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• La mandataria Mara Lezama viajó a la Ciudad de México para una reunión de la Mesa de Coordinación de Acciones Estratégicas para Tulum.

 

• Espera alcanzar acuerdos definitivos sobre el modelo de operación del perímetro operado por el Grupo Mundo Maya, perteneciente a la Sedena.

 

• Desde la entrada en operación del Parque, el acceso a las playas dentro del área natural protegida de Tulum subió para los visitantes nacionales y extranjeros de 60 pesos a 255 y 415 pesos, respectivamente.

 

• También causó restricciones a residentes locales, artesanos y prestadores de servicios que trabajaban en los alrededores de la zona arqueológica y las playas.

 

• Eso detonó protestas sociales y gestiones gubernamentales por el acceso libre a las playas, que se espera garantizar en definitiva con los acuerdos de hoy.

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 13 de octubre.- En un video que difundió en sus redes sociales, la gobernadora de Quintana Roo informó que viajó este lunes a la Ciudad de México para sostener reuniones con el gobierno federal, entre ellas que es una Mesa de Coordinación de Acciones Estratégicas para Tulum, la cual calificó de muy importante para el bienestar de los y los quintanarroenses, sobre todo los de Tulum, y sus visitantes.

La reunión, que anticipó en su programa radiofónico “La Voz del Pueblo” del pasado jueves, es para tratar el modelo de operación del Parque del Jaguar en Tulum, empresa federal que ha causado inconformidad de residentes y visitantes nacionales y extranjeros por los sobrecostos y restricciones de acceso a playas y a la zona arqueológica que ha impuesto.

La gobernadora, que en el video se ve acompañada por el secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, dijo que previamente han tenido varias reuniones con el Grupo Mundo Maya, empresa administradora del Parque del Jaguar que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en la de este lunes en la Ciudad de México estarán la propia Sedena, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que construyó los senderos e infraestructura de servicios que administra el Parque del Jaguar; la Secretaría de Cultura, de la que depende el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de la zona arqueológica; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la que dependen las áreas naturales protegidas Parque Nacional Tulum y Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); la Secretaría de Turismo federal (Sectur); el Fondo Nacional del Turismo (Fonatur), y hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Explicó que el objetivo es llegar, por fin, y después de las reuniones que ya han tenido, a un consenso en beneficio de Tulum, de las y los quintanarroenses y de las y los visitantes, y afirmó que está segura de que traerá buenas noticias.

Cabe recordar que en su programa radiofónico del pasado jueves, la gobernadora dijo que la intención es presentar en esta reunión un proyecto integral de operación y accesos libres a las playas incluidas dentro del perímetro del Parque del Jaguar, un proyecto elaborado con base en el conocimiento local y en el diálogo con la comunidad afectada, y que contempla el respeto al medio ambiente, el desarrollo ordenado del acceso sur y, sobre todo, la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones.

Uno de los principales problemas que buscan resolver, adicional a las tarifas y el acceso a las playas, es el de la zona donde históricamente han estado los artesanos y la zona de restaurantes, donde también han surgido problemas a causa de restricciones en los accesos al parque.

 

El problema causado por el Parque del Jaguar en Tulum

Cabe explicar que la creación del Parque del Jaguar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un perímetro administrado por una empresa de la Sedena que incluyó en su interior a la zona arqueológica y las playas públicas de Tulum, ha generado restricciones a residentes y visitantes que han dañado la actividad económica y la imagen turísticas del destino a lo largo del presente año, que además ya ha sido difícil para Quintana Roo, pues el estado presenta una baja general de 4 % en la recepción de turistas, principalmente extranjeros.

Primero cabe recordar que las playas de Tulum no tienen las mismas condiciones de uso que las de Cancún y Playa del Carmen, pues están dentro de un área natural protegida, que es el Parque Nacional Tulum, establecido desde 1981.

Por esta razón se trata todavía de playas semivírgenes, que no están junto a una zona urbana ni a grandes hoteles o moles de concreto, sino que conservan su naturalidad y las únicas edificaciones de hospedaje que existen son rústicas tipo cabañas.

Esto se debe a que las playas están dentro de una reserva natural administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependiente de la Semarnat, y son además zonas de anidación de tortugas marinas.

Por la misma razón, el uso permitido que tienen es de turismo de bajo impacto ambiental y su programa de manejo, emitido por el gobierno federal, establece restricciones que se tienen que respetar en las playas, como son: ingreso a pie y prohibición de introducir botellas de plástico de un solo uso, bebidas alcohólicas, bloqueadores solares, drones y mascotas; además de que no está permitido tirar basura, hacer fogatas, fumar, usar bocinas y usar instrumentos musicales.

Igualmente, el gobierno federal estableció, en la Ley Federal de Derechos, una cuota de 60 pesos para que los visitantes nacionales y extranjeros puedan entrar al área natural protegida, una tarifa que la Conanp comenzó a cobrar aunque sólo se fuera a las playas, que es de uso público, y no a la zona núcleo de la reserva, que tiene política de conservación.

La ley federal establece que no se debe cobrar la tarifa a los residentes permanentes de las localidades contiguas al área natural protegida y los de su zona de influencia, que en este caso son los habitantes del municipio de Tulum, acreditando dicha condición con una identificación oficial con domicilio en dichas localidades y/o con la certificación otorgada por la autoridad municipal, y que realicen actividades recreativas sin fines de lucro, por lo que a los tulumnenses no debe cobrarse el acceso a las playas aun cuando estas estén dentro del área natural protegida.

Tampoco se debe cobrar tarifa de entrada a los trabajadores y residentes permanentes de las zonas que están dentro del área natural protegida, ni a los menores de 12 años, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), los pensionados y los jubilados.

Dentro de la misma área natural protegida y junto a las playas está la conocida zona arqueológica de Tulum, que por ley federal también cobra una tarifa de acceso, que actualmente es de 100 pesos, a los visitantes nacionales y extranjeros, con entrada gratis sólo los domingos, decretada por la misma Ley Federal de Derechos.

Sin embargo, cuando a finales del 2024 el gobierno federal estableció el Parque del Jaguar, creó un perímetro dentro del cual quedaron las playas públicas del Parque Nacional Tulum y la zona arqueológica, y la administración dependiente de la Sedena estableció cuotas propias para poder ingresar a ese perímetro donde se encuentran los principales atractivos del destino.

Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concibió el parque, indicó que se cobren tarifas por entrar a su perímetro con la justificación de cobrar el uso de los senderos, caminos y puentes, así como la infraestructura de servicios, como la nueva entrada a la zona arqueológica, baños, estacionamientos y módulos de descanso, todos construidos por la Sedatu, para garantizar su mantenimiento.

El problema de raíz es que estas tarifas de acceso por el uso de la infraestructura pública del parque se impusieron de manera adicional a las tarifas del área natural protegida y la zona arqueológica.

Y eso se impuso a pesar de que ni la zona arqueológica ni las playas de Tulum forman parte de la nueva área natural protegida que se creó en 2022 con el nombre de Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar, sino que arbitrariamente se metieron dentro del perímetro del nuevo parque, creado con el mismo nombre del Jaguar en 2024, solamente para poder cobrar cuotas por el uso de la infraestructura pública que se construyó alrededor de los vestigios y de las playas.

Las tarifas del parque se aplicaron tanto a visitantes nacionales como extranjeros, y a los habitantes del resto de Quintana Roo, pero también afectaron a los residentes de Tulum que no tenían credencial de elector con domicilio en la localidad o que eran de origen extranjero, a quienes comenzaron a cobrar.

También perjudicaron a los artesanos que se encontraban en el acceso tradicional a la zona arqueológica, al cerrar el paso por lo que ahora es la entrada centro del Parque del Jaguar.

Todo esto es lo que ha generado la inconformidad de los habitantes y también de los turistas, sobre todo nacionales, que llegan a Tulum, porque además de pagar las tarifas de entrada a la zona arqueológica o del área natural protegida para ingresar a las playas ahora tuvieron que pagar otra tarifa que le elevó los costos de acceso a las playas a 225 pesos para turistas nacionales y 415 pesos para turistas extranjeros, porque automáticamente la administración del parque incluyó junto con su tarifa el cobro de la Conap.

Además, estas tarifas de la empresa Gafsacomm, hoy Grupo Mundo Maya, pasaron por encima de las exenciones y descuentos de pagos establecidos en la Ley de Derechos para entrar a la zona arqueológica y el área natural protegida donde están las playas de Tulum.

Para empeorar la imagen de encarecimiento de precios se gestó con estas medidas unilaterales del parque, en agosto pasado comenzó a cobrar desde sus accesos la entrada a la zona arqueológica junto con sus tarifas, por lo que a los turistas les quedó la impronta de que entrar a los vestigios mayas ahora les cuesta 325 pesos a los nacionales y 515 pesos a los extranjeros.

Esto se junta con el trato prepotente que dan a los visitantes los elementos de la Guardia Nacional que se han puesto a cuidar el parque y el personal de la Sedena que atiende las entradas y taquillas, que no están preparados para dar trato amable, sensible e informado a los turistas, por lo que sus maneras de conducirse han sido varias veces denunciadas a través de las redes sociales.

 

Búsqueda de soluciones ante la generación de un problema social

Contra esos cobros arbitrarios del Parque del Jaguar, así como la aplicación del cobro para acceder a las playas porque están dentro de un área natural protegida, y los perjuicios causados a los artesanos de la comunidad, es que se han realizado protestas sociales contra lo que califican como una privatización de las playas públicas a favor de la Sedena.

En respuesta, los gobiernos municipal de Tulum y del estado de Quintana Roo han emprendido gestiones para que la Sedena modere o retire las tarifas que tiene impuestas, especialmente en el caso de las playas.

Entre estas gestiones, el gobierno municipal y del estado han logrado que la Conanp no cobre la tarifa de acceso al área natural protegida Tulum cuando se quiera ingresar a las playas, de manera que se garantice el libre paso a ellas por los senderos previamente existentes y que el Parque del Jaguar había bloqueado.

Sin embargo, el uso de las playas se debe realizar cumpliendo con las condiciones y restricciones de uso establecidas en el programa de manejo del Parque Nacional Tulum ya mencionadas, y que en recientes reportes de medios de comunicación de la Ciudad de México se han tergiversado, por desconocimiento o ignorancia, sin descartar la motivación política que acusa el alcalde Diego Castañón, presentándolas como limitaciones impuestas por el gobierno municipal cuando en realidad se trata de medidas previamente impuestas por las leyes ambientales del gobierno federal.

Además, debido a las tarifas de entrada adicionales que estableció la empresa pública federal del Parque del Jaguar, el gobierno de Tulum gestionó ante los diputados federales de Morena una iniciativa para prohibir el cobro del acceso a playas a todas las personas sin distinción de nacionalidad, lo que debería aplicar inclusive para las que están dentro de áreas naturales protegidas, además de establecer que se otorgue un día gratuito de entrada a las reservas naturales, con descuentos en domingos y días festivos, una iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que todavía espera su ratificación en la Cámara de Senadores.

También el gobierno municipal del alcalde Diego Castañón Trejo ha negociado con 25 hoteles y clubes de playa dentro del área natural protegida que permitan el paso por sus propiedades para acceder a las playas, aunque no consuman en sus negocios y sin pago de cuota alguna, una medida que responde también a que el programa de manejo de la Conanp impide abrir senderos para no dañar la flora costera, lo que dificulta habilitar servidumbres de paso entre predios que tienen concesiones de uso de la zona federal marítimo-terrestre.

Desde que se comenzó a buscar soluciones, el Parque del Jaguar sólo ha anunciado paliativos, como que otorgará entrada gratuita a su perímetro los domingos, a pesar de que así debió de ser siempre para la zona arqueológica, por ejemplo; y también que permitiría el acceso libre a la playa por el acceso sur, pero no por sus accesos centro y norte.

Por su parte, el gobierno del estado y el municipal han realizado reuniones con habitantes de Tulum y la Conanp en busca de que no se cobre el acceso a las playas dentro del área natural protegida y se habilite el paso libre por los caminos rústicos previamente existentes, y la gobernadora Mara Lezama ha tenido reuniones con la Sedena y el Grupo Mundo Maya para dialogar sobre el modelo del Parque del Jaguar.

En esta línea, la reunión que tendrá la gobernadora del estado con dependencias federales este lunes se espera que sea definitiva para incidir en cambios en el sistema de tarifas y el modelo de operación del Parque del Jaguar, a fin de que no sigan afectado el acceso a la zona arqueológica y las playas de Tulum.

No se ha dicho públicamente, pero la reunión también habría de abordar la propuesta que el gobierno federal tiene para aumentar al doble la tarifa de ingreso de los visitantes extranjeros a la zona arqueológica de Tulum, que pasaría de 100 pesos a 210 pesos en 2026, algo que elevaría a 625 pesos el acceso a los turistas extranjeros al combinarse con la tarifa del Parque del Jaguar.

También tendrían que revisar la manera de conducirse de los elementos de la Guardia Nacional y la Sedena que vigilan el parque y atienden a los visitantes, ya sea capacitándolos debidamente, o cambiarlos por personal civil.

Por lo pronto, se espera que haya empatía del gobierno federal, sobre todo después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Sectur poner atención al problema y buscar una solución para que no se afecte la actividad turística de Tulum, como lo expresó en su conferencia matutina del pasado 8 de octubre.

 

 

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