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• El Violento Oficio de Escribir

 

Alfredo Griz / CAMBIO 22

Había una silla vacía en el Cabildo de José María Morelos que, durante meses, fue mucho más que una ausencia administrativa: fue un indicador, un termómetro, la grieta por la que se filtró todo el polvo de la contienda política local. La silla correspondía a la regiduría de representación proporcional que ganó Movimiento Ciudadano y que debía ocupar José Francisco Puc Cen —mejor conocido por su mote, “Xiximac”—, un líder del poblado que lleva impreso en el nombre la filiación de la selva y la comarca. No la ocupó. Nadie se limitó a una explicación técnica: lo que se desplegó fue una mezcla de derecho, maniobra política y una campaña sostenida de desgaste que dejó consecuencias palpables para el gobierno municipal y su partido.

Este reportaje reconstruye los hechos, enumera las decisiones judiciales y administrativas que refrendaron la postergación, y mide —con mirada política y fría— el costo electoral y de legitimidad que el asunto ha infligido al alcalde y a su entorno. No es una crónica de rumores: es un inventario de actos concretos, resoluciones y efectos políticos que pueden leerse en la gobernabilidad local.

El pulso: de la suspensión a la batalla judicial

La explicación formal por la que Xiximac no tomó protesta fue, en su inicio, de naturaleza jurídica: medidas cautelares y actuaciones del Ministerio Público que, durante 2024, impidieron su incorporación al Cabildo. En noviembre de 2024 los reportes locales consignaron que la regiduría seguiría inhabilitada por esas condiciones procesales.

Esa limitación legal fue solo el punto de partida de una pelea mayor. Durante 2025 la defensa legal de Puc presentó recursos que llevaron, en agosto (y confirmaciones posteriores), a que obtuviera un amparo federal que, sobre el papel, le abría la puerta para asumir su cargo. La noticia del amparo fue difundida públicamente como un giro: “podría asumir como regidor” señalaban los reportes.

Pero la historia siguió su cauce litigioso: al menos en una fase reciente la autoridad municipal y la Fiscalía Anticorrupción interpusieron recursos o apelaciones contra las resoluciones judiciales favorables a Puc, lo que reencendió el conflicto y extendió la incertidumbre administrativa y política. Es decir: incluso después del amparo llegó la apelación y con ella la continuación del bloqueo.

En septiembre 2025 aparecieron ya noticias que hablaban de absolución y de condiciones jurídicas que permitirían la incorporación de Xiximac al Cabildo; sin embargo, como suele suceder en estos episodios, la ejecución práctica —la toma de protesta frente al ayuntamiento— dependió de una serie de formalismos administrativos y de las decisiones de las distintas instancias que aún tenían recursos abiertos.

Cronología sintética (hechos y fechas relevantes)

• 2024 (post-electoral): denuncias y carpetas que derivaron en medidas que impidieron su protesta; la regiduría quedó sin ocupar.

• Agosto 2025: la defensa logra amparo federal que, en términos jurídicos, habilita su posibilidad de asumir la regiduría.

• Posterior al amparo (2025): el Ayuntamiento y la Fiscalía interponen recursos/apelan decisiones judiciales; el conflicto se mantiene activo y mediático.

• Finales de septiembre 2025: circulan coberturas que reportan la absolución de Puc y la posibilidad formal de que tome protesta; aún así persisten trámites y resistencias administrativas.

Lo que está en juego

1. Representación municipal detenida. Una regiduría plurinominal significa presencia en las comisiones, voto en el pleno y acceso a información y presupuestos; su ausencia redujo a Movimiento Ciudadano la capacidad de fiscalización y de voto en asuntos clave durante al menos un año. Ese vacío no es simbólico: repercutió en el reparto y validación de programas municipales, nombramientos y decisiones de contratación. (Hecho constatado en la constancia de la regiduría vacante y en las actas de sesiones donde no aparece su participación).

2. Litigio contante y sonante. La secuencia de amparo, apelaciones y audiencias generó costos procesales y políticos: audiencias públicas, ruedas de prensa, y una presencia continuada de medios locales que expuso al gobierno municipal a cuestionamientos sobre uso de la justicia como herramienta política. Cada episodio judicial funcionó como un foco mediático que erosionó la percepción de normalidad administrativa.

3. Movilización social y narrativa de persecución. En la plaza pública se cultivó la idea de que se trataba de “persecución política” —una narrativa potente en contextos locales— que alimentó protestas, arengas y la construcción de una base simbólica para 2027: la versión de la víctima procesal puede traducirse en votos y en capital político para la propia figura de Xiximac.

4. Visibilidad regional del conflicto. El conflicto trascendió al ámbito municipal y llegó a coberturas regionales y a redes; la reiteración de notas y columnas convirtió el caso en un accidente político que rozó la reputación institucional del alcalde y del aparato que lo respalda. La presencia de autoridades estatales en actos del alcalde no neutralizó el desgaste informativo.

El costo político para el alcalde: erosión, distracción y cálculo electoral

El alcalde de José María Morelos —quien en actos públicos siguió desplegando su narrativa de gestión— no pudo aislarse del problema. Las implicaciones para su figura y para su formación

política se pueden agrupar en tres efectos medibles:

1) Pérdida de legitimidad local (cuantificable en atención mediática y percepción)

Los gobernantes necesitan control narrativo. Cuando un asunto judicial contra un actor político genera semanas/meses de cobertura, la opinión pública local comienza a cuestionar gobernabilidad y transparencia. El conflicto Xiximac puso al alcalde bajo una lupa continua: cada ceremonia oficial, cada informe de actividades, tuvo que competir con notas que hablaban de presunta persecución y de un regidor que no podía entrar al Cabildo. En términos prácticos, la atención mediática desviada reduce la capacidad de comunicar logros y, en elecciones, se traduce en desgaste. (Hecho: cobertura pública sostenida y presencia de señalamientos en medios locales).

2) Costos operativos y de gestión

Un gobierno municipal con un puesto sin ocupar enfrenta dificultades operativas: ausencia de una voz en comisiones, desafíos para conformar quórum en votaciones importantes, y la potencial necesidad de reestructurar agendas y mayorías dentro del Cabildo. Ese costo administrativo se traduce en decisiones retrasadas y en mayor riesgo de impugnaciones a acuerdos aprobados sin la representación completa. (Hecho: publicaciones de actas y notas señalando la ausencia de la regiduría).

3) Riesgo político-electoral a mediano plazo (2027)

La otra cara de la moneda es que la figura de Xiximac ganó visibilidad y capital identitario entre su electorado: haber sido percibido como víctima de “persecución” puede traducirse en un activo político para 2027. Para el alcalde y su partido, eso significa que la contienda siguiente no solo se livianará en la gestión, sino en una relectura moral de los hechos: ¿gobernó con mano dura o con legalidad exigente? ¿Protegió el estado de derecho o sacó provecho del aparato judicial? Las respuestas a esas preguntas moldearán cálculos de alianzas, perfiles de candidatos y gasto en comunicación política en los próximos dos años. (Hecho: menciones públicas sobre la intención de Xiximac de volver a competir y el surgimiento de apoyos organizados).

Efectos sobre el partido del alcalde: fractura, reputación y presión de la coalición

El daño no se limita a la persona que funge de presidente municipal. Cuando un conflicto judicial-mediático adquiere volumen, el partido que lo respalda sufre en varias frentes:

• Imagen regional: la narrativa de que el partido instrumentaliza la justicia para mantener control local genera cuestionamientos que pueden rebotar en la percepción estatal, especialmente si la entidad política es parte de una coalición mayor.

• Tensión interna: el uso de recursos institucionales contra adversarios locales suele fracturar las élites municipales y los cuadros medios que temen réplicas o persecuciones. Esa tensión reduce capital para maniobras políticas y obliga a gastar recursos en control de daños.

• Coste de oportunidad electoral: campañas, fondos y atención que habrían servido para consolidar programas y posicionar candidatos deben redirigirse a litigios y relaciones públicas para mitigar el escándalo. Eso es dinero y tiempo que no se invierte en oferta política. (Hecho: observación de cobertura que liga al alcalde y su partido a la estrategia de apelaciones y comunicaciones públicas).

Estrategias desplegadas por el gobierno municipal — y sus riesgos

El gobierno local actuó en varias líneas: recurrir a instancias judiciales, esperar formalidades administrativas que retardaran la ejecución del amparo, y ejercer control narrativo mediante actos públicos y alianzas visibles (por ejemplo, actos oficiales con presencia de mandatarios estatales). Cada estrategia buscó neutralizar el efecto político de la regiduría vacía; cada una acarreó riesgos:

• Judicializar la disputa (apelar resoluciones): garantiza un freno temporal, pero convierte el caso en material de denuncia permanente. Riesgo: amplifica la narrativa de uso de la justicia.

• Control administrativo y formalismos: retrasar la entrega de constancias o exigir requisitos documentales puede funcionar en el corto plazo, pero erosiona la percepción de normalidad institucional. Riesgo: vulnera la posibilidad de defensa política en terreno público.

• Gestos públicos de gestión (informes, giras): útil para mostrar actividad gubernamental, pero en contextos de conflicto la agenda mediática polariza y desgasta. Riesgo: lo que busca mostrarse como firmeza se lee como distracción.

¿Cuánto pesa esto en números? (estimación de impacto político)

Este episodio no es fácilmente traducible a cifras electorales sin encuestas locales, pero hay indicadores indirectos y medibles:

• Tiempo sin representación plena: más de 12 meses en los que una fracción del Cabildo estuvo incompleta (dato documentado por notas locales). Esa ausencia equivale a la pérdida de una voz en decisiones clave durante un periodo legislativo inicial, cuando se fijan presupuestos y se acomodan comisiones.

• Presencia mediática sostenida: múltiples notas, columnas y coberturas a lo largo de 2024–2025, con picos en momentos de amparo y apelaciones; ese ruido mediático sustituye a la agenda de gestión y exige recursos de reputación. (Hecho: cronología de notas sobre amparo, apelaciones y absolución)

• Riesgo de reconfiguración de alianzas para 2027: la polarización local puede motivar a otros actores a pactar con oposiciones o a buscar candidatos “limpios” que capitalicen el hartazgo; eso incrementa el costo de reconstrucción de la base electoral. (Hecho: señales públicas de reorganización y menciones de próximas contiendas locales).

Escenarios posibles (y qué significan para el alcalde)

1. Incorporación plena de Xiximac (mejor escenario para MC). Si las instancias judiciales y administrativas culminan en la toma de protesta, Movimiento Ciudadano recupera su voz y capitaliza la narrativa de “victoria judicial”. Para el alcalde, es un golpe político: perdió la iniciativa y enfrenta una oposición con mayor legitimidad.

2. Bloqueo prolongado (mejor escenario táctico temporal para el gobierno local). Mantener la regiduría vacante mediante recursos y formalismos puede ganar tiempo y preservar mayorías en comisiones. Pero el costo es reputacional y de desgaste que se acumula, y que puede volverse decisivo en la siguiente elección.

3. Acuerdo político (compromiso). Un arreglo entre fracciones —por ejemplo, contrapesos en comisiones o concesiones administrativas— podría pacificar la plaza pública. Sería un triunfo táctico de gestión del conflicto, pero también implicaría concesiones que pueden ser impopulares entre la militancia dura de ambos lados.

Una lección sobre poder y justicia local

Lo ocurrido en José María Morelos no es solamente la disputa por una regiduría: es un caso de manual sobre cómo el poder local puede intentar usar la estructura judicial y administrativa para producir efectos políticos inmediatos, y cómo esas maniobras terminan por desgastar la percepción de legitimidad del propio poder. El resultado es paradójico: quien pretende asegurarse el control del Cabildo a corto plazo, suele perder la autoridad moral que necesita para gobernar a mediano plazo.

Para el alcalde, el costo no es solo operativo: es reputacional y estratégico. Para el partido que lo respalda, es un aviso sobre el precio de la agresividad política en municipios donde la memoria comunitaria y la movilización son variables clave. Para Movimiento Ciudadano y para Xiximac, la contienda judicial y mediática puede traducirse en capital político para la siguiente vuelta electoral.

El balance final, frío y contable, es el siguiente: una regiduría que no se toma protesta durante años es más que una silla vacía; es un déficit democrático que reproduce un círculo vicioso de litigios y polarización. Y en las elecciones futuras, cuando los votantes ponderen gestión frente a dignidad, la memoria de esta disputa estará ahí, listando culpables y víctimas, y recordando que la política municipal —la que define calles, mercados y servicios— a menudo se decide, primero, en las mesas pequeñas donde no entra la gente.

 

 

 

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