Indignación y Apoyo Magisterial Tras Vinculación a Proceso de Educadora Acusada de Feminicidio

Redacción/CAMBIO22

Playa del Carmen, 15 de octubre. – El pasado mes de septiembre, la vinculación a proceso de Addy “N”, una maestra educadora de preescolar, por su presunta participación en el feminicidio de Vianca Moreno Labastida, ocurrido en 2018 en Playa del Carmen, ha desatado una ola de críticas y un fuerte movimiento de apoyo en redes sociales y en las calles por parte del magisterio de Quintana Roo.

Addy “N” fue la “roomie” (compañera de vivienda) de Vianca Moreno al momento del asesinato.

Sin embargo, la decisión judicial ha generado controversia, pues cientos de comentarios en plataformas digitales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo no realizó una investigación adecuada, presuntamente inculpando a una persona inocente.

El Magisterio Defiende la Inocencia de la Maestra

Una gran parte de las voces críticas provienen de maestros y compañeras de trabajo de Addy “N” en el sector educativo, quienes aseguran conocer su calidad humana y profesional.

Este grupo ha manifestado públicamente su convencimiento sobre la presunta inocencia de la educadora.

El caso se ha complicado debido a que en el momento del crimen, se había señalado a un novio extranjero de la víctima como posible agresor, sin que este fuera inculpado formalmente, una situación que aviva las dudas sobre el proceso de investigación.

Protestas y Recaudación de Fondos

En apoyo a Addy “N”, el magisterio de Playa del Carmen y zonas aledañas ha intensificado su activismo.

Se han realizado plantones frente a las instalaciones de la Fiscalía en Playa del Carmen para exigir justicia y una revisión exhaustiva del caso.

Amigos y colegas están organizando rifas y sorteos con el objetivo de reunir los recursos económicos necesarios para costear los trámites y la defensa legal de la maestra en este proceso judicial.

El caso de Vianca Moreno, un feminicidio que estremeció a la Riviera Maya en 2018, vuelve a estar en el centro del debate público, ahora con el foco puesto en la actuación de las autoridades ministeriales y la presión social que exige transparencia y justicia para todas las partes involucradas.

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