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• “El juez, la suspensión y el costo país”.

 

Redacción/CAMBIO 22

El país está ante una coyuntura judicial y política delicada. Hernán Bermúdez Requena —acusado de delincuencia organizada, secuestro agravado y relacionado con la organización criminal conocida como “La Barredora”— obtuvo una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión federal. Quien dictó esa suspensión fue el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez. El punto central: si esa suspensión deriva en libertad para Bermúdez, ¿cuáles son los costos para la justicia, la política, la seguridad y las finanzas del Estado mexicano?

Este reportaje analiza quién es el juez, su papel en este amparo, y el impacto que tendría permitir la libertad del imputado, con datos concretos y escenarios posibles.

 

Perfil del Juez Daniel Marcelino Niño Jiménez

Cargo: Juez de Distrito en Materia Penal, con residencia en Toluca, Estado de México.

Trayectoria visible: intervención en amparos de gran visibilidad relacionados con delitos federales. Ha sido titular de decisiones que suspenden actos del Ministerio Público de la Federación, incluso órdenes de aprehensión.

Reconocimiento institucional: su nombre figura en los directorios del sistema judicial federal como autoridad responsable de decisiones clave. Tiene presencia pública en foros judiciales, y su juzgado es plenamente funcional para asuntos penales federales.

 

El caso Bermúdez Requena: lo que se sabe

Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay; trasladado a México; las autoridades federales le imputan delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La FGR libró más de una orden de aprehensión; Bermúdez promovió amparo en septiembre de 2025.

El Juzgado de Distrito que preside Niño Jiménez concedió suspensión definitiva contra la ejecución de la orden federal, lo cual impide la captura o traslado conforme a esa orden, siempre que subsista el amparo.

La suspensión no implica libertad inmediata si existen causas locales: Bermúdez permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Altiplano) por procesos del fuero común.

 

Escenarios: ¿Libertad o No?

Hay Varias Posibilidades:

1.- Mantener la suspensión definitiva, sin libertad plena — Bermúdez continúa preso en Altiplano bajo causas locales, la orden federal no aplicada pero sin efectos mayores de liberación.

2.-Revocación parcial de la suspensión — autoridad competente (tribunal colegiado o corte) limita la suspensión para ciertos efectos; Bermúdez sigue preso bajo otras causas.

3.- Libertad plena federal — la suspensión se convierte en tutela del amparo que impide totalmente la detención federal, y si los procesos locales no lo mantienen detenido, podría salir libre.

 

Costos políticos de permitir su libertad

Si Bermúdez queda libre, o incluso percibido como “no castigado”, la carga política será considerable, en diversas dimensiones:

1.- Legitimidad del gobierno y confianza pública
– Los ciudadanos exigen resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado. Una liberación causará percepción de impunidad.
– Los movimientos de oposición y medios podrían presentar al gobierno como incapaz de procesar a los presuntos criminales de alto perfil.
– La credibilidad de las instituciones de justicia federal —FGR, tribunales federales— podría deteriorarse.

2.- Reacciones de actores internacionales y de seguridad
– Países con los que México coopera en seguridad podrían cuestionar la eficacia de acuerdos (cooperación policial, extradición).
– Financiamiento o apoyos internacionales para programas de seguridad podrían ajustarse ante señales de debilitamiento institucional.
– Grupos criminales podrían interpretarlo como precedentes: que pueden sortear órdenes federales mediante amparos.

3. Presión política interna
– Gobernadores, congresistas y partidos podrían exigir rendición de cuentas, responsables.
– Posible polarización: aquellos que defienden la autonomía judicial vs quienes exigen mano dura.
– Impacto electoral: la percepción de inseguridad tiende a costar votos al partido en el poder.

4.- Imagen internacional
– México podría ser percibido como un país con sistema judicial vulnerable a impedimentos legales técnicos.
– Inversión extranjera sensible al tema de seguridad podría reducirse si se piensa que la justicia no actúa con firmeza.

 

Costos económicos para el gobierno y sociedad

1.- Costo directo del sistema penal
– Si Bermúdez queda libre, habría un costo de oportunidad de los recursos invertidos: investigaciones federales, detención (extradición, traslado, reclusión). Esos costos podrían darse sin que haya una sanción final.
– Gastos judiciales prolongados: recursos de apelación, tribunales colegiados, costos administrativos incrementados si el amparo derivara en un recurso de revisión, etc.

2.- Costo en seguridad pública
– Posibles incrementos en violencia si La Barredora u otros grupos interpretan la liberación como debilitamiento del Estado.
– Costos asociados al reforzamiento policial, judicial y de inteligencia para compensar la percepción de impunidad.

3.- Costo Social
– Víctimas afectadas por delitos de secuestro, extorsión etc. resentirán la falta de justicia; puede aumentar el resentimiento social, la falta de cooperación ciudadana con autoridades.
– Costos indirectos en salud, seguridad privada, seguros, etc., si hay un aumento de la delincuencia inducido por la sensación de impunidad.

4.- Costo en inversión pública y privada
– Turismo, inversión en zonas conflictivas podrían resentirse si se recobra la imagen de inseguridad desbordada.
– Seguros, servicios financieros, mayor gasto en protección privada para empresas y ciudadanos.

5.- Costo Internacional
– Posibles sanciones diplomáticas o pérdida de confianza en tratados de cooperación en materia de justicia penal.
– Reducción de cooperación internacional, posible suspensión de apoyos financieros condicionados a resultados de combate al crimen organizado.

 

Costos legales e institucionales

1.- Precedente jurisprudencial
– Que este tipo de suspensión definitiva ante delitos graves como delincuencia organizada y secuestro salga adelante podría sentar precedente para otros casos similares: más amparos, más suspensiones.
– Podría multiplicarse la estrategia de defensa que use amparos para frenar órdenes federales.

2.- Desafíos constitucionales
– Tensiones entre los derechos del imputado (garantías de legalidad, debido proceso, derecho al amparo) y el interés público de seguridad nacional.
– Cuestionamientos sobre la estructura normativa de los amparos que permitan suspensiones eficaces frente a delitos de alto impacto.

3.- Riesgo de impunidad real
– Si al final no hay condena, se refuerza la narrativa de impunidad estructural.
– Posibles fallas en el sistema de seguimiento para asegurar que las causas locales se procesen correctamente.

 

Datos duros y cifras que involucran el caso

Bermúdez está detenido actualmente en Altiplano por causas del fuero común, lo que implica gastos federales de reclusión, manutención, seguridad carcelaria.

El expediente de amparo es identificado como 878/2025-I-A, promovido en septiembre de 2025.

El juez Niño Jiménez es titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal (Toluca); decisiones suyas han sido clave en al menos dos casos de delincuentes de alto perfil.

Cada amparo suspendido contra órdenes federales fuerza a la FGR a incurrir en costos de recursos de revisión, impugnaciones, que suelen tomar semanas o meses, lo que implica salarios de funcionarios, operación judicial, infraestructura de tribunales, etc.

 

Riesgos de que quede libre Bermúdez: escenarios y consecuencias

Escenario A (libertad parcial, solo federal bloqueado): Bermúdez sigue preso por causas locales. Gobierno dice que “no se libera”; oposición cuestiona que en la práctica no manda justicia federal.

Escenario B (libertad plena si causas locales no lo mantienen detenido): Esto sería explosivo políticamente. Se podría desencadenar crisis de confianza, movilización social, críticas internacionales.

Escenario C (uso del caso como ejemplo para defensores de derechos humanos / críticos del sistema judicial): Podría fortalecerse la narrativa de que los derechos procesales se usan como escudo frente a responsabilidades criminales graves, lo que obliga al gobierno a revisar leyes, reglas de detención preventiva, amparos, etc.

 

Costo político estimado

Pérdida de aprobación ciudadana: en encuestas, los temas de seguridad e impunidad tienen fuerte peso. Se estima que casos de impunidad o liberaciones controvertidas pueden costar entre 3-8 puntos porcentuales en confianza en instituciones.

Riesgo electoral: si el caso es utilizado por la oposición, puede afectar resultados en elecciones estatales o federales, particularmente en zonas con mayor incidencia delictiva.
Presión legislativa: podría aumentar la demanda de reformas legales para limitar el uso de amparos en delitos considerados graves; esto generaría debates, costos institucionales y posiblemente resistencias dentro del poder judicial.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez ha emergido como figura clave en el sistema de justicia federal al conceder la suspensión definitiva a la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena. Hasta ahora, esa suspensión tiene límites legales y no implica libertad automática, pero abre una posibilidad preocupante: la de que un acusado por delitos sumamente graves pueda evitar la acción federal mediante recursos judiciales.

El costo para el país, si Bermúdez queda libre, va más allá de lo jurídico. Sería un desgaste institucional profundo, que afectaría la confianza de la población, la credibilidad del combate a la corrupción y al crimen organizado, la cooperación internacional, la inversión y la propia gobernabilidad.

Por lo tanto, las próximas decisiones no sólo serán legales, sino que estarán fuertemente marcadas por lo político, lo reputacional, lo institucional: si el gobierno no logra mostrar que estos casos se procesan con firmeza, los costos podrían pagarse en términos de gobernabilidad, seguridad y, en muchos sentidos, de futuro.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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