Alejandro López / CAMBIO 22

Cancún, Quintana Roo, 14 de Octubre del 2025.-Integrantes de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C., manifestaron su preocupación por las reformas a la Ley de Amparo que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión.

Lo anterior, al considerar que podrían representar un retroceso en la protección de los derechos humanos y limitar el acceso efectivo a la justicia.

Mauro Carmona Díaz de León, presidente del Colegio, advirtió que la iniciativa tiene un enfoque “pro autoridad” y va en contra del principio de progresividad consagrado en el artículo 1° de la Constitución.

Señaló que los principales puntos de inquietud son: la figura del interés legítimo, las suspensiones del acto reclamado y el cumplimiento de las sentencias de amparo.

Según los juristas, la reforma pretende acotar el interés legítimo al exigir una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”, lo que —advirtieron— podría dejar fuera a colectivos, comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad que actualmente pueden recurrir al amparo para defender sus derechos.

También alertaron que la propuesta permitiría a los jueces negar la suspensión del acto reclamado —la medida cautelar más importante en el juicio de amparo— con base en criterios amplios como el “interés social”, lo que, a su juicio, debilita la protección judicial ante abusos de autoridad.

Por su parte, Mario González Diego Gutiérrez, director de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo del Colegio, informó que el organismo participó en mesas de análisis en la Cámara de Diputados.

Ahí presentaron propuestas específicas de modificación a los artículos 128 y 138, con el fin de asegurar una protección real ante actos como detenciones arbitrarias u órdenes de aprehensión ilegales.

En el ámbito ambiental, los abogados señalaron que las reformas también amenazan la posibilidad de presentar amparos colectivos que han sido clave para frenar proyectos que afectan el entorno natural.

Recordaron el caso de Malecón Tajamar, en Cancún, donde un amparo logró frenar un desarrollo en defensa del medio ambiente y del interés público.

La Barra de Abogados reiteró su compromiso con la defensa del principio de progresividad en los derechos humanos y llamó al Congreso de la Unión a escuchar las voces técnicas y especializadas del gremio jurídico.

“El amparo debe seguir siendo un instrumento de protección ciudadana, no una figura sujeta al control político o administrativo”, concluyeron.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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