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• El miedo, las redadas y la negación de fianzas fuerzan a miles de migrantes a abandonar Estados Unidos sin juicio ni defensa

 

• Defensores denuncian una política de persecución sistemática que destruye familias y vulnera los derechos humanos en nombre del control migratorio

 

Redacción / CAMBIO 22

Ramón Rodríguez Vázquez fue trabajador agrícola durante 16 años en el sureste del estado de Washington, donde él y su esposa, con quien lleva 40 años de casados, criaron a cuatro hijos y 10 nietos. Con 62 años, formaba parte de una comunidad muy unida y nunca cometió un delito.

El 5 de febrero, agentes de inmigración que acudieron a su casa en busca de otra persona lo detuvieron. Se le negó la libertad bajo fianza, a pesar de las cartas de apoyo de amigos, familiares, su empleador y un médico que argumentó que su familia lo necesitaba.

Fue enviado a un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Tacoma, Washington, donde su salud se deterioró rápidamente en parte porque no siempre recibía los medicamentos recetados para diversas afecciones, incluida la hipertensión. Al impacto físico se sumó la carga emocional de no poder cuidar de su familia ni de su nieta enferma. Abrumado por la situación, finalmente se rindió.

En una audiencia ante un juez de inmigración, pidió salir del país sin que se registrara formalmente una deportación en sus antecedentes. El juez aceptó su solicitud y él regresó solo a México.

Su caso es un ejemplo del impacto de los esfuerzos agresivos de la Administración Trump por deportar a millones de migrantes en plazos acelerados, dejando de lado años de procedimientos y garantías legales en favor de resultados expeditivos.

Dramas similares se repiten en los tribunales de inmigración de todo el país, una tendencia que se ha acelerado desde principios de julio, cuando ICE empezó a oponerse a la libertad bajo fianza para cualquier persona detenida, sin importar sus circunstancias.

“Él era el jefe de la casa, el que se encargaba de todo”, relata Gloria Guízar, de 58 años, esposa de Rodríguez. “Ha sido tan difícil estar separados de la familia. Aunque nuestros hijos ya son adultos y tenemos nietos, todos lo extrañan”.

Marcharse del país era impensable antes de estar encerrado en una celda. El proceso de deportación lo quebró.

“Autodepórtese o lo deportaremos”

Es imposible saber cuántas personas se han marchado voluntariamente de EE.UU. desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, ya que muchos se van sin informar a las autoridades. Pero Trump y sus aliados apuestan por la “autodeportación”, la idea de que se puede hacer la vida tan insoportable que las personas terminen yéndose por su cuenta.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, informó que los jueces concedieron la “salida voluntaria” en 15.241 casos en el periodo de 12 meses que terminó el 30 de septiembre, lo que les permite marcharse sin que conste una deportación formal en sus antecedentes ni una prohibición para reingresar. El año fiscal anterior hubo 8.663 salidas voluntarias.

ICE señaló que llevó a cabo 319.980 deportaciones desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 20 de septiembre. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza declinó informar su propio dato y remitió la consulta al Departamento de Seguridad Nacional.

En agosto, la secretaria Kristi Noem declaró que 1,6 millones de personas han abandonado el país, de manera voluntaria o involuntaria, desde que Trump asumió el cargo. El departamento citó un estudio del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por mayores restricciones migratorias.

Michelle Mittelstadt, portavoz del Instituto de Políticas Migratorias, un centro de análisis no partidista, considera que la cifra de 1,6 millones está inflada y representa un uso inadecuado de los datos de la Oficina del Censo.

El gobierno está ofreciendo US$ 1.000 a quienes abandonen el país de forma voluntaria utilizando la aplicación CBP Home. Para quienes no lo hagan, existe la amenaza inminente de ser enviados a un tercer país, como Eswatini, Ruanda, Sudán del Sur o Uganda.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que las salidas voluntarias demuestran que la estrategia del gobierno está funcionando y mantiene seguro al país.

“La intensificación de la aplicación de las leyes de inmigración dirigida a los peores de los peores está sacando cada día a más y más extranjeros criminales ilegales de nuestras calles y está enviando un mensaje claro a cualquier otra persona que se encuentre ilegalmente en este país: deportarse voluntariamente o los arrestaremos y deportaremos,” dijo ella en una declaración enviada a The Associated Press.

“La tratan como si fuera una criminal”

Una mujer colombiana retiró su solicitud de asilo durante una audiencia en junio en un tribunal de inmigración de Seattle, aunque no estaba detenida.

“Su abogado dice que ya no desea continuar con su solicitud de asilo”, dijo el juez. “¿Alguien le ha ofrecido dinero para hacer esto?”, preguntó. “No, señor”, respondió ella. Su petición fue concedida.

Su novia estadounidense desde dos años, Arleene Adrono, dijo que también planeaba abandonar el país.

“La tratan como si fuera una criminal. Ella no es una criminal”, dijo Adrono. “No quiero vivir en un país que le hace esto a la gente”.

En una corte de inmigración dentro del centro de detención de Tacoma, donde hay carteles que alientan a los migrantes a salir voluntariamente o ser deportados por la fuerza, un venezolano le dijo a la jueza Theresa Scala en agosto que quería irse. La jueza concedió la salida voluntaria.

La jueza le preguntó a otro hombre si quería más tiempo para buscar un abogado y si tenía miedo de regresar a México. “Quiero irme del país”, respondió el hombre.

“El tribunal determina que usted ha renunciado a toda forma de alivio”, dijo Scala. “Debe cumplir con los esfuerzos del gobierno para deportarlo”.

“Su ausencia se ha sentido profundamente”

Ramón Rodriguez cruzó la frontera de Estados Unidos en 2009. Sus ocho hermanos, todos ciudadanos estadounidenses, vivían en California, pero él se estableció en el estado de Washington. Grandview, con una población de 11.000 habitantes, es un pueblo agrícola donde se cultivan manzanas, cerezas, uvas para vino, espárragos y otras frutas y verduras.

Rodriguez comenzó a trabajar para AG Management en 2014. Sus registros fiscales muestran que ganó US$ 13,406 ese primer año, y para 2024, ganaba US$ 46,599 y pagaba US$ 4,447 en impuestos.

“Durante su tiempo con nosotros, ha sido una parte esencial de nuestro equipo, demostrando dedicación, confiabilidad y una sólida ética de trabajo”, escribió su jefe en una carta en la que pidió a un juez que lo liberara de la custodia. “Sus habilidades en la cosecha, siembra, riego y operación de equipos han contribuido significativamente a nuestras operaciones, y su ausencia se ha sentido profundamente”.

Su nieta padece un problema cardíaco, ha sido sometida a dos cirugías y necesita una tercera. Su madre no conduce, por lo que Rodriguez llevaba a la niña hasta Spokane para recibir atención médica. El pediatra de la niña escribió una carta al juez de inmigración para solicitar su liberación, afirmando que sin su ayuda, la pequeña podría no recibir la atención médica que necesita.

El juez le negó la fianza en marzo. Rodriguez apeló y se convirtió en el principal demandante de una demanda federal que buscaba permitir que los inmigrantes detenidos pudieran solicitar y obtener fianza.

El 30 de septiembre, un juez federal dictaminó que negar audiencias de fianza a los migrantes es ilegal. Pero Rodriguez no se beneficiará de esa decisión. Ahora se ha ido y es poco probable que regrese.

 

 

 

Fuente: CNN

redaccion@diariocambio22.mx

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