Contrabando, Poder y Puertos: La Batalla Silenciosa que Sacude a México

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 Alfredo Griz/CAMBIO 22

Durante décadas, el contrabando se deslizó por los puertos y fronteras mexicanas como una sombra que nadie se atrevía a nombrar. Fue un problema que creció sin freno, escondido entre trámites aduanales, inspecciones superficiales y complicidades tácitas. Sin embargo, a principios de septiembre de este año, la clandestinidad se convirtió en noticia nacional: el Gobierno desmanteló una red de tráfico de combustible que operaba desde los puertos, con implicaciones que alcanzan niveles políticos y económicos que apenas comienzan a dimensionarse.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anunciaron este jueves un paquete de medidas contundentes. Se trata de la instalación de escáneres de rayos X de última generación y la habilitación de 14 laboratorios para examinar los cargamentos en profundidad. Este despliegue se complementa con reformas legislativas que avanzan en paralelo en el Congreso: la ley de aduanas y la nueva legislación para la Marina, con el objetivo de cerrar brechas legales que hasta hoy permitieron que redes criminales operaran con relativa impunidad.

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“Desde la intercepción de un buque en Tamaulipas, hemos reforzado el control en todas las aduanas”, declaró Sheinbaum en su conferencia de prensa.

Los datos son contundentes: la recaudación aduanera creció 200 mil millones de pesos entre enero y septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. El porcentaje de revisiones se elevó del 8% al 15%, se activaron escáneres comprados en la Administración anterior, y se realizan reuniones periódicas con los responsables de las 50 aduanas del país para supervisar la operación en tiempo real.

En Veracruz, donde se concentran tres de las aduanas más estratégicas del país, el almirante retirado Fernando Angli Rodríguez, director general de Operación Aduanera de la ANAM, anunció la apertura de 14 laboratorios adicionales: siete para análisis de hidrocarburos en aduanas terrestres y siete en puertos marítimos. Además, se reforzó la evaluación de perfiles de personal contratado para impedir que trabajadores con antecedentes problemáticos interfieran en la seguridad fronteriza.

Los laboratorios de análisis se convirtieron en el epicentro de la investigación que desarticuló la red de contrabando dirigida por los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán (2018-2024). Entre abril de 2024 y marzo de 2025, 29 de los 31 barcos que arribaron a Tampico fueron declarados oficialmente como portadores de “aditivo para aceite lubricante a base de hidrocarburos alifáticos y polibutileno”. En realidad, transportaban combustible. Santo, testigo clave de la fiscalía, denunció que esta organización manipulaba al personal de laboratorio para encubrir la operación.

El contexto es crítico: México enfrenta la necesidad de aumentar su recaudación sin recurrir a reformas fiscales agresivas ni incrementar la deuda pública. En paralelo, el Congreso discute dos reformas que buscan blindar al sistema: la ley de aduanas, que introduce controles más estrictos para agentes aduanales y promueve la digitalización; y la ley de la Marina, que amplía los poderes institucionales sobre buques en la zona económica exclusiva y en altamar, fortaleciendo la acción contra delitos marítimos que durante años se movieron en la impunidad.

Este conflicto entre legalidad y redes criminales tiene múltiples dimensiones: política, económica, incluso simbólica. Cada buque interceptado, cada laboratorio instalado, cada reforma discutida en el Congreso refleja la lucha de un Estado por recuperar el control sobre sus fronteras y sus ingresos. Pero también revela la sofisticación de quienes buscan eludir la ley, dispuestos a manipular sistemas, personas y documentos para seguir operando.

El contrabando ya no es solo un delito: es un espejo que muestra las grietas del sistema y los riesgos que enfrenta la economía mexicana. Los puertos se han convertido en un escenario donde se cruzan intereses económicos, operativos y políticos, y cada operación policial o aduanal es un pulso entre la institucionalidad y las redes clandestinas que durante años parecieron invencibles. Mientras el Gobierno intensifica controles, la pregunta persiste: ¿serán suficientes las nuevas leyes y la tecnología para desactivar una maquinaria que conoce el terreno mejor que quienes deberían vigilarlo?

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