y lesiones purulentas; uno más, con dos semanas de haber sido privado de la libertad tiene evidentes huellas de tortura.

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Las tres víctimas hasta el momento se negaron a presentar denuncia penal, por el terror que tienen de ser asesinados o que algo le pase a sus familias.

Este, más diversos casos conocidos, es una muestra que en la zona sur de Quintana Roo ya no gobierna la 4T a través de la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Idalia Martínez Hernández, quien a pesar de la negativa de la población y de grupos políticos de la zona, quienes argumentaron su incapacidad para gobernar, insistieron en ratificarla para que jugara por la reelección, la cual en los hechos perdió, pero para revertir el rechazo ciudadano se instrumento un operativo de compra de votos y coacción para que ganara las elecciones y ahora tenemos las consecuencias: el desgobierno, el caos, la corrupción, falta de servicios públicos eficientes, mientras que el gobierno de la delincuencia organizada impone sus leyes.

Hay que recordar que en febrero y marzo de 2025, se registró una ola de homicidios que dejó al menos diez víctimas en una sola semana. Entre los hechos más graves destacan:

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Cinco cuerpos hallados en Sacxán, Ribera del Río Hondo, con signos de tortura y disparos en la cabeza. Sobre uno de los cadáveres se encontró una cartulina con un mensaje intimidatorio: “Esto le va a pasar a todos los que anden cobrando piso y robando”, firmado por “Ya saben quién”, vinculado al alias “Dumbo”.

Tres muertos en un ataque armado en Melchor Ocampo, donde sicarios dispararon desde una camioneta gris contra civiles en el parque comunitario. Un hombre asesinado en Javier Rojo Gómez mientras circulaba en motocicleta, y otro fallecido en un enfrentamiento con policías en la colonia Solidaridad de Chetumal.

Además de los homicidios, se han utilizado tácticas de terror: incendios de casas y vehículos en comunidades aisladas, desapariciones forzadas y el uso de chalecos tácticos con leyendas falsas como “FGR” para confundir a las autoridades. Un comerciante, Mauricio Arroyo Tulio, fue localizado maniatado junto a los cuerpos en Sacxán, evidenciando el uso de secuestros como herramienta de coerción.

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Autoridades municipales han mantenido un hermetismo preocupante ante estos hechos. Aunque el Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta cifras maquilladas, fuentes cercanas a las investigaciones confirman la presencia de complicidades institucionales de alto nivel que permiten la impunidad.

En las diversas instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno se reconoce que la Zona Sur de Quintana Roo vive una crisis de seguridad sin precedentes en 2025, donde la ley ha sido reemplazada. Comunidades enteras viven en estado de alerta, y la falta de acción efectiva por parte del Estado profundiza la desconfianza ciudadana. Sin una estrategia clara y transparente, la violencia seguirá alimentando el miedo y la impunidad. Ni porque se acerca el proceso electoral de 2027, no se ponen las pilas.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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